Los otros contratos y fallas en el historial de EVoting

La primera prueba fue simbólica. Diversas organizaciones sociales que promovían el voto de chilenos en el extranjero pusieron en marcha, para las elecciones presidenciales de noviembre de 2013, una plataforma virtual gestionada con el software de votaciones electrónicas EVoting. Demostraban así la factibilidad de que los ciudadanos pudieran participar en elecciones nacionales desde otros países.

"El sistema encripta el voto en todo momento, lo que equivale a ponerlo en un sobre cerrado que nadie puede leer", explicaba Tomás Barros, por entonces encargado del sistema y director tecnológico de la Fundación Inria, que desarrolló el software.

Al mes, Barros y otros tres socios crearon la empresa EVoting Chile SpA, con $ 100 millones de capital inicial. Él pasó a ser su gerente general. Desde entonces, la firma ha triplicado su fondo social y obtenido diversos contratos para gestionar votaciones electrónicas presenciales y a distancia con una amplia cartera de clientes, tanto del sector privado como público. Y en ese camino han sido varias las fallas que siembran dudas respecto de la real seguridad de su sistema.

El último ejemplo se dio ayer, en las fallidas elecciones internas de la UDI. Las repetidas fallas técnicas hicieron que al final se postergara el proceso por otras dos semanas y se descartara la opción del voto electrónico.

Entre los clientes de EVoting se cuentan tres municipios (La Reina, Quilicura y Renca) y la Junta de Alcaldes de Las Condes, La Reina y Providencia. Ninguno vía licitación. También varias asociaciones de funcionarios públicos, sindicatos, empresas y colegios profesionales, entre otros.

"Las únicas elecciones en que hemos tenido problemas han sido con partidos políticos", aseguró Barros a La Tercera.

Si solo se mira el último tiempo, el representante de EVoting tiene razón. No hubo problemas con la consulta ciudadana sobre la laguna cristalina que la Municipalidad de Las Condes proponía para el Parque Intercomunal Padre Hurtado. Pero en agosto, en las elecciones internas del partido Ciudadanos, sí los hubo: se detectaron votos anómalos y personas que no pudieron participar porque supuestamente ya lo habían hecho. Tras acusaciones de fraude, el partido terminó quebrado.

Pero antes, en 2016, hubo otra elección que terminó mal: la de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

En octubre de 2016, la Anef anunciaba que implementaría el voto electrónico en sus elecciones para promover la transparencia del proceso. Pagaría unos $25 millones por el servicio. Dos meses después, el comunicado decía que todo se suspendía y se bloqueaba ese mecanismo "por imponderables técnicos". Desde la empresa reconocieron en esos días que hubo problemas con la validación de los votos y una falla que dejaba un espacio para posibles intervenciones externas. En todo caso, todo se solucionó y la elección se llevó a cabo días después. Por esa misma fecha, EVoting se hacía cargo de la primera elección de la UDI con el sistema "un militante, un voto". Era su primer contrato con un partido político y a diferencia de lo que pasó ayer, salvo por un atraso en el inicio de las votaciones, en esa oportunidad todo funcionó como debía.