Escaños reservados: Gobierno evalúa indicación y oposición propone garantizar un 13% de la convención

La semana pasada, el nuevo ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, se contactó con el jefe de comité de los senadores RN, Rodrigo Galilea. ¿La razón? Abordar la agenda legislativa del gobierno en el Congreso y los desafíos pendientes respecto al escenario que podría abrirse tras el plebiscito en caso de que gane el “apruebo”.

Así, dialogaron sobre la conformación que tendrá el órgano constituyente, respecto del que quedó pendiente legislar el número y mecanismo de asignación de escaños reservados para pueblos originarios. En diciembre de 2019 la Cámara de Diputados despachó solo la norma que buscaba garantizar la representación indígena y de personas en situación de discapacidad en la convención, pero no así la fórmula, la cual terminó cayéndose dado que no se logró un acuerdo.

En su segundo trámite, la iniciativa fue aprobada en general, el pasado 7 de julio, por la sala del Senado y ahora se encuentra en la Comisión de Constitución. En este escenario es que el Ejecutivo transmitió sus intenciones de intervenir en el debate y regular esta materia.

Por esta razón, luego del contacto telefónico con Monckeberg -quien ayer se reunió con los jefes de bancadas de Chile Vamos-, Galilea pidió extender el plazo para presentar indicaciones, el que vencía el jueves pasado, hasta el próximo 13 de agosto.

“Ya se han adelantado algunas indicaciones del senador Huenchumilla y nosotros estamos viendo si nos hacemos parte de las enmiendas que presentará el gobierno o si es que haremos propuestas propias”, señaló Galilea.

De todas formas, el titular de la Segpres indicó a La Tercera que aún están estudiando el tema. “Estamos analizando todo el panorama de cada una de las reformas políticas que se están discutiendo (...), tanto las que pertenecen a iniciativas del gobierno como de la oposición, conversando mucho con los partidos de Chile Vamos, para poder afrontar de la manera más coordinada y cohesionada esta nueva etapa legislativa”, dijo.

En una indicación consensuada han venido trabajando los comités de la centroizquierda desde hace varias semanas.

El trabajo del equipo -integrado por los asesores del senador Francisco Huenchumilla (DC), además de las secretarías indígenas de los partidos políticos desde la DC al PC- quedó plasmado en una minuta de la enmienda en donde se detalla el mecanismo propuesto por el sector.

En el documento de nueve páginas se plantea, en primer lugar, que el cálculo para determinar el número de escaños asignados a los pueblos originarios que deben formar parte de la convención debe ser el Censo del 2017 y no, como planteó en su momento Chile Vamos, el registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas de Conadi. En ese sentido, se proyecta que dado que, según esa consulta, un 13% se identifica como parte de algún pueblo indígena, estos debieran estar representados en esa proporción.

Para cumplir con ese criterio se calcula que, en caso de que se imponga la Convención Constitucional -la que contempla 155 miembros elegidos por la ciudadanía-, debiesen agregarse 23 escaños supranumerarios. A su vez, se proyecta que para la Convención Constitucional Mixta se deben agregar a los 172 escaños ya definidos, otros 25 para la representación de etnias.

Asimismo, la propuesta opositora establece que las candidaturas no deben ser por listas, sino que individuales, además de fijar como requisito para postular que el ciudadano “sea indígena y acredite su condición de tal a través del correspondiente certificado” emitido por la Conadi. A su vez, dice el texto, “para que los candidatos tengan un vínculo efectivo con sus territorios, se establecen requisitos de domicilio electoral, que serán determinantes en la asignación de escaños”.

En ese sentido, se propone una regla de asignación preliminar de “mayoría simple, aplicándose a las candidaturas de cada pueblo que cumplan válidamente los requisitos. Sin embargo, en el caso del pueblo mapuche, se aplicará según diferentes categorías de domicilio electoral (por macrozonas territoriales)”. Tal como quedó en el texto despachado por la Cámara, la propuesta de la centroizquierda considera que la mejor fórmula es que los convencionales indígenas sean elegidos en un “distrito único”.

El planteamiento opositor, además, se hace cargo de la reforma constitucional que estableció que el órgano constituyente debe ser paritario. Así, se propone un mecanismo de asignación corregida para que la elección de convencionales indígenas sea concordante.

En relación al padrón electoral, se advierte que las condiciones derivadas del Covid-19 podrían dificultar que el Servel pueda elaborar uno especial, por eso se propone “usar el registro electoral existente como un padrón abierto, mediante el cual los ciudadanos indígenas puedan autoidentificarse y pedir, ante la urna al momento de votar, ejercer su derecho a ser representado por convencionales indígenas”.

El borrador de la propuesta opositora también advierte que el Estado tiene la obligación, por el Convenio Nº 169 de la OIT, “de someter a consulta indígena la propuesta de nueva Constitución” antes del plebiscito de salida”. Se apunta a la necesidad de que los convencionales constituyentes indígenas tengan un mandato especial “respecto a los contenidos que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas”.