“Es el camino correcto” e “insuficiente”: mundo político aborda anuncio del gobierno sobre seguridad en centros de salud

El pasado viernes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), anunció que se dispondrá “desde ya” presencia policial en aquellos centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto. 

El anuncio de la secretaria de Estado se enmarca en los hechos de violencia ocurridos en algunos recintos de salud de la Región Metropolitana. Uno de estos episodios ocurrió la semana antepasada, cuando cuatro sujetos amenazaron con pistolas al personal del Cesfam Raúl Silva Henríquez, en Puente Alto. Asimismo, funcionarios del Hospital El Pino en San Bernardo han denunciado ser víctimas de asaltos en las dependencias y accesos del recinto.

Para enfrentar este tipo de situaciones, según informó la jefa de gabinete, se dispondrá de presencia policial en aquellos centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto. De momento, el listado de recintos hospitalarios en riesgo aún no ha sido comunicado por el Ejecutivo.

Desde la vereda de la oposición, la medida ha encontrado cuestionamientos. El diputado Álvaro Carter (UDI) señaló a La Tercera que la medida debería haberse implementado hace un año atrás y emplazó al gobierno a definir el concepto de infraestructura crítica en el proyecto de ley respectivo.

“Hoy día el gobierno no sabe bien ni lo que para ellos es la infraestructura crítica. Yo les pido de que avancemos en una definición pronto para entregarles soluciones a los chilenos y chilenas que hoy están viviendo un estado de excepción de facto debido a que le dan miedo salir a la calle e incluso ir a centros de salud porque no hay seguridad alguna”, dijo.

La diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, María Luisa Cordero, ahondó en las situaciones en las que podrían verse involucrado el personal a cargo de la seguridad y la eventual respuesta que debería surgir del Ejecutivo: “En caso de que un policía le quitara la vida a un delincuente en un procedimiento para proteger la vida de los pacientes, espero que el gobierno actúe con seriedad y no los desvinculen de la institución sin primero investigar y menos que los acorralen manifestando que son violadores de DD.HH. por defender a la ciudadanía”.

“Y si toman la decisión que sean guardia privados, deben ser personas preparadas y que no hagan mal uso del armamento exponiendo las vidas de otras personas”, añadió.

El jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, acusó que “el gobierno necesitó hechos de violencia extrema y una acusación constitucional para darse cuenta que debían tomar medidas respecto a la delincuencia y violencia que se vive en los centros de salud”.

“Es un avance, pero insuficiente. Es una acción preventiva que lógicamente no es una medida permanente y no es universal por el déficit de efectivos policiales. Lo que realmente resolvería los problemas es tomar medidas más proactivas para enfrentar, detener y de una vez por todas terminar con las organizaciones criminales que atentan contra la libertad de los chilenos”, aseguró.

A su vez, el presidente nacional y diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet sostuvo que “el gobierno es el que tiene que apurar la Ley de Infraestructura crítica en el Senado. Nosotros en la Cámara la sacamos con suma urgencia”.

“Pero el tema de fondo, para resguardar los centros de salud, es que no hay carabineros. Yo vengo diciendo esto desde hace dos años. Si hace dos años hubiéramos formado 6.000 carabineros cada dos años, tendríamos ahora una generación de por lo menos 5.000 carabineros en las calles, nuevos (...) Lo que el gobierno está haciendo generalmente son fuegos artificiales, porque en materia de seguridad pudieron haber hecho mucho más”, prosiguió.

Desde el oficialismo, en tanto, el anuncio del Ejecutivo ha encontrado mayor respaldo. La diputada Danisa Astudillo, quien integra la Comisión de Salud de la Cámara Baja dijo a La Tercera: “Celebro la decisión del gobierno con esta medida”.

“En regiones vivimos situaciones que en la zona central se desconocen, como que en Alto Hospicio de APS trabajan con chalecos y cascos antibalas”, reveló.

Por otra parte, hizo un llamado a acelerar la tramitación de la Ley de Infraesctructura Crítica y señaló: “Hemos sido testigos de intervenciones realizadas sólo con el objetivo de ralentizar procesos”.

El diputado radical Tomás Lagomarsino, quien también es parte de la citada comisión de salud, comentó que la medida “está en el camino correcto” y que “evidentemente no es para todos los centros de salud de nuestro país, sino para aquellos que han tenido casos emblemáticos, aquellos que están en mayor riesgo de presentar hechos de violencia grave”.

El diputado Hernán Palma, integrante de la citada comisión y la bancada PC-FRVS-AH-Ind., consideró que “está bien lo que se está planteando desde el Ejecutivo, en el sentido de poner algún tipo de resguardo policial a estos recintos, como ocurre en los hospitales y en tantas otras reparticiones. Pero creo que si no se entiende estructuralmente la violencia, no vamos a resolverla, porque a la base de esto hay determinantes sociales que no han sido abordados adecuadamente”.