Fiscal Nacional asegura que proyecto de indulto para detenidos del estallido “es un agravio para el Ministerio Público y los tribunales”

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, participó esta jornada de la Comisión de Derechos Humanos del Senado donde se analiza el proyecto de indulto para detenidos en el marco del estallido social.

La iniciativa parlamentaria fue ingresada a la Cámara Alta el pasado 9 de diciembre y contó con las firmas de la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), y de Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO). El proyecto establece la remisión de la pena de quienes fueron detenidos desde octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del proyecto.

Es en este marco que durante la segunda sesión dedicada a analizar el proyecto el máximo persecutor del Ministerio Público reforzó las críticas de la institución a la iniciativa.

“El indultar o aplicar la ley de amnistía a la comisión de hechos ilícitos tan graves como aquellos que contempla este proyecto, nos parece un precedente extraordinariamente grave, no solo para el presente, sino para el futuro”, dijo Abbott.

El fiscal detalló que de aprobarse esta iniciativa podrían acogerse a ella personas condenadas por delitos que calificó como “graves”, siendo uno de ellos el que involucra al ciudadano estadounidense John Cobin, quien disparó a manifestantes en Reñaca y que cumple 11 años de prisión.

Así mismo, el Fiscal Nacional aseguró que “no entendemos algunas disposiciones del proyecto de ley, por ejemplo dejar fuera a todos los empleados públicos del beneficio de esta ley”.

Por todo esto que Abbott afirmó que “queremos manifestar nuestra profunda decepción por los términos en que se funda el proyecto. Este proyecto se funda haciendo afirmaciones que son alejadas a la verdad y que agravian al Ministerio Público, a la Defensoría y a los tribunales, como si el sistema procesal penal no hubiera funcionado (...) Es un agravio para el Ministerio Público”.

Después de las palabras del fiscal, le tocó el turno a Rolando Melo, gerente de la división de estudios de la Fiscalía Nacional quien dio cuenta de las cifras que maneja la institución respecto a los detenidos por el estallido.

En ese sentido explicó que al 30 de noviembre de 2020, ellos habían identificado que 175 personas detenidas por delitos vinculados al estallido, permanecían en prisión preventiva. Cifra muy lejana a las 800 que señaló en su momento la presidenta del Senado -y patrocinante del proyecto- Adriana Muñoz (PPD).

Así mismo explicó que desde el 18 de octubre al 30 de noviembre de 2020, se habían registrado 38.427 casos ligados al estallido y que los tribunales -en ese mismo periodo- habían dictaminado 928 prisiones preventivas.