“No quiero entrar en una guerra con la Iglesia. Yo no tengo el don de la fe, respeto mucho todas las manifestaciones espirituales y tengo un tremendo respeto por la labor que han realizado las Iglesias con quienes más sufren, pero acá hay una cuestión que es inaceptable”. La frase fue pronunciada por el Presidente Gabriel Boric en la ronda de entrevistas que sostuvo con las radios durante la mañana de este lunes.

Y es que el primer fin de semana tras la toma de posesión de Boric, la administración entrante debutó con dos conflictos con la Iglesia Católica, augurando un “inicio complejo” de la relación con el mundo eclesiástico.

Primero, el gobierno se distanció de la versión de la Compañía de Jesús, que aseguró el sábado -a través de un comunicado- que el sacerdote Felipe Berríos encabezaría “un nuevo programa nacional de trabajo en los campamentos de Chile”. Incluso, el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS), afirmó a La Tercera que “la idea está en construcción y se trata de un equipo supraministerial que está en proceso de conversación y que sería encabezado por él”.

Rápidamente, y en la ronda de entrevistas televisivas del pasado domingo, el Mandatario desechó esta opción: “Felipe Berríos no es parte del gobierno”, atendiendo a las voces del comité político, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que levantaron la alerta sobre su eventual incorporación. A ese primer episodio se sumaron los comentarios del Presidente tras la presencia de los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati en la oración ecuménica por el pueblo de Chile llevada a cabo el sábado en la Catedral de Santiago. “Me molestó ver en la Catedral al señor (Ricardo) Ezzati y gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes”, dijo en el acto ciudadano del domingo en La Pintana.

Con esos antecedentes, el gobierno debe adoptar prontas definiciones sobre la relación con el mundo religioso.

Así, hoy está en suspenso cómo seguirá operando la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (Onar), que hoy está encargada de vincular a las Iglesias con el gobierno y que está bajo el alero de la Segpres, que encabeza el ministro Giorgio Jackson.

Desde ese ministerio han transmitido que se está trabajando en un nuevo “diseño” para los próximos cuatro años en lo que se refiere a la Onar. Si implica o no reformular su funcionamiento, fuentes de la Segpres afirman que será debidamente socializado con los equipos cuando exista una directriz más clara.

Hasta ahora, Jeremías Medina -administrador público, con diplomado en estudios teológicos- sigue a cargo de la entidad. La última semana del gobierno saliente, de hecho, el exsubsecretario Máximo Pavez se reunió a modo de despedida con la mesa interreligiosa coordinada por la Onar y también con los capellanes de La Moneda.

Sobre la permanencia de esta oficina, quienes conocen la estructura de la Segpres afirman que “el gobierno puede hacer lo que quiera con los temas administrativos, pues la Onar está creada con una resolución exenta”.

Por otro lado, desde el gobierno anterior, el exsubsecretario Pavez complementa que en el traspaso ministerial se entregó una “propuesta de borrador” a la subsecretaria Macarena Lobos que actualiza el reglamento orgánico del ministerio para posicionar a la Onar a nivel de departamento dentro de la Segpres.

“Nosotros le pasamos a la subsecretaria Lobos una propuesta de borrador que actualizaba el reglamento orgánico del ministerio para crear a la Onar a nivel de departamento. Es lo mínimo que merece la relación con las Iglesias, fundamentalmente las no católicas, quienes se relacionan con el gobierno a través de la Onar”, afirma Pavez.

A diferencia de administraciones anteriores, los integrantes del nuevo gobierno son, en su mayoría, abiertamente ateos o agnósticos. Partiendo por el Mandatario.

En 2016, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, se negó a abrir la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología “en el nombre de Dios”, lo que generó molestia en el entonces diputado José Antonio Kast. Tras el episodio, Vallejo argumentó que “me están obligando a citar a Dios en vano, cuando soy reconocidamente atea”.

Más crítica de la Iglesia Católica es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien alertó en el gobierno sobre la incomodidad que podía generar la incorporación de Felipe Berríos en Vivienda.

En 2013, en una de las primeras manifestaciones masivas a favor del aborto libre, un grupo de mujeres llegó hasta la Plaza de Armas en momentos en que en la Catedral se oficiaba una misa dirigida por el cardenal Ezzati. De forma casi espontánea, cerca de 200 mujeres -entre ellas la ministra Orellana- irrumpieron en la iglesia, gritando consignas a favor de los derechos reproductivos. Luego de la protesta, la Catedral quedó cerrada por varios días por “blasfemia”.

La tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica fue abordada esta mañana por las altas autoridades eclesiásticas en una reunión telemática del Arzobispado de Santiago.

La convocatoria reunió al Comité de Crisis Comunicacionales para analizar en qué pie queda la relación entre Estado e Iglesia. Asistieron los obispos Cristián Roncagliolo, Alberto Lorenzelli; la delegada para la verdad y la paz, Andrea Idalsoaga; la directora jurídica, Rocío Palma; el vocero, padre Andrés Moro; el director de comunicaciones, Cristián Amaya, entre otros.

Sobre la mesa estaba el antecedente de que, previo a la oración ecuménica por el pueblo de Chile, el Arzobispado le pidió a los cardenales Ezzati y Errázuriz evaluar su asistencia, conscientes de que su presencia podría ser controvertida en el acto con el nuevo gobierno. En vista de ese hecho, el comité de crisis este lunes evaluó emitir un comunicado explicando la situación, pero optó por descartar esa idea.

Consultado por La Tercera, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile, y obispo de Chillán, Sergio Pérez de Arce, defendió que la Conferencia Episcopal se ha caracterizado por manifestarse en contra de los abusos cometidos por algunos curas de la Iglesia, entre otros temas que afectan a la sociedad.

—¿Consideran grave el veto de dos cardenales por parte del Presidente de la República?

“Un aspecto fundamental para nosotros es la acción que ha venido realizando la Iglesia para prevenir y rechazar todo tipo de abusos en contextos eclesiásticos y reiteramos con fuerza que no se deben tolerar abusos en ningún ámbito. Respecto a la situación de los cardenales, se trata de un tema delicado, donde no hay sentencias judiciales definitivas que les atribuyan comisión de delitos. Por tanto, hay que ser cuidadosos a la hora de emitir juicios. Esperamos poder tener un diálogo con el Presidente para conocer su visión y que él conozca la nuestra sobre esta y otras temáticas”.

—¿Hubo reuniones de algunos miembros de la Conferencia Episcopal para analizar este veto o la situación en que queda la Iglesia con el Estado?

“Los integrantes del Comité Permanente sí hemos estado dialogando sobre las palabras del Presidente. Nuestro espíritu es de colaboración y diálogo con el gobierno, y esperamos siempre un trato de mutuo respetuoso y justo, que aborde los problemas reales y considere la dignidad de todas las personas”.

José Andrés Murillo, denunciante del párroco de El Bosque Fernando Karadima, respaldó la crítica pública del Presidete Boric, señalando que “criticar la presencia de Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz es una toma de posición necesaria por las víctimas de abuso eclesiástico, sobre todo porque ellos representan la cara del encubrimiento. No son figuras solo religiosas, sino que están involucradas como parte del encubrimiento. Y ante eso la máxima autoridad del país no puede ser neutro”.