Se enreda votación de conclusiones de comisión investigadora por lío de platas: oficialismo busca evitar reproche a Montes

Una serie de conversaciones se activaron este domingo entre parlamentarios de la oposición en torno a lo que será la votación del informe de conclusión de la Comisión Especial Investigadora de Asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que la Cámara de Diputadas y Diputados activó para fiscalizar presuntas irregularidades de las transferencias de dinero desde entidades públicas mediante convenios a fundaciones.

La instancia está citada para este lunes entre las 15.00 y 20.00 horas, con el fin de votar todas las conclusiones que se han propuesto por los 13 integrantes de la comisión. Ahí, uno de los principales nudos es sobre qué concluirá la comisión respecto del rol del ministro de la cartera, Carlos Montes (PS).

La oposición -agrupada en Chile Vamos- acordó una redacción que hablara de una “negligencia inexcusable” del ministro. Esa es la propuesta del presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), junto a los diputados Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), basándose en que la derecha ha cuestionado a Montes como líder jerárquico del ministerio, quien aseguró desconocer las irregularidades que ocurrían en su propia cartera.

Montes, en todo caso, se ha defendido y ha cuestionado el rol que tuvo la exsubsecretaria Tatiana Rojas y algunos seremis, quienes conocían los antecedentes y no hicieron más por fiscalizar. El secretario de Estado dijo, el pasado 11 de noviembre, que “información previa hasta el 16 de junio yo no tuve”, haciendo alusión a la fecha en que estalló el caso. Esto, pese a que algunas autoridades de gobierno -como la entonces subsecretaria Rojas- fueron notificadas con anticipación a que se conociera públicamente el asunto, según dijo la propia diputada Catalina Pérez, en entrevista con La Tercera Domingo.

A la propuesta de conclusión de Chile Vamos de la instancia fiscalizadora se espera que se sume la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi y la independiente del comité Social Cristiano e Independientes, Yovana Ahumada. Sin embargo, aunque se sumen ellas, a la derecha le faltaría un voto más para lograr los siete sufragios necesarios para que el informe se apruebe.

De ahí que la redacción de la responsabilidad de Montes es un factor clave. Según conocedores de las conversaciones, en el oficialismo no están de acuerdo con un reproche tan duro a Montes como el que habla de una “negligencia inexcusable”, que corresponde a la misma figura que fue usada en acusaciones constitucionales como las de Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior).

Por lo mismo, algunos en la derecha están dispuestos a ceder en la redacción para que no sea tan dura, siempre y cuando se hable de una responsabilidad política de Montes. Según fuentes de oposición, eso es algo con lo que algunos dirigentes oficialistas podrían estar de acuerdo.

Lo que la oposición no está dispuesta a aceptar es que se saque a Montes de la conclusión de la comisión. De ocurrir ello, en el sector prefieren que no se apruebe ningún informe y fracase la instancia. Esto, ya que dicen que eso podría ser visto como un “perdonazo”, lo que afectaría, agregan, a toda la clase política en su conjunto.

Con estos cálculos en mano, la derecha busca convencer a dos diputados que resultan votos clave: el integrante del PDG Rubén Oyarzo y su par de Amarillos, Andrés Jouannet. A ambos se les ve como figuras con las que se puede negociar y llegar a un acuerdo. No obstante, en la derecha creen que desde La Moneda también están haciendo gestiones con estos representantes, para evitar un informe muy duro contra el titular de Vivienda. Los dos diputados tienen su propio informe y esperan que éste cuente con la mayoría de los votos.

De todas maneras, Jouannet sostuvo a este diario que “no entiendo la obsesión que tiene la derecha contra el ministro Montes, quien ha tomado todas las decisiones administrativas para resolver un problema que venía de antes, por inescrupulosos que abusaron de este sistema, pero Montes confiaba en su subsecretaria. Lo más importante acá es no hacer una caza de brujas y responsabilizar a quienes corresponde”.

Oyarzo dijo este fin de semana que “creemos que aquí existe un mecanismo de aprovechamiento, en el cual un grupo de amigos se aprovecharon del sistema. Pero en eso no participó Montes, él fue como la mujer engañada que se enteró al último. Y no tenemos por qué dudar eso, el Ministerio Público dirá si fue así o no”.

En esa línea, otros diputados que son vistos con atención son el PPD Raúl Soto y el PS Marcos Ilabaca. Ambos tuvieron una postura dura contra el gobierno durante la polémica en que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), no quería acudir a la instancia. En la derecha creen que Ilabaca sería más propenso a negociar, pero en el entorno de este último lo descartan, y dicen que al diputado no le convence la redacción de “negligencia inexcusable”. Mientras que en el entorno de Soto, por su parte, también descartan que quiera responsabilizar al ministro.

En total son cinco informes los que se someterán a votación para luego ser trasladados a la sala de la Cámara Baja. La propuesta del oficialismo -redactada por Mercedes Bulnes y Ericka Ñanco del Frente Amplio, y Carolina Tello del PC- busca establecer que “no existió una estructura y operatoria montada por funcionarios del Ministerio de Vivienda ni por terceros del ámbito privado, en las 16 regiones del país con el propósito de defraudar al fisco. El origen se encuentra en la laxitud de la norma”.

Además, el informe propuesto por el oficialismo también detalla que “a partir de los antecedentes recabados por la comisión investigadora, se constata una respuesta oportuna del Ministerio de Vivienda”.

Mientras que la propuesta de Soto, Jouannet y Oyarzo establece críticas directas al Frente Amplio y a referentes, como el exministro Giorgio Jackson (RD) y la directora de presupuestos, Javiera Martínez.

Lo cierto es que en la derecha les interesa establecer una responsabilidad política de Montes, pues ello será un antecedente para dar pie a una eventual acusación constitucional.