Ley de Usurpaciones: Tohá confirma veto a artículo de defensa privilegiada, pero aclara que no tocarán los “aspectos positivos” del proyecto
"Va a haber veto presidencial, tenemos 30 días para esto, pero los aspectos fundamentales donde hay acuerdo no los vamos a tocar", aclaró la jefa de Interior y Seguridad Pública.
Esta mañana, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), abordó el proyecto de ley de usurpaciones, iniciativa que endurece medidas en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos y que en tercer trámite constitucional fue despachado por el Senado la tarde de este miércoles, asestando así una dura derrota al gobierno.
En lo medular, el proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia de este delito.
Tras la aprobación del proyecto, desde el gobierno rápidamente confirmaron que vetarán la norma sobre “legítima defensa privilegiada”, una conjunción de disposiciones que permitían a civiles actuar por su cuenta para recuperar terrenos tomados en cualquier momento. A juicio de La Moneda, que infructuosamente intentó convencer en la votación a grupos no alineados, ese punto da espacio a la “justicia por mano propia”.
De esta forma, la ministra del Interior en conversación con radio ADN confirmó que el gobierno aún no define que tipo de veto presidencial se incluirá a la medida, pero aclaró que desde el Ejecutivo no intervendrán los -a su juicio- “aspectos positivos” del proyecto y donde el Congreso logró acuerdos.
“Va a haber veto, tenemos 30 días para esto, pero los aspectos fundamentales donde hay acuerdo no los vamos a tocar. La técnica que usaremos las estamos estudiando, porque no queremos que se caiga la parte buena de la ley y donde hay acuerdo”, manifestó Tohá en conversación con ADN.
Sobre el artículo que consagra la legítima defensa privilegiada, la ministra señaló que “es una prerrogativa permanente, o sea, lo puedes aplicar dos meses después de que fue usurpado el bien. Entonces, alguien puede preparar un grupo de personas, armarlas, e ir por sus propios medios a repeler la usurpación”.
Además, confirmó que desde el Ejecutivo se buscará vetar el aumento de penas para las usurpaciones no violentas. Así lo graficó la ministra de Estado: “Otra cosa que queremos vetar es que, en el afán de aumentar las penas, se igualó la pena para la usurpación que se hace con violencia y la que, por ejemplo, rompe un candado o salta una reja. Si alguien usurpa con amenazas y armamentos, recibe la misma pena que alguien que salta una reja. La pena debería ser más baja en este último caso”.
“Queremos vetar ciertos aspectos que son muy conflictivos, pero al mismo tiempo no queremos sacrificar otros aspectos que son positivos y que estaban en el espíritu inicial del proyecto, (...) elevar las penas, transformar este delito como uno permanente, que habilita la acción de la policía en cualquier momento, y en eso estamos de acuerdo”, aseguró la secretaria de Estado.
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