La norma más importante de toda Constitución es el artículo 1. Esa es la razón por la cual detrás de esa cláusula se esconde una dura disputa política entre la izquierda y la derecha. La Comisión Experta consiguió un equilibrio que dejó conforme al oficialismo y la oposición, ya que combinaba el Estado social y la subsidiariedad.

El Consejo modificó esa norma. En el artículo 1 dejó la dignidad de la persona y luego, en dos incisos posteriores, van dos componentes de la subsidiariedad: la familia como núcleo de la sociedad y luego la autonomía de los cuerpos intermedios. El Estado social pasó al segundo artículo y luego viene el inciso, también componente fundamental de la subsidiariedad, que habla sobre el principio de servicialidad del Estado.

Otro punto relevante es que la cláusula que habla sobre el deber del Estado de “remover los obstáculos” que impiden “las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen”, también fue modificada. El fraseo clásico de “obstáculos” se reemplazó para dejar la norma de la siguiente manera: “Es deber del Estado impulsar las condiciones necesarias de justicia y solidaridad, con el fin de garantizar el ejercicio de las libertades, derechos e igualdad de todas las personas, apartando las dificultades que lo impidan en plena armonía con los demás derechos y libertades garantizados en esta Constitución”.

La derecha del Consejo, liderada por el Partido Republicano, robustece la cláusula de protección del derecho a la vida. La norma de la Constitución vigente sobre este tema señala que la ley protegerá “la vida del que está por nacer”. Ese texto quedó con una leve diferencia. “La ley protege la vida de quien está por nacer”, se lee en la norma despachada al pleno.

A eso se suma que, dentro del primer inciso del artículo 1, la derecha aprobó la idea de los republicanos de declarar que “todo ser humano es persona”. La izquierda reprocha esta norma acusando que podría abrir la puerta para obstaculizar, por la vida judicial, la aplicación de la ley de aborto en tres causales.

Otra de las disputas políticas alojadas en esta comisión es la que define la jerarquía que tendrán los tratados internacionales de derechos humanos. Actualmente el artículo 5 de la Constitución vigente plantea una ambigüedad que ha tenido que ser resuelta por la jurisprudencia. Mientras el TC ha interpretado que los tratados internacionales tienen rango inferior a la Constitución, los fallos de la Corte Suprema señalan que tienen rango superior a la Carta Fundamental.

En un inicio la bancada republicana quiso resolver la ambigüedad declarando que tendrían rango infraconstitucional. Luego de meses de negociación, el Consejo optó por un camino intermedio que si bien mantiene la ambigüedad, despeja algunos puntos.

La norma aclara que “la Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, consagra como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Luego añade que “las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución” y lo dejó reducido a los “derechos y libertades”. Luego restringe más el tema al estipular que “se distinguirán las disposiciones de dichos tratados, de otros instrumentos internacionales que puedan asistir a los Estados en la comprensión y su aplicación, pero que no tienen carácter jurídicamente vinculante”. Es decir, se excluye lo que en derecho se denomina soft law.

Una norma que ha agitado el debate público es la que define los emblemas nacionales y además establece que deben respetarse y honrarse. Junto con eso define a la cueca y el rodeo como un baile y deporte nacional.

Esta norma acumula críticas del oficialismo y de una parte de Chile Vamos. Esto, debido a que consideran que no es un tema constitucional y que no tiene sentido establecer, con ese nivel de restricción, la identidad nacional.

Los republicanos y Chile Vamos aprobaron llevar a rango constitucional la protección del derecho a la objeción de conciencia -personal e institucional- en el marco de la libertad religiosa. Este tema es criticado por el oficialismo, ya que acusan que la norma, al no tener excepciones ni tampoco una remisión explicita a la ley, no plantea límites, atenta “contra el Estado de derecho” y sería aplicable para cualquier persona o institución y sobre cualquier ley.

La derecha aprobó que la Cámara se achique y pase de 155 diputados a 138. A su vez redistritó el sistema electoral para que los distritos -que hoy reparten entre tres y ocho escaños- ahora pasen a distribuir entre dos y seis bancas parlamentarias.

La izquierda no apoya esto, dice que es el corazón del sistema político y que implica un “traje a la medida” para la derecha.

La Comisión Experta aprobó, como gran innovación, un umbral electoral de 5% como medida para combatir la fragmentación política que afecta al Congreso. Esto significa que solo podrán participar de la repartición de escaños de una elección parlamentaria, los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional.

Dicha barrera tiene una serie de excepciones. La primera apunta a que la regla “no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso”. La segunda excepción -que va en formato de norma transitoria- plantea que para la primera aplicación de este umbral en la elección parlamentaria siguiente a la publicación de la eventual nueva Constitución, el umbral solo será de 4% o haber obtenido cuatro parlamentarios en el Congreso.

La tercera excepción incorporada por el Consejo, es un transitorio que también solo es válido para la primera elección parlamentaria luego de la publicación de la eventual nueva Carta Magna. Los consejeros permitieron que “dos o más partidos políticos que concurran en una misma lista o pacto electoral que, individualmente, no hubieren alcanzado el umbral podrán fusionarse para acceder a la atribución de escaños en la Cámara si la suma de los votos válidamente emitidos a nivel nacional por cada uno de los referidos partidos políticos es suficiente para alcanzar” el 5%.

A esa disposición se agregó una más: “También podrán acceder a la atribución de escaños referida anteriormente, los partidos políticos que, habiendo concurrido en una misma lista o pacto electoral, no hubieren alcanzado individualmente el umbral en la medida que se fusionen con el partido político de la misma lista o pacto electoral que lo hubiere alcanzado”.

El Consejo elevó el requisito para ser Presidente de la República. La derecha aprobó pasar de la exigencia de 35 años actual, a una que deja el requisito en 40 años.

El Consejo aprobó que el quórum exigido para que el Congreso reforme la Constitución será de 3/5. Así se eleva un poco el actual quórum de 4/7 que impone la Carta Fundamental vigente luego de la reforma impulsada por el senador Matías Walker. Gracias a votos de la izquierda y republicanos, el texto que llega al pleno no contempla un mecanismo de reemplazo constitucional.

El Consejo optó por mantener la decisión de la Comisión Experta de no tener una norma permanente sobre paridad en el Congreso y mantuvo el artículo transitorio que mandata al Congreso a legislar una ley para corregir la distribución de escaños para que ningún sexo supere el 60%. A su vez, el oficialismo no logró conseguir una norma que asegure escaños reservados para pueblos indígenas.

La derecha del Consejo logró consagrar la libertad de elección, a nivel de aseguradora y administradora, en los derechos a la salud y la seguridad social. Esto, según cuestiona el oficialismo, implica “constitucionalizar el modelo de isapres y AFP”. La derecha replica diciendo que es una garantía de que existirá libertad y que no será el Estado el que se lleve los recursos de las cotizaciones de salud o previsionales. En el caso de la seguridad social, además se garantiza la propiedad de los fondos y su inexpropiabilidad.

La novedad del Consejo es que visaron la idea promovida desde RN de que “la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”.

Republicanos consiguió el apoyo de Chile Vamos para aprobar su enmienda que pone fin al pago de las contribuciones de la vivienda principal. Chile Vamos, para dar sus votos a favor, pidió a cambio un transitorio con el objetivo de atenuar los efectos de la medida, dando tiempo para que entre en vigencia, excluyendo a los altos patrimonios, dejando el tema en manos de la ley y pidiendo un fondo de reemplazo para cubrir los recursos de las contribuciones que dejarán de recibirán las municipalidades.

La derecha aprobó una norma que establece lo siguiente: “Los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión. Sobre los derechos emanados de la respectiva concesión, el titular tendrá derecho de propiedad”.

La norma, en ciertos sectores de Chile Vamos, es criticada, ya que, afirman, no quedó bien redactada porque no se especifica con claridad que la propiedad radica sobre la concesión y no sobre el bien en sí mismo. Por su parte, la izquierda criticó duramente este tema diciendo que con esto se está abriendo el camino para “privatizar las playas”.

Este es uno de los puntos fundamentales para el oficialismo. El Consejo, por ahora, mantuvo la redacción del anteproyecto de la Comisión Experta. Sin embargo, solo se trata de una estrategia por parte de la derecha. Republicanos y Chile Vamos, de forma deliberada, dejaron caer sus enmiendas sobre este tema en la comisión. Mientras algunos dicen que aún buscarán la opción de llegar a acuerdo con la izquierda, lo cierto es que el plan apunta a renovar las indicaciones en el pleno para modificar el derecho a huelga y la libertad sindical. Detrás de eso está la intención de limitar el derecho a huelga a la negociación colectiva y sacarlo del texto como un derecho fundamental. Aquí también, al menos por ahora, la derecha aprobó que la regulación legislativa de la huelga y sus limitaciones es un asunto que será iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El nuevo capítulo sobre protección del medioambiente provocó un duro enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del Consejo. Los consejeros de esta comisión optaron por modificar el acápite del anteproyecto, el que constituye una innovación respecto de la Constitución vigente la cual no contempla un capítulo de estas características.

Lo más conflictivo fue que la derecha eliminó la mención al cambio climático. El artículo original del anteproyecto planteaba que “el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna y justa, ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos”. Todo eso fue borrado de la propuesta. Pese a eso, Chile Vamos analiza la opción de reponer el asunto para que no salga del texto.

El Consejo mantuvo la columna vertebral del modelo de nuevo gobierno judicial que promovió con éxito el comisionado UDI Hernán Larraín en la Comisión Experta. El diseño final mantuvo la separación de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. Luego crea tres órganos autónomos: uno que se hará cargo de la formación heredando la Academia Judicial, otro para nombramientos y otro para administración siguiendo con la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

La disciplina ya no queda en manos de un órgano autónomo, sino que se deja a cargo de los fiscales judiciales, quienes mientras no se dicte la ley que regule el nuevo procedimiento disciplinar, podrán seguir ejerciendo funciones judiciales.

El órgano coordinador también fue disuelto y solo quedó como una facultad de la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá convocar periódicamente a una reunión de coordinación, cuyo detalle será regulado en una ley institucional.

Los consejeros aprobaron que los ministros de la Corte Suprema durarán en sus cargos hasta que jubilen a los 75 años o luego de 20 años. Actualmente los magistrados no tienen límite en sus periodos, salvo la regla de los 75 años para jubilar que aplica para todos los jueces.

Finalmente lo que llegó desde el anteproyecto como una Corte Constitucional, volvió a su nombre original y el organismo quedó como Tribunal Constitucional.

Tendrá 11 ministros, que se irán renovando uno por año. El punto clave, el control preventivo sustantivo -que había sido eliminado por la Comisión Experta- quedó de la siguiente manera: se elevó el quórum y este tipo de control quedó con 3/5 del pleno. El plazo máximo para activarlo es hasta 10 días después de su tramitación legislativa y antes de su promulgación, pero siempre una vez que haya terminado el proceso legislativo. Finalmente, si el TC acoge el requerimiento, el organismo deberá reenviar el proyecto objetado, para que el Congreso arme una comisión mixta para resolver los problemas de constitucionalidad.

El Consejo Constitucional finalmente aprobó el consejo técnico asesor que acompañará al contralor. Esta es una innovación que se incorporó en el diseño orgánico de la Contraloría y que contó con duros reparos por parte del contralor Jorge Bermúdez y los consejeros oficialistas.

El consejo será presidido por el contralor y será su deber oírlo en determinadas materias, pero su opinión no será vinculante. La instancia será integrada por cuatro personas. Dos académicos serán nombrados por las facultades de derecho y otros académicos por las facultades de economía y negocios con la idea de que sean personas con conocimiento en auditorías financieras o contables.

El Consejo aprobó crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Este nuevo órgano tendrá regulación constitucional y autonomía especial, ya que quedó como parte de un nuevo capítulo del texto constitucional.

Este órgano, plantea una de sus normas, “contará con una unidad especializada a cargo de la defensa de las víctimas de delitos que sean investigados por la Fiscalía Supraterritorial”.