El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, respaldó las declaraciones emitidas durante esta jornada por su par de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró que la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue aprobada sin financiamiento para el año 2022 y que eso provocó que se absorbiera “la mitad del espacio fiscal” que estaba planificado para este 2023, dichos que fueron criticados por la oposición.

Al ser consultado en Tolerancia Cero, de CNN Chile, si la PGU actualmente se encontraba desfinanciada, el ministro encargado de llevar las relaciones con el Congreso Nacional indicó que “me tocó ver ese proceso como senador, el Consejo Fiscal Autónomo emitió un informe señalando que esta era una reforma que no estaba financiada a largo plazo y por lo tanto hizo un reparo sobre este punto. Ya en el 2022 no tenía financiamiento, pero para los años posteriores tampoco es suficiente para financiarlo, y además se han postergado una serie de normas que estaban contenidas en ese cambio, es evidente que se requiere un esfuerzo adicional en esta materia”.

En ese sentido, el titular de la Segpres blindó al jefe del erario fiscal, asegurando que “el ministro Marcel hizo una aseveración que corresponde a lo que efectivamente aconteció cuando se tramitó este proyecto”.

Además agregó que “la responsabilidad fiscal de acuerdo al mandato constitucional está radicada en el Presidente de la República. Pero si se revisa lo que declararon los senadores de la oposición en ese entonces, advirtieron este punto cuando se tramitó este proyecto de ley, y por tanto, se dijo que había un problema de financiamiento a largo plazo. Gastos permanentes deben ir asociados con ingresos permanentes”.

En línea con lo anterior, Elizalde enfatizó que “ha habido gobiernos más responsables en esta materia y otros menos responsables”, sin referirse directamente o polemizar sobre aquello.

El 1 de junio, en su segunda Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric confirmó que el Ejecutivo insistirá con la reforma tributaria en el Senado, que será ingresada a fines de julio, luego de que fuera rechazada en su idea de legislar por la Cámara de Diputados a principios de marzo de este año.

Para avanzar en lo que ha sido denominado como “un nuevo pacto fiscal”, se requieren de los 2/3 del Senado. Consultado sobre cómo conseguirá los votos y si fue un error poner una fecha para cumplir el plazo, el ministro Elizalde afirmó que “tenemos la convicción de que la reforma tributaria es necesaria para Chile, estamos hablando de un pacto fiscal porque estamos asumiendo que existe un desafío mucho más amplio. Habiéndose rechazado la idea de legislar en la Cámara de Diputados, habían dos alternativas: esperar un año más para insistir en una reforma tributaria de las mismas características o insistir por el Senado con un pacto fiscal. Y eso es lo que hecho el Presidente de la República, además actuando sobre una base de responsabilidad, porque indica para qué se requieren los recursos y convoca a todos los sectores a conformar parte del diálogo”

En relación a dicha reforma, la que es considerada una de las iniciativas más emblemáticas de la administración del frenteamplista, Elizalde reconoció que “es un desafío complejo, pero necesario para el país” y que promoverá el dialogo con todos actores para construir mayorías.

“Vamos a desarrollar un diálogo con todos los actores, se ha hablado con los actores políticos. Vamos a insistir con el diálogo con los actores sociales, a mí me llama la atención que se critique el hablar con todos, porque eso forma parte de la lógica democrática”, afirmó el titular de la Segpres.

La noche del 15 de junio, el diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional (RN), reconoció haber registrado un “audio de 10 minutos de duración” durante una reunión sostenida en Cerro Castillo entre el Presidente Boric y 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Debido a la situación, el gobierno ingresó una denuncia a la Fiscalía de Valparaíso, la que fue realizada por la jefa de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Bajo este contexto, el ministro Elizalde reconoció que no habló directamente con el parlamentario involucrado tras lo ocurrido y aseveró que el hecho reviste “carácter de delito”.

“En primer lugar, a nuestro entender el hecho reviste carácter de delito. Será la Fiscalía la que llevará adelante la investigación, en Chile está prohibido grabar una conversación, sea en un recinto privado o que no sea de libre acceso al público, eso está tipificado en nuestra legislación”, advirtió.

Además agregó que “lo que en Chile está penalizado es grabar conversaciones en un recinto privado o que no sea de libre acceso al público, es evidente que Cerro Castillo no es de libre acceso al público. Al margen de lo penal, nos parece que aquí que se atenta contra un código básico, hasta mi sobrina de 10 años sabe que las conversaciones no se graban y si alguien quiere grabar, pide autorización a la persona con la cual está hablando. Si eso no lo entendemos, se pasa a llevar un código básico de convivencia, más aún cuando el Presidente convocó a esta reunión para tratar el tema de seguridad en la zona”.

Con respecto a la denuncia ingresada al ente persecutor, Elizalde confirmó que “no se puede retirar”, independiente de la posición del Ejecutivo.

“Las denuncias no se pueden retirar, porque la denuncia es poner en conocimiento a la autoridad (Fiscalía, Carabineros o PDI) un hecho que reviste carácter de delito para que sea investigado. Y como son delitos de acción pública, la investigación se inicia”, indicó Elizalde.

Por último, el secretario de Estado enfatizó que lo acontecido “es gravísimo” y que “me llamó la atención la falta de humildad de su punto de prensa (de Mellado) al día siguiente”.

En cuanto al proceso constituyente, que entró en su segundo tiempo con el trabajo del Consejo Constitucional, Elizalde adelantó que espera “que prime la voluntad de diálogo y entendimiento, porque finalmente una Constitución tiene que ser factor de unidad”.

Al ser consultado sobre si se “pasará aplanadora sobre el texto trabajado por la Comisión Experta”, considerando que el Partido Republicano tiene el control del órgano redactor, el titular de la Segpres acotó que “es muy pronto para sacar una conclusión. Espero que todos los consejeros y consejeras electos, independiente de la lista en que participaron, tengan una comportamiento a la altura de lo que se necesita, para no repetir los errores cometidos anteriormente”.

“Una Constitución no es un ley, no se aprueba por una mayoría circunstancial (...). Yo espero que prime un sentido de responsabilidad para que el proceso sea exitoso”, concluyó el ministro.