Secuestro, porte de armas, control migratorio, sicariato y competencias de Gendarmería: Senado aprueba 5 proyectos de seguridad

Pasadas las 12.00 horas de este jueves comenzó una nueva sesión especial, esta vez en el Senado, para agilizar la tramitación de cinco proyectos claves en materia de seguridad pública. Un compromiso que surgió entre el Ejecutivo y el Congreso tras la muerte de la sargento segunda de Carabineros, Rita Olivares, quien fue asesinada este fin de semana en medio de un operativo policial.

El primer proyecto en discutirse fue el que busca agravar las penas de delito por porte de armas en lugares altamente concurridos. Finalmente por unanimidad con 44 votos a favor, se aprobó y por consiguiente se despachó a la Cámara de Diputados debido a que la iniciativa tuvo modificaciones en la Comisión de Seguridad del Senado.

En concreto, en la modificación se agregaron nuevos espacios públicos tales como establecimientos educacionales y centros de salud, que en caso de que el delito de porte de armas se cometiera en esos lugares, “se impondrá al responsable la pena señalada al delito con exclusión de su grado mínimo, si ella consta de dos o más grados, o de su mitad inferior, si la pena es de un grado de una divisible”, así lo establece el nuevo artículo.

El segundo proyecto en discusión y que también fue aprobado por 44 senadores, fue la modificación al Código Penal que busca agravar las penas del delito de secuestro. Al igual que la iniciativa sobre control de armas, la propuesta pasó a tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, ya que en la instancia de Seguridad del Senado se presentaron modificaciones que deberán revisar los diputados.

Seguido de ello, con 41 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones se aprobó la iniciativa que amplía las facultades de control policial para aplicar normas de la ley de migración. Al también tener modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados. Este es el único proyecto que no es mensaje del gobierno, sino que es una moción de la diputada Joanna Pérez.

La iniciativa no alcanzó la unanimidad, entre quienes se abstuvieron está el senador socialista Fidel Espinoza. “Creo yo que este proyecto no va en la línea de los proyectos que generen mayor seguridad en el país, por la esencia del mismo. Esto va a generar arbitrariedades, va a generar que las policías van a llegar a controlar en identidad a personas que están desempeñando una función laboral en cualquier establecimiento y van a desconcentrar la principal atención que es perseguir a los verdaderos delincuentes. Aquí volvemos a la estigmatización de todos los inmigrantes”, señaló.

Mientras que su par, el legislador José Miguel Insulza, mostró una postura contraria. “Basta con recorrer las calles de Arica para ver que la cantidad de gente que es evidentemente migrante que está recorriendo las calles de la ciudad y que está generalmente pidiendo ya sea contribución, limosna, cosas por el estilo, es inmensa, es enorme. Esto explica que realmente de alguna manera sea difícil para un senador de la región votar en contra de una medida como esta, aunque le parezca extrema y la verdad es que yo no podría rechazar este proyecto de ley”, manifestó.

Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá expresó que “el corazón del proyecto, que ante un control de este tipo que cuando Carabineros identifica algo irregular en materia migratoria se lo traspase al organismo contralor, nos parece razonable, adecuado. Es bien inexplicable que cuando un carabinero que detecta algo de este tipo, no tenga ninguna actitud que tener más que dejar pasar de largo e ignorar que ha descubierto una situación que no está adecuadamente resuelta”.

Minutos antes de las 18.30, por 41 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones, el Senado aprobó -en general y particular- el proyecto de ley que tipifica el delito de extorsión y entrega más herramientas a los funcionarios de Gendarmería en materia de investigación de posibles delitos en los recintos penales.

Al aprobarse tal cual como salió de la Cámara, la iniciativa queda en condiciones de promulgarse como ley de la República.

En concreto, el proyecto permite a Gendarmería ser una entidad auxiliar en la realización de diligencias de investigación al interior de establecimientos penales sobre hechos que se relacionen con actividades ilícitas que ocurran, aun parcialmente, al interior de las cárceles,

De esta forma, quedará Gendarmería disponible para el desarrollo de diligencias de investigación en la medida que el Ministerio Público, quien la dirige, lo estime pertinente y necesario.

Sobre el delito de extorsión, se busca sancionar con penas similares al robo a quienes en recintos penitenciarios obliguen a otros con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o dinero, o a ejecutar una acción para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero u omitir o tolerar cualquier otra acción signifique daño patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero.

Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó la importancia de este proyecto, al señalar que “no hay ningún plan que tenga por objetivo enfrentar la criminalidad organizada si no es posible analizar la realidad carcelaria”.

“Habitualmente en las discusiones que han estado asociadas a parte del debate público solemos poner énfasis en los aspectos negativos y no en los positivos. Este proyecto lo que viene a hacer es reconocer las competencias que tiene Gendarmería desde el punto de vista concreto de sus habilidades, con una gran unidad de investigación en su interior”, agregó el secretario de Estado.

Asimismo, el ministro Cordero sostuvo que “este proyecto es relevante no sólo para que Gendarmería realice investigaciones al interior de los centros penales respecto de delitos que se cometen en ellos, sino que, además, porque al interior de los penales es posible combatir el crimen organizado”.

Pasadas las 19 horas, fue aprobado -en general y particular- por 40 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones, el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar el delito de sicariato.

La iniciativa castiga la conspiración de homicidio calificado por premio o promesa. De esta forma, cuando dos o más personas se pongan de acuerdo para cometer un homicidio a cambio de dinero o una contraprestación, se lo castigará por este delito, independiente de si el asesinato finalmente se realiza.

La pena asignada a este delito será de 3 años y un día a 5 años, por el solo hecho de llegar a este acuerdo. Si el homicidio se concreta o comienza a ejecutarse, solo se aplica la pena de este último en grado de consumado o tentado, de acuerdo a las reglas del Derecho Penal.

Asimismo, tras una indicación presentada por la comisión de Seguridad del Senado, la Sala aprobó por 19 votos a favor y 16 en contra el númeral que agrega un artículo 400 bis en el Código Penal y que aumenta en un grado las penas para quienes cometen lesiones a cambio de dinero u otros beneficios.

Este señala que “si los hechos a los que se refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutaren por encargo, premio o promesa remuneratoria, o cualquier otro beneficio, para así o para un tercero, la pena señalada para el delito se aumentará en un grado.

Asimismo, se impondrá la misma agravante a la persona que, en forma directa o indirecta, encarga, acuerda, ordena o actúa como intermediario para la perpetración del ilícito.”.

Esta indicación no contaba con el apoyo del Ejecutivo. Durante la sesión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que “hubiera sido interesante una indicación que sancionara la conspiración para solicitar lesiones por precio o recompensa, pero no está formulada así la indicación”.

“La indicación está formulada como ofrecer premio o recompensa por producir lesiones a un tercero y eso en nuestra legislación ya está sancionado, porque, en general, cualquier delito que se comete por precio o recompensa o promesa, tiene un agravante. Entonces lo que hace esta indicación en la práctica, es subir levemente la escala de las penas a las que se somete esta persona, y la verdad es que cuando uno compara con otro tipo de delito que se pueden hacer por premio o recompensa, va a quedar una situación distinta respecto de las lesiones, que no sé si los autores de la indicación estudiaron, pero que claramente no es parte de la reflexión que se ha dado acá”, agregó la secretaria de Estado.