Los ministros Luis Cordero (Justicia), Ximena Aguilera (Salud) y Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia) llegaron ayer cerca de las 14 horas a la Sala del Senado con una misión clara: tratar de reducir al máximo posible las disidencias en contra del informe de la comisión mixta que buscaba destrabar la llamada ley corta de isapres.
Si bien la iniciativa que permitía darle viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, no estaba en riesgo, lo que finalmente se ratificó en ambas salas del Congreso, la apuesta del Ejecutivo era evitar un quiebre en las bancadas oficialistas, entre quienes abogaban por actuar con responsabilidad y quienes no estaban dispuestos a avalar un “salvataje” -según decían- a las isapres.
Esta sentencia de la Suprema, dictada en noviembre de 2022, obliga a las prestadoras a devolver a sus afiliados excedentes estimados en US$ 1.250 millones. El problema, sin embargo, era que un flujo de dinero de tal magnitud ponía riesgo la continuidad financiera de las instituciones previsionales.
Socialistas críticos
Inmediatamente iniciada la sesión de este lunes, Elizalde (PS), con una hoja y lapicera en mano, se desplegó por la sala para abordar a los senadores disidentes, que se concentraban en su propia colectividad.
A pesar de que el fin de semana, el comité central del Partido Socialista había llamado a sus parlamentarios a apoyar la propuesta de la comisión mixta, que establecía un plan máximo de 13 años para devolver los excedentes, los senadores Alfonso de Urresti (vicepresidente del partido) y Juan Luis Castro (PS, integrante de la Comisión de Salud) estaban en duda.
Aunque las gestiones con los dos legisladores socialistas fueron infructuosas, finalmente el informe fue aprobado en el Senado por 39 votos a favor, 3 votos en contra (De Urresti, el FREVS Esteban Velásquez y el independiente Karim Bianchi) y dos abstenciones (Castro y el independiente de derecha, Rojo Edwards).
Mientras se daba a conocer el resultado, la Cámara iniciaba su sesión para votar inmediatamente la misma iniciativa. En esta otra rama del Legislativo el resultado también fue holgado: 122 a favor, 14 en contra y 10 abstenciones.
La votación, sin embargo, no reflejaba completamente la tensión que se dio en el oficialismo. De hecho, el gobierno estaba más preocupado de lo que podía pasar en la Cámara.
Si bien gran parte de la derecha estaba alineada, una buena porción de las bancadas que representan a un electorado de centroizquierda y de centro se encontraban divididas ante el acuerdo alcanzado en la mixta.
A pesar de que muchos sospechaban que el ruido iba a instalarse en bancadas como el PC y Frente Amplio, por el contrario, este tema tensionó principalmente al PS, al Partido Liberal, al PPD y a la DC, que sin ser bancada oficialista hoy tiene una mayor afinidad legislativa con La Moneda.
Uno de los factores que explicaría este fenómeno es que los afiliados a isapres, que fluctúan entre 2,5 millones a 3 millones de personas, son parte del electorado por el que estas tiendas políticas compiten.
Desmarques
El caso más dramático se daba en el PPD. De hecho, en su bancada de diputados, que conjuga los intereses de militantes e independientes asociados, solo había hasta ayer mañana un voto a favor de sus nueve integrantes: Helia Molina (PPD). “El resto estaba en reflexión”, admitió Jaime Araya (indep.-PPD), quien es el jefe de esa bancada.
No obstante, esa disidencia al final se redujo y siete de los integrantes de ese comité apoyaron la fórmula para salir de la crisis de las isapres.
Entre los diputados PS, si bien el cuadro era menos dramático, hasta ayer en la mañana solo siete de los trece miembros de la bancada estaban decididos a apoyar la resolución de la ley corta, a contrapelo del llamado de su propio comité central.
Finalmente los descuelgues socialistas se acotaran a tres votos: Marcos Ilabaca, Danisa Astudillo y Juan Santana.
Por su parte, el jefe de bancada de los liberales, Luis Malla, quien ya había votado en contra de algunos aspectos de la ley corta en su anterior discusión en la Cámara, hasta la hora del almuerzo admitía que el grupo no tenía una postura definida. Esa tensión se manifestó en el voto en contra de Viviana Delgado (liberal).
En el caso del PC, si bien sus senadores votaron a favor, al igual que la mitad de sus representantes de la Cámara, hubo una señal de disidencia con la abstención de cinco diputados: Matías Ramírez, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Carmen Hertz.
El radical Alexis Sepúlveda, el ecologista Félix González (asociado al Frente Amplio) y los independientes Consuelo Veloso (ex Frente Amplio) y Hernán Palma (asociado al grupo PC-Acción Humanista), también rechazaron el informe.
La DC, en tanto, estaba dividida. Por ejemplo, entre sus diputados, Ricardo Cifuentes y Héctor Barría tenían dudas, mientras que Alberto Undurraga y Eric Aedo estaban abiertamente a favor. No obstante, al final, los cuatro militantes dieron su venia al texto.
Consuelo oficialista
Aunque esta iniciativa salió con el voto a regañadientes de la alianza gubernamental, especialmente por plazo de 13 años para reembolsar la deuda, el gran consuelo del oficialismo es que, a cambio, se fortalecerá Fonasa.
Además a las personas de más edad se les pagará la deuda en menos tiempo. El plazo máximo para pagar a los mayores de 64 años bajó a 60 meses y para los mayores de 80 años, quedó en 24 meses.
“Nos dolió el plazo de 13 años, sí, pero aseguramos este primer paso para avanzar hacia la reforma integral de la salud”, comentó la diputada Ana María Gazmuri, quien integró la comisión mixta y fue clave para alinear a gran parte de la izquierda.
Una vez publicada la ley, la Superintendencia de Salud deberá determinar por medio de una circular la adecuación del precio final de todos los contratos de salud previsional a los que las isapres aplicaron una tabla de factores (componente que se utiliza para calcular el precio de un plan) elaboradas por ellas mismas y distinta a la Tabla Única de Factores que fija el regulador. Y luego empezaría el proceso de devolución de excesos.