Gobierno busca acotar facultades de los fiscales y supervisar sus recursos

Las facultades discrecionales que poseen los fiscales en el ejercicio penal es algo que preocupa de manera transversal al mundo político.

Las causas judiciales que han afectado en los últimos años a buen número de representantes de distintos partidos políticos han terminado por generar un diagnóstico negativo sobre la actuación de los fiscales, generando críticas públicas contra los persecutores. Entre ellas, por las presuntas filtraciones de causas reservadas; el uso de medidas cautelares como prisión preventiva que, según algunos, se solicitarían de forma inadecuada y la utilización de la formalización de imputados como mecanismo de presión.

En este escenario, al interior del Ministerio de Justicia se están evaluando cambios al sistema, aunque argumentando que la Reforma Procesal Penal ya lleva 10 años de aplicación y que, por tanto, amerita su revisión.

En este proceso se mencionan cinco ejes principales.

Uno de ellos apunta a exigir una rendición de cuentas sobre los recursos asignados a las distintas fiscalías, sin descartar que sea la Contraloría la que pueda hacerse cargo de la fiscalización y el control administrativo y financiero de la gestión del Ministerio Público.

Este martes, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que se busca "revisar y estudiar la accountability de los fiscales". Agregó que "el Ministerio Público no tiene control externo, ni siquiera la Contraloría puede revisar gastos como lo hace con el resto de los órganos públicos".

Si bien aún no se define qué mecanismo de control se propondrá en la ley -el que incluso podría estar radicado al interior del Ministerio Público-, en la misma comisión surgieron críticas sobre este punto por parte del diputado PS, Leonardo Soto.

El parlamentario socialista acusó al gobierno de actuar con un ánimo revanchista en esta reforma. "Es una propuesta inesperada que busca restringir, limitar y controlar la autonomía constitucional que hoy tiene el Ministerio Público sobre el uso de sus recursos y la gestión administrativa", dijo el diputado tras finalizar la comisión.

"Me parece muy extraño, porque en Chile hay, a lo menos, seis instituciones que gozan de este mismo privilegio de autonomía constitucional y, sin embargo, el gobierno plantea un control desde la Contraloría solo para esta institución. Sin duda, parece que hay algún ánimo revanchista, algún ánimo de pasar la cuenta respecto del rol que han tenido los fiscales del Ministerio Público en las investigaciones de esta red de financiamiento irregular de la política que ha afectado, particularmente, a los partidos que hoy están en el gobierno", apuntó.

Desde la cartera de Justicia explican que otro eje del plan de modificaciones tiene relación con las facultades discrecionales que tienen actualmente los fiscales para formalizar a los imputados.

Según fuentes vinculadas al gobierno, entre las medidas socializadas hasta ahora, se incluye fijar un plazo determinado para que los persecutores decidan si formalizan o no una investigación. Entre las críticas formuladas al sistema, se manifiesta que una investigación puede estar abierta por un largo tiempo, para que luego los fiscales simplemente desestimen formalizar.

Se reclama que los imputados, sin estar formalizados, son incriminados y expuestos públicamente de forma gratuita, debiendo enfrentar interrogatorios y diligencias intrusivas, como allanamientos o levantamientos de cuentas bancarias.

El propio ministro de Justicia señaló, a días de ser nombrado, que "en el proceso penal hay una primera parte donde el fiscal es un ser todopoderoso".

Respecto de esta crítica, distintos sectores políticos han sugerido buscar mecanismos, como por ejemplo, frenar las filtraciones. Y para ello, plantean externalizar las indagatorias frente a este tipo de denuncias, las que en la actualidad son investigadas por el propio Ministerio Público.

La idea que surge entre algunos sectores políticos es que esas denuncias sean indagadas por ministros de la Corte de Apelaciones. Sobre este punto, en tanto, desde el Ministerio de Justicia declinaron señalar si esta propuesta se contempla.

Otro eje de trabajo que incluye la preparación del proyecto por parte del gobierno apunta a transparentar de mejor manera las designaciones de los fiscales regionales.

Hoy este nombramiento se lleva a cabo a través de un concurso, donde los postulantes deben exponer ante el pleno de ministros de la Corte de Apelaciones que corresponda a la región del cargo, quienes definen una terna desde donde el fiscal nacional designa la nueva autoridad.

Entre las críticas a este sistema, se menciona lo que es conocido en el mundo judicial como "sillita musical"-que ha generado cuestionamientos desde la asociación de fiscales-, y que significa la sucesiva nominación de fiscales regionales en distintas zonas. Entre las propuestas que han surgido desde el mundo judicial se menciona la de determinar estos cargos vía Alta Dirección Pública.

El ministro de Justicia, en tanto, se ha manifestado abierto, incluso, a instaurar la reelección de estos cargos.

Otro ajuste, que ya había adelantado el propio Larraín antes de asumir en la cartera, es la regulación del uso de prisión preventiva como medida cautelar. En la misma sesión de la Comisión de Justicia del martes, el ministro expresó que en la aplicación de esta medida cautelar "nos encontramos criterios bastantes laxos y a veces muy estrictos". Agregó que se "generan situaciones bastante ajenas a lo que es el principio de presunción de inocencia".

Según señaló, se espera precisar el criterio de aplicación.

Finalmente, un quinto eje pasa por conseguir un mayor control de las medidas cautelares ambulatorias que hoy, a juicio de varios sectores judiciales, no cumplen con las expectativas.