Jorge Barrera, abogado constitucionalista: "Esto demuestra que el ministro de Salud siempre tuvo la razón"

¿Cómo recibió la decisión del TC?

Salimos de los alegatos muy confiados, porque entendimos que habíamos explicado cabalmente el funcionamiento de los convenios y cómo el dictamen de Contraloría vulneraba derechos constitucionalmente garantizados, como la objeción de conciencia. Nunca tuvimos duda de que íbamos a ganar este requerimiento, entendíamos que este no era un tema de derecha o izquierda. Es tan contundente el fallo que nadie puede decir que lo que aquí hubo fue un fallo producto de una mayoría circunstancial. Esto demuestra, claramente, que el reglamento vulneraba derechos fundamentales, como la objeción de conciencia institucional, la autonomía de los cuerpos intermedios y establecía una discriminación arbitraria entre instituciones privadas.

¿Qué consecuencias tiene esta resolución?

Se habilita a todas las instituciones, celebren o no convenios con el Estado, a ejercer sus derechos fundamentales y sin limitaciones más que las que establezca la propia Constitución. Es, además, un antecedente fundamental para entender qué es lo que va a pasar a futuro en áreas como la educación o en la salud respecto de otros temas, pero hay que esperar qué dice el fallo, que esperamos que sea muy contundente, porque -tal como dijimos en los alegatos- tenemos temor de que la Contraloría siga aplicando un criterio evidentemente inconstitucional, exista o no una norma reglamentaria.

¿Queda debilitado el contralor con esta decisión?

Esa es una discusión que excede lo jurídico, y prefiero no comentar.

Y respecto del gobierno, ¿debió haber defendido el reglamento en esta instancia?

El gobierno no tiene la obligación, más allá de informar lo que le ordena el TC. Todos saben que el gobierno se vio forzado a dictar ese reglamento luego del dictamen de Contraloría.

¿Ello podría significar alguna complejidad para la situación del ministro de Salud?

De ninguna manera. Esto lo que demuestra es que el ministro de Salud siempre tuvo la razón, que no se podía vulnerar la objeción de conciencia. Así lo había establecido en el primer reglamento que envió y que coincide con lo que nosotros defendimos ante el TC: que cualquier persona o institución, en virtud de la autonomía de los cuerpos intermedios, su libertad de conciencia y su libertad de asociación, podía ejercer su derechos a objeción de conciencia.