Diputados UDI envían a Piñera carta dirigida al Papa Francisco donde le piden pronunciarse por proyecto de indulto a presos vinculados al estallido

Una carta dirigida al Papa Francisco fue la que le entregaron al Presidente Sebastián Piñera un grupo de 11 diputados de la UDI. En la misiva, los legisladores le piden al Santo Padre que se refiera al proyecto de indulto a los detenidos en el marco del estallido social que se discute actualmente en el Congreso.

Los parlamentarios esperan que el Mandatario pueda hacer entrega del texto al máximo representante de la Iglesia Católica, en el marco de su gira por Europa que empieza mañana, y si es que se llega a concretar una reunión entre ambos. El documento de ocho páginas contiene una serie de fotos de templos que fueron saqueados y quemados durante las diversas protestas que se han realizado desde 2019 hasta la fecha en el país.

“Las manifestaciones que se produjeron en nuestro país estuvieron marcadas -en su mayoría- por violentos disturbios ocasionados por grupos de delincuentes cuyo único fin era apropiarse del movimiento social para cometer una serie de delitos de suma gravedad, entre ellos incendios, robos, saqueos, atentados contra la autoridad pública o destrozos, por nombrar sólo algunos. Pero además, se produjeron serios atentados incendiarios en contra de distintos templos religiosos, como la Iglesia San Francisco de Borja -recinto institucional de Carabineros-, la Parroquia La Vera Cruz y la Iglesia de La Asunción, todas ellas ubicadas en Santiago y que además han sido declaradas Monumentos Históricos”, aseguraron los legisladores gremialistas.

Entre los firmantes de la misiva están el jefe de bancada, Juan Antonio Coloma; el subjefe Gustavo Sanhueza; y los diputados Nino Baltolu, Juan Manuel Fuenzalida, Sergio Bobadilla, Enrique Van Rysselberghe, Cristian Labbé, Cristhian Moreira, Jorge Alessandri, Juan Manuel Masferrer y Gastón Von Mühlenbrock.

“Como es posible apreciar, la quema de iglesias y de parroquias emblemáticas en nuestro país no sólo provocaron la destrucción de aquellos recintos religiosos, sino que significaron un acto de sacrilegio y profanación que atentó directamente contra la vida espiritual de los fieles, especialmente de los más vulnerables. Pero además, los atentados incendiarios provocaron un sentimiento de inseguridad mucho mayor en el país, debiendo ser incluso la propia ciudadanía la que tuviera que asumir el resguardo de sus lugares de residencia ante la insuficiencia de personal policial y militar para mantener el orden y la seguridad pública”, aseguraron los diputados en la carta al Papa.

Los legisladores afirmaron, además que “si bien la positiva estrategia de vacunación que ha impulsado la actual administración del Estado ha permitido mejorar las condiciones sanitarias y recuperar buena parte de los empleos que se perdieron producto del estallido social y la pandemia, durante el último año se ha instalado un debate que podría afectar gravemente la estabilidad democrática e institucional de nuestro país, además de generar un innecesario sentimiento de “injusticia” e “impunidad” en nuestra sociedad, especialmente en quienes sufrieron las graves consecuencias de los violentistas que actuaron durante las movilizaciones sociales”.

“Nos referimos a un proyecto de ley presentado en diciembre de 2020 por un grupo de senadores que representan a partidos de centroizquierda, y que busca liberar de forma inmediata a las personas que fueron detenidas durante el contexto del estallido social y que actualmente están siendo juzgadas por algunos de los delitos mencionados anteriormente, entre ellos los atentados incendiarios contra los templos religiosos”.

Frente a eso es que los gremialistas “a través de su Excelencia, el Presidente Sebastián Piñera, nos dirigimos respetuosamente a usted para solicitarle formalmente que pueda referirse a la actual situación que enfrenta nuestro país, reconociendo el atentado a la libertad de culto y a la fe que significaron los incendios y destrozos a los templos religiosos. Además, le solicitamos enviar un especial mensaje a quienes promueven el proyecto de ley mencionado anteriormente, en torno a fomentar los procesos de reinserción social en nuestro país y a no instalar un ánimo y una sensación de impunidad, tal como lo busca dicha propuesta”.

“Sabemos que las situaciones de desigualdad deben ser corregidas y que las protestas sociales pacíficas son una legítima muestra de descontento social ante las autoridades. Pero lo que resulta inaceptable es que, bajo el pretexto de la manifestación, quienes claman por una vida de dignidad y derechos, sean capaces de afectar justamente los derechos de terceras personas, como lo es el derecho al trabajo, a la libertad de culto, a la conservación de templos y lugares religiosos, entre otros”, cerraron los diputados.