¿Habrá cárcel por el negacionismo?: Los avances del proyecto de incitación al odio en el Congreso

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó y despachó ayer a la sala el proyecto que modifica el Código Penal en materia de incitación a la violencia, al odio y al negacionismo.

El mensaje inicial, ingresado en el marco de la conmemoración de los 44 años del Golpe de Estado durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, ha sufrido una serie de modificaciones. Un año después de su ingreso y luego de que en la entonces presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, Carmen Hertz (PC), pusiera en tabla la iniciativa, el Ministerio de Justicia introdujo una indicación sustitutiva con el objetivo de crear el delito de incitación a la violencia física, estableciendo penas de reparación, servicio a la comunidad y multas.

Sin embargo, dichas indicaciones no fueron acogidas por la instancia en esa oportunidad, desde donde la oposición logró introducir un nuevo tipo penal para sancionar tanto la incitación a la violencia como la incitación al odio con penas de cárcel.

En ese momento, además, una indicación de la diputada Hertz introdujo un nuevo tipo penal para sancionar la negación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en Chile.

Y pese a que a inicios de marzo el gobierno insistió con indicaciones para revertir la inclusión del negacionismo y el nuevo tipo penal de incitación al odio, que había logrado introducir previamente la centroizquierda, dichas enmiendas fueron rechazadas en la comisión.

Así, el proyecto fue despachado esta semana a la sala incluyendo tres nuevos tipos penales: incitación a la violencia física, incitación al odio e incitación al negacionismo. En ese sentido, se establecen penas de presidio menor en su grado mínimo (61 a 301 días) y una multa de 20 a 40 unidades tributarias para quienes cometan esos delitos y, adicionalmente, se fija un agravante en caso de que los ilícitos sean cometidos por funcionarios públicos, aumentándose la pena en un grado.

"Hemos tipificado y sancionado el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y consignados en los informes de las comisiones nacionales. Hemos tipificado ese delito, porque es una forma de contribuir a la convivencia democrática, más hoy cuando está floreciendo el negacionismo y donde hay grupos políticos que hacen de ello una verdadera causa", sostuvo la diputada Hertz tras el despacho del proyecto.

Y pese a que se impuso la postura de la oposición, Chile Vamos logró aprobar una indicación del diputado Diego Shalper (RN) -con el voto favorable del DC, Mario Venegas- que restringe la definición y la aplicación de sanciones en el caso del delito de incitación al odio.

"Será sancionado con la pena establecida en el artículo anterior aquel que públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incitare directamente al odio en contra de un grupo de personas o de un miembro de tal grupo, basado en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad, siempre que dicha incitación perturbe el orden público, o bien impida, obstruya, o restrinja de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte del o los ofendidos", se lee en la redacción final que fue despachada por la comisión.

Y se agrega: "Las personas que emitan opiniones en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales señalados en el Artículo 2° inciso tercero de la Ley N° 20.609, no podrán ser sancionadas en conformidad con la presente disposición".

El objetivo de la enmienda busca subsanar un punto que ha marcado el debate en torno al proyecto y que tiene que ver, precisamente, con las aprensiones que ha transmitido el Ejecutivo en relación a una eventual vulneración al derecho de la libertad de expresión.

"En una sociedad democrática nadie puede tener el derecho de insultar a otro, pero aquí también hay que resguardar otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de opinión y libertad de prensa. En democracia las ideas no se rebaten metiendo a la cárcel a las personas", explicó el diputado Schalper.

Ahora, si el proyecto es aprobado sin modificaciones en la sala de la Cámara, pasará a su segundo trámite en el Senado.