Escenario post plebiscito: exministros, senadores y figuras políticas presentan nueve criterios para una Constitución en donde “la mayoría pueda verse reconocida”

“A días del plebiscito constitucional del 4 de septiembre es nuestro deber recordar que cualquiera sea el resultado - ya sea que se imponga el Apruebo o el Rechazo - Chile no habrá comenzado ni terminado esa noche”.

Así comienza una carta firmada por más de 20 figuras políticas -convocados por el Instituto Desafíos de la Democracia- entre quienes destacan: el exministro y excandidato presidencial, Mario Desbordes (RN); la senadora también de Renovación Nacional, Paulina Núñez; la exministra María José Zaldívar; el secretario general del PPD, José Toro; los vicepresidentes DC Francisca Hernández y Aldo Mardones; entre otros.

En el texto explican que el lunes 5 de septiembre hay que “dejar atrás los maximalismos y recuperar el espíritu del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, para a través del diálogo encontrar caminos que -ya sea para implementar, interpretar, reformar o redactar un nuevo texto constitucional- nos permitan recuperar la concordia necesaria a través de un marco constitucional en el que la inmensa mayoría pueda verse reconocida”.

Los firmantes acordaron trabajar -cualquier sea el resultado del plebiscito de salida- por alcanzar una nueva Constitución. Para esto presentaron nueve criterios resumidos a continuación:

El primero es una “República Democrática y democracia participativa”, en la cual se integre “el principio de paridad entre hombres y mujeres, dando representación adecuada a los pueblos indígenas e incorporando mecanismos de democracia directa como los plebiscitos”.

Como segundo punto establecen un “Estado Social y Democrático de Derecho” que conlleve “un Estado moderno y eficaz, como de la sociedad civil organizada, bajo los principios de no discriminación, la solidaridad, igualdad, interdependencia, progresividad, solidaridad, entre otros”.

“Estado Republicano de Derecho”, es el tercer criterio el cual busca “una judicatura constituida en un poder independiente de los otros poderes del Estado; una Corte 2 Constitucional autónoma; una acción de tutela de derechos fundamentales eficaz; y una Contraloría General de la República que continúe gozando de la autonomía constitucional”, además de la figura de un “Defensor del Pueblo” que tenga “actos arbitrarios de la administración pública”.

El cuarto es “Estado Regional” para una “descentralización territorial del poder”. Y el quinto punto trata sobre un “Estado Ecológico” en donde se “aborde seriamente y con sentido de urgencia la grave crisis del cambio climático”.

Como sexto criterio establecen “Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas”, que instauraría “de forma equilibrada demandas históricas como la consagración de grados de autonomía, mecanismos de restitución de tierras”.

Sobre la “Economía Sostenible, Inclusiva y Responsable”, destacan avanzar hacia “una economía inclusiva, que fomente la participación de cada vez más actores, desde 3 cooperativas y pequeños empresarios, a sindicatos”. Y un octavo punto que busca “una Constitución que promueva el avance de las ciencias, tecnología”.

Por último, “Seguridad Pública”, a través de una “Carta Fundamental donde este deber del Estado quede radicado primordialmente en la Presidencia de la República, otorgándole el mando de las instituciones policiales, que deben ser a su vez reconocidas constitucionalmente”.

De esta forma, la carta finaliza con una serie de materias específicas “que podrían servir de base de futuros acuerdos, a las que nosotros adherimos y que ningún caso agotan la discusión”.