Ley Nain-Retamal: Tohá acusa “poca apertura al diálogo” en la oposición tras rechazo a indicaciones en Comisión de Seguridad

Pasadas las 15.00 horas de este lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado continuó la discusión en particular de la ley Nain-Retamal que busca aumentar las penas a quienes cometan delitos en contra de funcionarios policiales y de Gendarmería. En la instancia, estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

La discusión en particular comenzó este sábado y durante esta nueva jornada se abordó una indicación clave del Ejecutivo que buscaba principalmente eliminar uno de los artículos más controvertidos de la normativa: el que concede una presunción del uso justificado de las de armas de servicio de los uniformados (defensa privilegiada).

En su lugar, desde el gobierno presentaron una redacción más atenuada, restringiendo el uso de armamento solo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios o que atenten gravemente contra su integridad, y no en los tres escenarios que propone el proyecto que despachó la Cámara Baja -cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito-.

“Se entenderá que hubo necesidad racional en su uso (de armas de servicio) si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física”, se lee en la enmienda presentada por el gobierno.

Sin embargo, la indicación de La Moneda fue finalmente rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor.

Esto motivó que Tohá, Cordero y la ministra (s) Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, anunciaran que se retirarían de la sesión.

“Presidente, los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar a esta comisión ha sido rechazado de cuajo; lo que teníamos por proponer, respecto a que se hiciera valer el Código de Justicia Militar ya no tiene sentido, porque todo lo que está legislando la comisión es para profundizar en el Código Penal y de consecuencia nuestro rol colegislador ha quedado totalmente imposibilitado”, manifestó la ministra Carolina Tohá.

“De consecuencia, no tiene sentido que permanezcamos, este es un debate propio entre parlamentarios y sus indicaciones. Y queremos lamentarlo, porque creemos que se había propuesto una solución que acogía las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias y que conducía a una solución que, del punto de vista de las preocupaciones de las policías, era mucho más sustantiva”, agregó.

En este sentido, fustigó que “a veces uno tiene la impresión de que más pesa la idea de hacer un punto político que de generar una buena ley y creo que en esta materia es lamentable que eso pase. Pero eso será parte del debate político, ya no es parte del debate de la comisión, así que no tiene sentido profundizar en el punto acá por más tiempo”, destacó la secretaria de Estado, tras lo cual, los representantes del Ejecutivo abandonaron la sesión.

Quienes votaron de forma favorable fueron los senadores Iván Flores (DC) y José Miguel Insulza (PS). Mientras que los legisladores Manuel Ossandón (RN), Alejandro Kusanovic (IND RN) y Felipe Kast (Evópoli) rechazaron la enmienda.

Previo a la votación, la ministra Tohá había señalado que “una presunción amplia y genérica de esa naturaleza nos parece que no se ajusta a lo que debiera ser una normativa más especifica y más técnica relativa al rol de las policías (...). Hacerlo extensivo a cualquier actuación va a abrir la puerta o puede abrirla a que el día de mañana actuaciones que son a ojos vistas imprudentes, excesivos, la ley presuma que se actuó correctamente y deje a cualquier persona que queda del otro lado en una posición desmejorada para hacer valer su punto de vista”.

En un punto de prensa realizado luego de abandonar la sesión de la comisión, la secretaria de Estado ahondó al señalar que desde el Ejecutivo se allanaron a lograr una legislación “que proteja y de certezas a las policías” y que a su vez “se ajuste a los estándares internacionales en la materia”.

“Esa disposición la hemos planteado con el respaldo al proyecto en la Cámara de Diputados pese a que teníamos una serie de observaciones, con la expectativa de que en el Senado nuestra indicaciones fueran discutidas y se pudiera mejorar las observaciones que hay a este proyecto, observaciones que han planteado expertos de todo el espectro político”, destacó la titular del Interior.

En este sentido, destacó que “prácticamente no ha habido un experto en esta materia, que se haya referido a este proyecto, que no haya dicho que en su formulación original tiene dificultades, se presentan objeciones y genera una serie de riesgos, riesgos que, además, van a afectar a las policías, porque al optarse por regular esta materia en el Código Penal, en lugar de hacerlo en el Código de Justicia Militar, va a haber una duplicidad de normas de cuya interpretación pueden salir resultados muy distintos”, añadió.

Tohá agregó que, pese a esto, “hemos encontrado una disposición de poca apertura al diálogo en la mayoría que hoy existe en la comisión de Seguridad del Senado”.

La secretaria de Estado reiteró que los ministros se retiraron de la comisión debido a que el resto del debate se limitaría a temas netamente parlamentarios, pero indicó que “esto ni significa que el Ejecutivo va a restarse de seguir haciendo un esfuerzo por hacer que este proyecto salga de buena manera. Creemos que en la Sala del Senado puede haber un ánimo distinto del que se vio en esta mayoría de la comisión de Seguridad.

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó que “la objeción del Ejecutivo no se refiera a la totalidad del proyecto, sino que específicamente a las normas que están vinculadas a legítima defensa privilegiada”.

Agregó que el gobierno renovará sus indicaciones mañana martes en la Sala del Senado. “El Ejecutivo va a insistir en la forma de regular adecuadamente estas materias, sea insistiendo mañana en la Sala, sea presentando el proyecto específico sobre reglas del uso de la fuerza”.

La moción Nain-Retamal fue aprobada en general y por unanimidad, el pasado 30 de abril en la Comisión de Seguridad Pública en el Senado. Si bien se esperaba despachar la ley durante la jornada del jueves, todas las bancadas parlamentarias de la Cámara Alta -salvo Republicanos- acordaron postergar la votación en sala del proyecto para el día martes.

La decisión se tomó en el marco de que tanto senadores de oposición, de oficialismo como el propio gobierno pretendían introducir indicaciones al proyecto, lo que finalmente repercutió en que se pusieran 122 enmiendas a la iniciativa de ley.

La discusión en particular de este lunes comenzó con un tira y afloja entre el oficialismo y la oposición por apurar el despacho de la ley.

El presidente de la comisión, Felipe Kast sostuvo que “este es un proyecto que lleva más de un año, por lo tanto, yo creo que ya todos tenemos la información más que necesaria para hacer las indicaciones”. En respuesta, el senador del PS, Alfonso de Urresti, contrapuso que “este proyecto no llevamos más de un año conociéndolo, este proyecto y lo digo como integrante de la comisión de Constitución tomamos conocimiento de el la semana pasada”.

En la sesión se rechazó otra iniciativa del Ejecutivo que buscaba reemplazar en el artículo 1° la expresión “aquellos delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios, en razón de su cargo, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile” por la de “delitos de lesiones graves, graves gravísimas, mutilaciones u homicidio de funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile”.

Sobre ello, el ministro Cordero advirtió que “cada vez que se hacen este tipo de exclusiones, sin niveles de graduación, el debate ha terminado en el Tribunal Constitucional por temas de proporcionalidad. Simplemente lo advierto, porque los argumentos que se han esgrimido, son típicamente los argumentos que después terminan cuestionados en el tribunal. A mí me parece responsable advertirlo en el funcionamiento de esta comisión”.

Mientras que la senadora Yasna Provoste (DC) dijo al respecto que “se ha rechazado una indicación del Ejecutivo que buscaba avanzar en esa medida, porque lo que está propuesto en el texto, efectivamente viola el principio de la legalidad y de la proporcionalidad y, por lo tanto, deseo hacer presente la reserva de constitucionalidad”.

La tramitación del proyecto revolvió las aguas al interior de La Moneda, ya que desde el PS apuntaron a un “cambio discursivo” del gobierno tras la aprobación de la ley Nain-Retamal en la Cámara, donde concitó el apoyo de la mayoría de los socialistas y del bloque ligado a la ex-Concertación. Diputados socialistas cuestionaron que el gobierno en privado primero les pidió aprobar el polémico artículo sobre la defensa privilegiada, y luego los criticó por hacerlo.

La molestia surgió por el uso de la expresión “gatillo fácil” empleada por la ministra del Interior para criticar que, si el proyecto se aprobaba tal como fue despachado por la Cámara, podría generar situaciones de esa naturaleza, en consideración de la presunción de uso justificado de armas de servicio, que contempla la medida, que de aprobarse quedaría estipulada en el Código Penal.

Debido a la molestia, es que el gobierno buscó esta jornada contener la molestia de la tienda oficialista con un encuentro con los parlamentarios socialistas en el palacio de La Moneda.