Las últimas diligencias del caso Asipes

Luego de que Julio Contardo dejara el mando de la Fiscalía Regional del Biobío, su sucesora, Marcela Cartagena, tomó la causa donde se investigan posibles pagos a políticos de parte de empresas pesqueras agrupadas en Asipes.

Cartagena ha avanzado en varias líneas investigativas en el caso. Y según los antecedentes, las diligencias se han enfocado en torno a nueve personas ligadas a la política y, al menos, seis empresarios del rubro.

La nueva fiscal regional es la tercera persecutora a cargo del caso que, hasta agosto de 2016, estaba en manos del actual fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

La investigación en contra de las pesqueras comenzó a partir de indicios de delitos detectados en la causa madre, Corpesca. Esto, tras la aparición de correos que daban cuenta del lobby que realizaron esas empresas en el Congreso mientras se tramitaba la Ley de Pesca, surgiendo el cohecho como el presunto delito a indagar. Finalmente, la arista que apunta la asociación gremial Asipes se separó de la causa inicial y se denominó "otras pesqueras".

En su indagatoria, el Ministerio Público sigue los pasos de la tramitación de la ley, incluso en años posteriores al cambio de la Ley General de Pesca. Así, por ejemplo, a principios de diciembre la Cámara de Diputados recibió un oficio de la fiscalía solicitando copia de las actas y audios de sesiones realizadas por la Comisión de Pesca entre 2013 y 2014. Esto incluye también los informes y las circulares emitidas tanto por la sala como por la comisión.

Varias diligencias en torno al exdiputado PPD Cristián Campos se han decretado en la causa. El 8 de marzo de este año, Campos prestó declaración ante la fiscalía, mencionando a siete personas presuntamente vinculadas con aportes en dinero provenientes de Asipes. Pese a que la declaración del otrora diputado se encuentra en reserva, la fiscal Marcela Cartagena encargó a la Brigada de Delitos Económicos de Concepción ubicar y tomar declaración a estas personas.

Según sus relatos, Campos facilitaba a estas personas -la mayoría dirigentes sociales de la región que se definen como cercanos al exdiputado y exasesores de Campos- los recursos que presuntamente provenían de Asipes para realizar festejos de Navidad o de otra índole a niños de distintas organizaciones.

"Se realizaban actividades sociales en el distrito de Talcahuano, Hualpén, auspiciadas por el exdiputado Campos", dijo Luciano Portus, periodista, concejal y excolaborador de Campos. "La ayuda era para hacer una actividad para niños, la cual consistía en una cajita de dulces y una presentación infantil para ellos", agregó.

En el mismo informe de la PDI, el exdirigente del Club Deportivo Rayuela Los Nogales de Talcahuano, Eugenio Santander, señaló que Campos siempre los ayudó con dinero y servicios. "En algunas oportunidades nos ayudó directamente con dinero, $ 50 mil o $ 100 mil, pero mayoritariamente nos ayudaba con arriendo de buses, amplificación y alimentación para los eventos de Fiestas Patrias y aniversarios de nuestro club", explicó.

El resto de las declaraciones apuntan a lo mismo, donde, además, todos desconocen la procedencia de los fondos.

La fiscal solicitó el 14 de noviembre pasado corroborar la realización de las actividades mencionadas, pidiendo respaldo de fuentes abiertas.

Del mismo modo, y previa autorización del propio exdiputado, la fiscal solicitó que se levantaran las cuentas corrientes de Campos, partiendo por el Banco de Crédito e Inversiones, al que pidió remitir todos los movimientos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.

Fue en la última etapa del mandato del fiscal Julio Contardo que se solicitó a la Bridec de Concepción realizar un informe que dé cuenta de los pasos legislativos de ocho políticos respecto de dos leyes tramitadas en el Congreso: la 20.837 (que se vincula a la excepción para la pesca artesanal del jurel) y la 20.657 (que modifica el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos).

"Cabe hacer presente que, conforme a reuniones de trabajo sostenidas en la fiscalía regional, se determinó que las personas que revisten mayor importancia criminalística en esta etapa de la indagatoria corresponde a las siguientes", dice el informe emanado en agosto de este año y que enumera a ocho políticos: a la exdiputada PS Clemira Pacheco, el exdiputado PPD Cristián Campos, al actual intendente UDI Jorge Ulloa, al actual diputado UDI Sergio Bobadilla, al diputado RN Frank Sauerbaum, al exsubsecretario de Pesca PS Raúl Súnico, a la presidenta y senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe y al senador y vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi.

En su contenido, el informe hace un análisis de las indicaciones presentadas estos parlamentarios, sus votaciones y sus intervenciones en la sala. Asimismo, respecto de Súnico, se consignan sus intervenciones en la discusión legislativa.

El 14 de noviembre pasado la fiscalía solicitó al Banco Itaú información acerca del diputado RN Frank Sauerbaum. "Respecto de la persona individualizada, solicito a usted remitir la siguiente información", dice el escrito. Y enumera: "El tipo de operación o producto bancario que ha mantenido con vuestra institución; el número que corresponda a cada uno de los productos que mantenga; informar la fecha de contratación, sucursal y vigencia de los productos", dice.

El mismo día, el Ministerio Público pidió al SII información sobre un listado de personas. Entre ellos, dos contribuyentes con los mismos apellidos que el diputado: Enrique Alberto Sauerbaum Muñoz y Warner Gabriel Sauerbaum Muñoz. Respecto de ellos se solicitan los antecedentes tributarios que posea el SII del Biobío entre 2010 y 2015. Además, la fiscalía pidió a la Cámara remitir todas las indicaciones que haya presentado el diputado entre 2013 y 2014.

La jefa de asuntos públicos de Asipes, Verónica Ceballos, y la representante de intereses de la gremial, Patricia Cepeda, prestaron declaración en calidad de testigos en la causa. A ambas se les consultó por el exgerente Luis Felipe Moncada -imputado en el caso- y su relación con el mundo político. "Luis Felipe se comunicaba vía correo con muchos parlamentarios", señaló Ceballos, mencionando a los UDI Jacqueline van Rysselberghe, Sergio Bobadilla, Iván Norambuena, Jorge Ulloa y Enrique van Rysselberghe. Así como también a los DC José Miguel Ortiz y Jorge Sabag, y el PPD Cristián Campos. Sobre este último, Cepeda confirmó el envío de minutas.

Cinco empresarios pesqueros han declarado en calidad de imputados en la causa. Marcel Moenne, gerente de Pacific Blu; Alberto Romero, director de Blumar; Rodrigo Sarquis, director representante de la familia en Blumar; Eduardo Fosk, vicepresidente ejecutivo de Landes, y Jan Stengel, director del holding Galletué. Todos ellos, junto al expresidente de Asipes Luis Felipe Moncada, aparecen mencionados en la lista de correos intercambiados entre sí y con políticos, en momentos en que la industria gestionaba intereses respecto de tramitaciones de leyes. A todos se les consultó en cuanto a posibles aportes a candidatos.