Los ejes del proyecto del gobierno para perseguir la “ruta del dinero” del crimen organizado

En el marco de la agenda legislativa en materia de seguridad, el gobierno dio a conocer este jueves el proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito, iniciativa con la que el Ejecutivo busca fortalecer las atribuciones de las instituciones encargadas de perseguir la ruta del dinero obtenido a través de actividades ilícitas como el narcotráfico.

El proyecto se centra en la aplicación de inteligencia para mejorar la trazabilidad de las operaciones sospechosas, con el fin de acceder a información oportuna sobre eventuales delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y crimen organizado.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo alcanzado en abril de este año entre el Ejecutivo y el Congreso para agilizar la tramitación de 31 iniciativas en materia de seguridad. Asimismo, el corazón del proyecto es parte de la política nacional contra el crimen organizado, presentada en diciembre pasado por el gobierno del Presidente Boric.

“La política nacional contra el crimen organizado tiene 10 ejes, uno de ellos es desbaratar la economía del crimen organizado, ataca el negocio que hay detrás del crimen organizado, que es una actividad económica, ilegal, pero económica, lo que hace es mover y buscar dinero. Y este proyecto ataca al corazón de esa dimensión”, explicó la ministra de Interior, Carolina Tohá, durante la presentación del texto, donde estuvo acompañada por sus pares de Hacienda, Mario Marcel; de la Segpres, Álvaro Elizalde; de la Segegob, Camila Vallejo; y de Justicia, Luis Cordero.

Tohá aseguró que la iniciativa pretende, además, evitar que la corrupción logre permear las instituciones del Estado.

“Además busca prevenir la corrupción que provoca el crimen organizado, que, donde entra, llega a las policías, se mete en la judicatura, en los municipios, en los parlamentos. Por eso, controlar el dinero es también controlar la corrupción, es también controlar la manera en que este tipo de bandas, por el gran poder económico que tienen, logran meterse en las redes de las decisiones, corrompiéndolas y bajando la capacidad de reacción del Estado”, señaló la jefa de gabinete.

Ante esto, el ministro Marcel explicó que el proyecto busca fortalecer las tres etapas que tiene el proceso de seguimiento de la “ruta del dinero” en los distintos tipos de delitos: la detección de operaciones sospechosas, el proceso investigativo y la aplicación de eventuales sanciones o medidas de carácter preventivo.

“Para la detección de conductas sospechosas, es fundamental el análisis de microdatos en base a metodologías de inteligencia artificial, que permitan identificar anomalías que se apartan de lo que uno esperaría de un contribuyente que esté realizando una operación de comercio exterior o de flujos de capitales. Luego, una vez que se identifica ese comportamiento sospechoso y sobre la base de los antecedentes que hay de carácter tributario, financiero y otras bases de datos, se puede ir siguiendo cuál es la ruta del dinero ‘aguas arriba’ o ‘aguas abajo’; es decir, de dónde viene y a dónde eventualmente se fue el dinero”, indicó.

“Una vez que se detecta una conducta cercana o indicativa de delito, es posible interrumpir ese flujo de dinero”, destacó el titular de Hacienda.

Por su parte, el ministro Cordero afirmó que el proyecto “robustece el trabajo que estamos impulsando en el combate decidido contra el crimen organizado y complementa las disposiciones de otras tres iniciativas claves: la recién promulgada ley antinarcóticos; el proyecto de ley contra el crimen organizado y el proyecto sobre delitos económicos y medioambientales”.

La iniciativa busca hacer la trazabilidad del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.

Para esto, se basa en tres ejes principales: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y mayores facultades intrusivas y sancionatorias.

Así, se propone la creación de unidades inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado, las que podrán levantar información y antecedentes al interior del respectivo servicio y además podrán requerir información a otros órganos públicos. En los casos de que esta se encuentre sujeta a cualquier tipo de secreto o reserva, serán levantados de acuerdo a reglas especiales.

Respecto de la prevención, la iniciativa establece requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas, como el control de bancos, instituciones financieras, y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para que ninguna persona acusada o condenada por lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades.

Adicionalmente se establecerá una obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior, a fin de facilitar especialmente labores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Servicio Nacional de Aduanas (SNA) en materia de fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros, además de persecución del crimen organizado.

Finalmente, en el proyecto se establece un conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros; establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas; y el perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos.

Al mismo tiempo, se modernizan y fortalecen los procedimientos internos a que está sujeta la UAF, el SII, y el SNA para la fiscalización y sanción de delitos dentro del ámbito de sus competencias. Finalmente, se consideran normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.