“Chile fue por certeza jurídica a la corte y la obtuvo”, sentenció este jueves el Presidente Gabriel Boric tras conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya que enfrentó a Chile y a Bolivia por el río Silala, ubicado en la frontera entre ambos países. La deliberación de los jueces fue seguida desde Palacio por Boric, donde estuvo acompañado de la canciller Antonia Urrejola y de representantes de diversos poderes del Estado, como los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Vlado Mirosevic y Álvaro Elizalde, respectivamente, además de ministros de la Corte Suprema.

El tribunal señaló en la mayoría de los puntos que no había tal controversia -puesto que Bolivia a lo largo del juicio fue progresivamente allanándose a la postura chilena-, por lo que indicó que la disputa carecía de objeto y decidió no resolverla. Adicionalmente, el tribunal dejó constancia de que Bolivia reconoce que ambos países tienen derecho al uso equitativo y razonable de este recurso.

Pese a que el Mandatario y la mayoría de los políticos, de manera transversal, celebraron el fallo, algunos lo calificaron como poco “declarativo”. La analista internacional y abogada Paz Zárate planteó, a través de Twitter, que la misma corte sería criticada por el fallo, al pronunciarse sobre lo “mínimo” y sin entregar guías para la relación entre ambos países en relación al río.

También entregó su parecer el investigador de la Universidad de Columbia y exasesor internacional del expresidente Piñera Benjamín Salas, quien si bien valoró el fallo, advirtió que está lejos de entregar certezas o jurisprudencia a la tensión permanente entre ambas naciones.

“El triunfo de Chile, y su equipo, fue lograr que Bolivia cambiara sus pretensiones y reconociera que el Silala es un curso de agua internacional. Esto es, sin duda, importante y hace que el proceso completo valga la pena. Sin embargo, la corte lamentablemente no cumplió su función, porque no resolvió la controversia ni entregó la certeza jurídica que Chile buscaba. Lo esperable era que la corte hiciera una determinación declarativa, en la parte operativa de la sentencia, que el Silala era un curso de agua internacional. O, al menos, que sancionara en dicha parte la convergencia entre las partes como un acuerdo propiamente tal. Sin embargo, en vez, hizo una interpretación de las posturas de los dos países y decidió que ya no existía una disputa que resolver”, reflexionó Salas.

A ello, el exfuncionario de gobierno agregó que “esto no es consistente con la jurisprudencia de la corte, como lo explicó la jueza australiana Charlesworth en su opinión disidente. La corte debía emitir un fallo declarativo, para entregarles certeza jurídica a ambas partes sobre el estatus y el uso de las aguas del Silala. Lo mejor sería ahora que Chile retome los esfuerzos iniciados por el Presidente Piñera el 2019 y busque un acuerdo con Bolivia que ahora reconozca todos los puntos de coincidencia entre ambos países, que la corte ya mencionó. Es decir, tomarse del fallo, para que los puntos de convergencia existentes queden ahora plasmados en un acuerdo bilateral. Ante la ausencia de un fallo declarativo de la corte, un acuerdo es una buena forma de proceder”.

También pone un matiz el exdiputado y exembajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos Issa Kort, quien relevó la contundencia técnica del fallo, pero advirtió que no es comparable al de 2018 sobre la obligación de negociar una salida al mar. “Creo que este fallo no es comparable con el fallo del 1 de octubre de 2018, en donde Chile ha conseguido un triunfo categórico sobre su plena soberanía costera. Este fallo es un veredicto mucho más técnico y en el fondo da la razón a Chile en su demanda: el Silala es un río con carácter internacional y sus aguas deben ser usadas proporcional y equitativamente. Las otras aristas son complementarias”, recalcó.

A juicio del excanciller Heraldo Muñoz (PPD), “hay certeza jurídica”. El exministro de Relaciones Exteriores aseguró que si bien podría haber existido una mayor expectativa del pronunciamiento de La Haya, no podían ir más allá, dado el viraje en la postura de Bolivia.

“La corte no se pronuncia, porque Bolivia cambia de posición. En primer lugar se establece que el Silala es un curso de agua internacional, donde se aplica derecho consuetudinario. En segundo lugar, la corte acoge el argumento chileno del uso razonable y equitativo de las aguas, sin distinción de flujo natural o artificial. Y en tercer lugar, acogió el uso actual que hace Chile de esas aguas. Rechaza, además, la pretensión boliviana del pago compensatorio por el uso de las aguas. A mi juicio, es un triunfo redondo para Chile, viabilizado por el cambio de postura de Bolivia. Hay quienes dicen que la corte debió haber sido más contundente, pero al fin y al cabo da la razón, Bolivia viró su posición. ¿Cómo va a sentenciar algo en determinada dirección si el demandado termina estando de acuerdo con la demanda? No veo que Bolivia tenga una opción para insistir en este tema, no después de esta derrota”, advierte.

“El fallo es contundente (...)”, complementó el excanciller Alfredo Moreno. “Todo el mundo en Bolivia tiene clarísimo que perdieron en esta disputa”. Teodoro Ribera, también exministro de RR.EE. de Sebastián Piñera, agregó que “el fallo no tiene la trascendencia que hubiésemos deseado, porque Bolivia fue accediendo a las peticiones chilenas ante los estudios que encargó Bolivia a los daneses (...). Chile ya no es un tercero que Bolivia puede o no castigar dándole o no agua, Chile tiene derecho a recibir agua que fluye naturalmente”.

En una minuta que circuló en la Subsecretaría de RR.EE. días antes del fallo advertían que “aunque Bolivia se haya allanado a gran parte de la demanda, tener una sentencia de la corte es necesario para Chile. La sentencia dará la certeza jurídica pretendida en la demanda sobre la naturaleza del río Silala”.

Sin embargo, agrega que si la corte decidiera no pronunciarse (como ocurrió), no sería perjudicial para Chile, pues Bolivia ya se allanó y reconoció el carácter internacional de la mayoría de las aguas del Silala y, por lo tanto, que se aplica la regla del uso equitativo y razonable”.