Gobierno prepara modificación legal para prohibir porte de armas a uniformados en retiro

Si hay algo en lo que coinciden todos los expertos en materia de seguridad, sea cual sea la tendencia política de estos, es el nulo avance del proyecto que modifica la actual Ley de Armas. Gran parte de las autoridades -ya sea en el gobierno pasado y el actual- han manifestado que la poca actualización de esa norma, entre otras cosas, incide en el aumento de la violencia en los delitos.

Y es en esa discusión que el Ministerio del Interior quiere entrar. Por lo mismo, la cartera encargada de la Seguridad Publica prepara una iniciativa para modificar un aspecto, para ellos, fundamental en el “desarme” de la población: ampliar la prohibición de portar armas a funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Orden (Carabineros y PDI) que se encuentren en retiro de sus actividades, es decir aquellos que ya se jubilaron.

Actualmente solo algunos -dependiendo del escalafón- de los exfuncionarios de las FF.AA. y la policías pueden portar armas, según lo dispuesto por el decreto Nº 3556, firmado en 1980. Este, en su artículo primero, señala que los generales, tenientes coroneles, o equivalentes, y suboficiales mayores en retiro “estarán facultados para portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre, sin perjuicio de aplicárseles lo que disponga la reglamentación institucional respectiva, para el personal en servicio activo”. Todo esto, siempre y cuando mantengan su Tarjeta de Identificación Institucional (TII).

Fue la propia ministra del Interior, Izkia Siches, quien presentó la idea a la Cámara de Diputados, señalando, además, que se traspasará la supervigilancia del control de armas, desde la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) al Ministerio de Seguridad Pública (cartera que aún no entra en vigencia, pues su creación está en tramitación en el Congreso).

Sobre cómo se llevará a cabo el plan de “desarme” de los exfuncionarios de las FF.AA. y las policías, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó a La Tercera que este se iniciará a través de una modificación legal en la Ley de Armas. “Esta iniciativa se enmarca en un conjunto de otras iniciativas que implementaremos, las que buscan controlar de mejor manera el mercado legal de armas, desbaratar los mercados ilegales (política contra crimen organizado), y reducir el stock de armas disponibles”, dice.

Sobre por qué apuntan al stock de armas de los exuniformados, Monsalve plantea: “La pregunta que hay que hacerse es al revés: ¿Por qué los exuniformados pueden portar armas? ¿Qué los hace distinto al resto de los ciudadanos? En el fondo, lo que está en debate ahí es el principio de igualdad ante la ley. Hoy no hay ninguna justificación para que, a diferencia del resto de los ciudadanos, puedan portar armas”.

En esa misma línea, advierte que “hay que considerar que están expuestos a las mismas conductas y riesgos -robos, asaltos, cooptación- al que están expuestos los demás ciudadanos con armas, y que son las que en medida importante nutren de armas los mercados ilegales y la delincuencia. La iniciativa, por tanto, se fundamenta en el principio de igualdad ante la ley y en la necesidad de reducir el stock de armas disponibles”.

Sin embargo, la medida no gustó en el gremio de los uniformados en retiro. Consultado el general de Carabineros (R), Francisco Smith, presidente del Cuerpo de Generales en Retiro de la policía uniformada, advierte que la medida para atacar el stock de armas entre la población no debería estar dirigida contra los efectivos en retiro, sino que “sobre quienes cometen delitos”.

El oficial en retiro apunta a que “la norma actual está bien. Está regulada de manera correcta, ya que no todos pueden portar armas, sino que solo quienes cuenten con la Tarjeta de Identificación Institucional, que es el documento que certifica que uno se retiró de la institución sin problemas, ni sanciones judiciales o administrativas”.

Smith sostiene que “no hay mal uso de las armas, ni escándalos por determinadas situaciones, en nuestro caso. La gente en retiro velamos por el estricto cumplimiento de la ley para con el uso del arma, y si ha habido algún caso, será por legítima defensa por algún robo. No se puede criticar al manejo que hacen los retirados de las armas. Mi recomendación seria es que se hiciera un análisis para hacer esto y ver cuántas armas están dando vueltas en manos de la delincuencia. A eso hay que hincarle el diente, no a la gente que sabe usarla, como los funcionarios en retiro”.

Durante las próximas semanas, además, el gobierno impulsará una campaña para el “desarme” entre la población. También se busca aumentar los requerimientos para la adquisición de armas por civiles y la rotulación de munición.