Gobierno alista proyecto para reformar sistema de extradición

El sistema de extradición en Chile data del año 1999 y se encuentra regulado en el Código Procesal Penal entre los artículos 431 al 454.

Por esta razón es que el Ejecutivo considera que es necesario realizar una revisión y actualización de las normas, incorporando regulaciones que forman parte de los tratados bilaterales de extradición.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia, liderado por Hernán Larraín, ya comenzó a trabajar en la materia. Y el objetivo, según dicen en el gobierno, es plasmar los cambios en un proyecto de ley que será presentado -estiman- durante el primer semestre de este año. La idea, dicen las mismas fuentes, es invitar a que participen en propuestas, en un trabajo prelegislativo, al Ministerio Público y a la Cancillería.

"Estamos estudiando perfeccionar el sistema de extradición actualizando normas e incorporando nuevas regulaciones", dijo el ministro Larraín a La Tercera.

Así, entre las modificaciones que se están evaluando en la denominada "extradición activa" presente en la legislación -es decir, cuando Chile es el país requirente- está delimitar mejor las competencias del juez de garantía y de la Corte de Apelaciones para tramitar la solicitud que hace el Ministerio Público o un querellante. Además, se propone distinguir entre la solicitud de extradición para juzgamiento de aquella que es para cumplimiento de sentencia.

De igual manera, se busca regular de forma más detallada la procedencia de la solicitud de detención previa en el país requerido y establecer un mecanismo de modificación de sentencia cuando se pide la extradición de un condenado cuya pena impuesta en Chile es mayor a la máxima pena del país requerido.

Esto último, según explicaron desde Justicia, debido a que hoy se privilegia -en caso de que nuestro país pida la extradición de una persona- la máxima pena establecida en Chile por sobre la máxima pena existente en el país requerido.

En tanto, cuando es extradición pasiva, es decir, en el caso en que Chile es el país requerido, también se busca mejorar la distinción entre la solicitud de extradición para juzgamiento o para cumplimiento de sentencia. Además, se quiere regular de manera más detallada la procedencia de la solicitud del país requirente sobre una detención previa y fijar un plazo máximo de 60 días para trasladar al requerido, desde que Chile hubiese concedido la extradición.

El ministro de Justicia explica que, entre las modificaciones que se quieren realizar, se busca que el proyecto pueda "resolver un problema" que tiene la actual normativa.

En ese sentido precisa que hoy, "cuando se solicita una extradición, normalmente el país donde está la persona la puede autorizar (si hay un tratado), entre otras consideraciones, sujeto a que la pena a aplicar en el país requirente no sea superior a la máxima legal del país requerido". Así, afirma que "la idea en estudio apunta a que en esos casos la pena a aplicar en Chile sea la máxima que existe en el país requerido, aunque sea menor a la impuesta en nuestro país". Y agrega: "Así se hace posible el éxito de la extradición solicitada. De no proceder así, esa persona condenada no será extraditable, y parece mejor que cumpla una pena inferior en Chile a que quede en ese otro país en la total impunidad".

Esto se hace hace necesario, según fuentes de gobierno, debido a que esta problemática se ha detectado desde el caso de Alejandro Schayman, el publicista condenado en 2009 a presidio perpetuo por la muerte de su hija, a quien Chile pidió su extradición a Bolivia. Sin embargo, la Corte Suprema de ese país puso como condición que se conmute la cadena perpetua interpuesta por la justicia chilena por una condena no superior a los 30 años.

Con todo, en el gobierno precisan que los cambios no afectarían los tratados bilaterales vigentes, y que solo se busca introducirlos en el Código Procesal Penal.

Chile actualmente tiene tratados vigentes de extradición con diversos países. Por ejemplo, en Europa tiene acuerdos con Bélgica, España, Italia y Reino Unido. Además, desde hace meses nuestro país ha estado en una fase de análisis para determinar si adherir al convenio europeo de extradición vigente entre los países del Consejo Europeo. Ese acuerdo data desde 1957 y permite la suscripción por parte de naciones no europeas.

Al acuerdo europeo actualmente adhieren 47 países, entre ellos Albania, Austria, Italia, Malta y Francia. A estos dos últimos, Chile les ha presentado solicitudes de extradición para Alberto Chang y Ricardo Palma Salamanca, respectivamente. Y ambas han sido rechazadas.

El tema, en todo caso, es una propuesta nueva de Justicia, que no figura en el programa de gobierno. Además, en el Ejecutivo recalcan que tampoco fue parte de las propuestas que entregó a La Moneda la comisión asesora para la reforma procesal penal.