La desconocida pugna para que el SII entregara las boletas de Caval a la Fiscalía

El lunes 27 de noviembre de 2017 fue un día tenso en las dependencias del Servicio de Impuestos Internos de la capital. Dos integrantes de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la Región Metropolitana acudieron al organismo recaudador para interrogar al personal que había participado en la confección del Oficio Secreto 232 del 2 de noviembre.

Éste contenía  la respuesta del SII al oficio 814 del 25 de septiembre de ese año en que, con un plazo de cinco días hábiles, requería información respecto de las boletas a honorarios emitidas por personas naturales durante los años 2011 a 2015 a empresas investigadas en el marco del caso Caval, compañía de propiedad de Natalia Compagnon Soto, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y Mauricio Valero Illanes. Los datos eran clave para la arista de fraude en contra del empresario Gonzalo Vial, por la que será formalizado el 28 de marzo Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la Mandataria.

En lo específico, se pidió antecedentes acerca de Exportadora y de Gestión Caval Limitada Ltda. Rut: 76.196.628-6; Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A. Rut: 76.236.974-5; Inmobiliaria E Inversiones Fvm S.A. Rut: 76.233.218-3; Scr. S.A. Rut: 76.254.863-1; Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada Rut 76. 193.990-4; y Advantech S.A. Rut: 76.257.477-2.

Un mes después de la recepción del requerimiento, y ante la insistencia del fiscal Emiliano Arias, el SII remitió los datos. Según los registros de este organismo, sólo existían siete boletas de trabajos a honorarios para las seis compañías en los últimos cinco años. En el Ministerio Público, la contestación fue considerada como una burla y el personal de la PDI que fue esa jornada de noviembre al Fisco dio cuenta de la molestia: uno a uno se interrogó a quienes fueron parte de la elaboración del escrito, hasta que un funcionario de la Subdirección de Informática argumentó que se estaba frente a un "error en la especificación del criterio de extracción de información", el cual sería corregido.

Tras este episodio, el 29 de noviembre el SII envió un nuevo oficio secreto, el 245, que contenía 215 boletas de alrededor de cincuenta contribuyentes. Entregó así el piso que necesitaba la Fiscalía para avanzar en la tesis de que Caval no operaría como una empresa real.

Así al menos lo define el principal cliente de la entidad, Gonzalo Vial, en su declaración del 28 de diciembre del año pasado: "A raíz de mi relación con Caval no he realizado ningún negocio, con el tiempo me he dado cuenta que Caval era una fachada, que nunca hubo expertos haciendo nada y que todos los contactos comerciales que se suponía ellos hacían para vender los proyectos no eran verdad, además que los informes que me daban respecto de los ejecutivos de mi empresa eran mentira también. De esto, me he venido dando cuenta a medida que avanza esta investigación. Le insisto que yo no contraté a Caval para que hicieran informes o contrataran expertos, mi error fue creerles que lo hacían y que esto tenía por fin realizar los negocios que se suponía estaban gestionando", argumentó.

Hasta ahora, los ilícitos investigados por la operación de compra y venta de 44 hectáreas en Machalí incluyen delitos tributarios como declaración de impuestos maliciosamente falsa; soborno; cohecho; ventaja indebida; prevaricación; y estafa. Ahora se suma una nueva irregularidad: boletas y facturas ideológicamente falsas.

En última nómina del SII, la "corregida", figura Dávalos Bachelet con siete boletas emitidas entre el 7 de marzo de 2012 y el 3 de julio de ese año, primero por conceptos de asesorías comunicacionales y luego por trabajos para la "Fundación" por un monto bruto total de$11.666.667. Cuando Dávalos Bachelet comenzó a boletear para Caval aún era funcionario de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Según se conoce, tras dejar esta función estuvo a cargo de los proyectos de Fundación de Hipoterapia y Museo de Caballos que le fue ofrecido a Vial por Caval, y que no prosperó.

Sin embargo, en un testimonio del 19 de noviembre pasado, Valero aseguró que en realidad cumplió funciones paralelas para Vial y Direcon que fueron disfrazadas por Compagnon como asesorías comunicacionales.

En el Oficio Secreto 245 también aparece Francisco Iturra Marambio quien el 25 de enero de este año declaró en la causa. Aseguró que emitió documentos tributarios para Caval sin realizar ningún trabajo para la empresa, a petición del contador Marcelo Carreño Salgado, gerente de Caval. "En el año 2010, hice mi práctica profesional en la empresa Indecs, empresa que prestaba Servicios Informáticos y Software. Yo me desempeñaba en el área de finanzas, en esta empresa trabajaba mi padre Sergio Iturra Meza. En el mes de agosto de 2012, mi padre -quien conocía a Marcelo Carreño, ya que anteriormente habían trabajado juntos en la empresa ldecs, Marcelo ya a esa fecha no prestaba servicios ahí-, le solicitó a mi padre una boleta de honorarios y mi padre me dijo que yo la hiciera, lo cual yo acepté".

Añadió que "posteriormente, en el mes de noviembre del año 2012, Marcelo Carreño, me contactó telefónicamente, solicitándome un favor, que lo ayudara emitiéndole una boleta de honorarios electrónica por $20 millones a nombre de la empresa Caval Ltda, él me transferiría a mi cuenta personal $18 millones y luego yo debería devolver a su cuenta personal estos $18 millones y mi beneficio sería recuperar al año siguiente la devolución del 10%".

El 29 de noviembre de 2012, desde la cuenta de Caval, Iturra Marambio recibió cuatro transferencias: tres por $5 millones y una por $3 millones.  A su vez, el 2 de diciembre, le transfirió fraccionadamente los recursos a la cuenta personal de Carreño.

"Nunca presté un servicio a la empresa Caval Ltda y tampoco tenía conocimiento de dónde provenían esos fondos. No conocí a los socios de la empresa Caval Ltda y tampoco a sus trabajadores", detalló.

Otro de los contribuyentes consultados también refiere la facilitación de boletas sin prestación de servicios asociados y con el mismo método: reintegros mediante traspaso de fondos.

Este procedimiento  se habría usado también con facturas de la empresa Estrategos S.A, Rut 99.528.210-0, de propiedad de Boris Starapolsky y donde figura mencionada Marta Veas Sobarzo, esposa de Carreño Salgado. Ambos fueron citados a declarar en el proceso. En el informe 3660 del OS9 de Carabineros, se hace énfasis en que "a través de revisión de correos electrónicos, de la cuenta de Mauricio Valero Illanes, mauriciovalero@vtr.net, se obtuvo información respecto de estas facturas y pagos, se adjunta correo, situación que correspondería a emisión de facturas por servicios no realizados por la empresa Estrategos S.A., con el propósito de aumentar los gastos de Caval Ltda., en su contabilidad".

El mail al que hace alusión el documento es uno en que el gerente de Caval le responde a Starapolsky por un cobro que éste le efectúa. Valero figura copiado en esta cadena. "Respecto a la cifra que tú dices que Caval te adeuda, te aclaro lo siguiente. Marta en septiembre del año pasado nos solicitó un préstamo de $5 millones por un par de días, pago que nunca se efectuó después de reiteradas cobranzas y la única manera de poder recuperar el dinero fue que Estratega nos facturara $50 millones con el objeto de recuperarlo vía gastos para Caval, y además Estrategos se vio beneficiado, debido a que debía demostrar ingreso. En diciembre Estrategos nos facturó $20 millones debido a que Estrategos debía demostrar ingresos y como contrapartida, para ayudar a Estrategos le dije a Marta que un tercero le facturaría una cantidad similar, y el Iva lo compartíamos", precisa Carreño.

Veas Sobarzo es la mujer que constituyó en noviembre de 2012 junto a Carreño Salgado la empresa SCR, que realizó tres estudios para la empresa CCU, filial de Quiñenco. Ese negocio se realizó con posterioridad al préstamo de $6.500 millones que obtuvo Caval, tras una cuestionada reunión del matrimonio Compagnon-Dávalos con el empresario Andrónico Luksic. Con estos recursos, se concretó el negocio en Machalí.

En uno de sus testimonios ante el Ministerio Público el 12 de junio de 2017, Carreño Salgado aseguró que tras conseguir el trato con CCU "por una razón que no puedo explicar porque no la sé, Caval, ni Mauricio ni Natalia querían aparecer como haciendo ese negocio, por lo mismo lo hacía mi empresa la cual había iniciado tres o cuatro meses antes (…) Yo me quedé como con el 10% del margen bruto y ellos se quedaban con el 20%. Si yo le facturaba 100 millones a CCU y el costo era 80 millones, sobraban 20 millones. A Natalia y Mauricio les daba 15 millones y yo me quedaba con 15".

Los documentos otorgados sin prestación real de servicios serían usados para cuadrar la contabilidad y rebajar impuestos. En Caval,  sospecha la Fiscalía, se habría buscado mostrar un flujo de prestaciones que en realidad no existían.

En la investigación, la Fiscalía ha establecido que, con contadas excepciones, la mayoría de las contrataciones a honorarios de Caval responden a relaciones de amistad.

Valero Illanes plantea en un testimonio, por ejemplo, que desconoce qué funciones cumplieron Gabriela Macarena Ocampo Rosales, Javiera Francisca Garfias Órdenes y María Elena Lee Marasca para Caval Ltda. En el Informe 3660, se consigna que en el caso de Ocampo Rosales tras boletear en 2014 para Caval, se desempeñó entre enero de 2015 y octubre de ese año como Asesora en la Dirección Sociocultural, en el marco del Programa de Apoyo a Actividades Presidenciales, como dotación a Honorarios; y Lee Marasca, tras entregar asesorías legales a Caval Ltda en 2012, inició funciones en la Direcon. En ambas reparticiones públicas había trabajado Dávalos Bachelet.

Otra personera, como Herreros Wandel, quien fue directora de proyectos de Caval, era amiga de infancia del hijo de Bachelet.

Ayer La Tercera PM reveló que la Fiscalía Regional de Rancagua inició gestiones con autoridades argentinas en la búsqueda de los dineros de Caval cuyo destino no se conocen. Además dio a conocer la existencia de una nueva declaración de Vial Concha donde asegura que en 2012 pagó de su bolsillo $400 millones a Compagnon para mejorar la percepción ciudadana hacia la planta procesadora de cerdos de Freirina y que le realizó un préstamo de $70 millones a la cientista política porque ésta se encontraba "muy afligida" por un problema de impuestos. Compagnon negó los hechos y atribuyó la imputación de Vial a la intención de "tapar algunos problemas de negocios".