Los diputados Matías Ramírez, Lorena Pizarro, Nathalie Castillo y María Candelaria Acevedo presentaron un oficio dirigido al ministro de Justicia, Luis Cordero, para esclarecer la adjudicación vía trato directo de una plataforma a la empresa Unholster por 619 millones de pesos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.
Según se lee en el documento emitido por los parlamentarios comunistas, se exige que “se indique los motivos de la autoridad para decidir la realización de un trato directo para la creación de la plataforma enmarcada dentro del Plan de Búsqueda”.
También, que “se expresen cuales fueron los fundamentos que tuvo la autoridad para dividir el anteproyecto del proyecto de plataforma de Plan de Búsqueda”.
Y por último, que “se remitan, si existen, las investigaciones sumarias o sumarios administrativos iniciados por la decisión de efectuar un trato directo en esta materia”.
Al respecto, el diputado Matías Ramírez señalo que “lo que correspondía en este caso era avanzar con una licitación pública que entregue garantías pero, además, oferentes que conozcan esta materia, particularmente en este país, porque es un tema muy sensible”.
“Esperamos que el oficio permita esclarecer cuáles fueron los fundamentos para aquello pero también permita revertir la decisión”, sostuvo el legislador por Tarapacá.
Asimismo, la diputada Lorena Pizarro afirmó que “nada de lo que se haga en torno al Plan de Búsqueda puede ser salpicado con acciones poco claras que colinden con una mala práctica y que, finalmente, se transformen en un negocio o en acciones que salpiquen lo que significa esta demanda de búsqueda de verdad y justicia”.
“No nos parece que se enlode esta tarea del Estado y, por eso, hemos oficiado. Tenemos preocupación por la forma en que se está llevando este Plan Nacional de Búsqueda. Es inaceptable lo que ha ocurrido”, sentenció la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Por su parte, la diputada Nathalie Castillo sostuvo que “se requiere una respuesta clara desde la institucionalidad sobre esta millonaria adjudicación. El Plan Nacional de Búsqueda necesita una política seria, responsable y con escucha activa de las organizaciones derechos humanos y actorías vinculadas a su defensa”.
