Las autoridades son las que detentan el poder

“He escuchado con humildad la voz de mis compatriotas y no tendré miedo a seguir escuchando esa voz. Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro”. 19 de octubre de 2019 y el país completaba una jornada de fuertes protestas y violencia, que había sido antecedida por doce días de evasiones masivas en el Metro. El Presidente Piñera, en medio de la crisis, determinó echar pie atrás al alza que había sido anunciada el 4 de octubre a través del Panel de Expertos del Transporte Público y que había comenzado a regir el 6. “Hay una decisión establecida... Las autoridades cumplen las normas que ellos (el panel) nos establecen”, dijo la ministra de Transporte, Gloria Hutt, el 15 de octubre. Cinco días después, tras el anuncio de Piñera, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que dejó sin efecto el alza. Al día siguiente, el 21 de octubre, hizo lo propio el Senado.

Lo ocurrido con la frustrada alza del pasaje es uno de los episodios de la historia reciente del país que pone en entredicho ese paradigma que plantea que las autoridades son quienes detentan el poder. Aunque la definición cumplía con todos los parámetros legales y técnicos, luego de las extensas protestas, toda la institucionalidad debió echar pie atrás con la medida. “Corresponde a un cambio de paradigma porque hace mucho tiempo no teníamos una respuesta social tan masiva frente a algo que se veía como injusto”, afirma María Luisa Méndez, socióloga del COES. “Hay una crítica a cómo se ejerce el poder y a que éste se ejerza desde otro lugar, del lugar de una población que siente que no se reflejan sus reales necesidades. Se revierte el ejercicio del poder”, agrega. Algo similar plantea Jorge Fábrega, director del doctorado en Ciencias de la Complejidad Social de la UDD. “La clase política había transformado en una práctica el delegar en expertos las decisiones políticas. Eso estaba naturalizado y hacía invisible ciertas demandas y preocupaciones de la sociedad. Cuando sube en 30 pesos el Metro, les resultó incomprensible el entramado que significaba eso para la población”, afirma.

Otros episodios en los que ello se ha visto de forma marcada son el auge y caída de HidroAysén (2014), la crisis social que planteó una serie de demandas en 2019, el retiro del 10% y, en parte, la rebaja a la dieta parlamentaria. ¿Qué ha pasado que hoy se cuestiona que el real poder esté en las autoridades? Hay diversas variables en juego y ninguna de ellas se entiende sin la crisis de legitimidad que en general vive la autoridad hoy día a nivel nacional y global. “En el caso chileno es claro que una parte importante de nuestros problemas tiene que ver con una progresiva desconexión entre política y sociedad. El poder se ha ido deslegitimando: las autoridades públicas han ido perdiendo su autoridad porque hablan mucho pero dicen poco, su palabra ha ido perdiendo contacto con la realidad”, afirma el director del IES Claudio Alvarado. Agrega que un agravante es que las reformas políticas de la última década “alejaron la política de la ciudadanía, la combinación entre voto voluntario y el cambio del sistema electoral que agrandó los distritos y que llevó a que personas con muy pocos votos pudieran salir electos también favoreció el alejamiento que muchos políticos le abren solo a pequeños nichos olvidándose de las grandes mayorías y las grandes masas”.

Pero también las redes sociales han hecho su parte. Desde la expansión de Twitter, WhatsApp, Facebook y otros, el golpe de un trending topic o de las fake news suelen sobrepasar los límites de la web y marcar el paso a las autoridades. Aunque politólogos y sociólogos enfatizan que son un elemento clave para entender por qué la autoridad ya no es el único lugar donde radica el poder, otros plantean que son una señal de algo mayor. “Las redes sociales contribuyen en cierto sentido para organizar mejor, para ser una voz disonante, y desconcentran definitivamente algo del poder, pero no son suficientes para cambiar las políticas públicas. Han sido un espacio más de la democratización del debate público”, explica la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Claudia Sanhueza.

El cuestionamiento a la autoridad como aquella persona o institución respecto de la cual los ciudadanos aceptan su poder sobre sus acciones -concuerdan los académicos consultados- es la que está en crisis hoy a todo nivel: político, religioso, cultural y económico.

“En parte ha hecho crisis por abusos y desigualdades que ha mostrado la incapacidad de una autoridad para mantenerse como legítima, pero por otro lado también por una ciudadanía que ve que ha adquirido ciertas mejoras materiales y que aspira también a participar en tomas de decisiones de cosas que afectan sus vidas”, explica Fábrega.

Todavía está pendiente la respuesta que las actuales autoridades -con votos y nombramientos de por medio- den a este cambio de paradigma.