Mesa de la Convención socializa con colectivos propuesta para la discusión de normas transitorias de la nueva Constitución

Este martes, a las 8 horas, la mesa directiva de la Convención Constitucional -encabezada por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) y Gaspar Domínguez (No Neutrales)- se reunió por Zoom con los integrantes de los diferentes colectivos del órgano constituyente.

Uno de los objetivos primordiales de la cita apuntó a resolver una materia que inquieta a todos los sectores: ¿De qué manera se van a tramitar en la Convención las normas transitorias? Es decir, aquellas regulaciones que establecen el procedimiento y los plazos de implementación de las normas que contendrá la nueva Constitución, si es que ésta se aprueba. El tema es clave en un contexto en que se han visado ya profundos cambios al Poder Judicial y a la forma del Estado, que en otras materias incluye el establecimiento de sistemas jurídicos paralelos y la creación de regiones autónomas.

El problema, específicamente, radica en que el reglamento que rige a la Convención no diferenció la deliberación y tramitación de normas transitorias y permanentes. Y el diagnóstico de la mesa es que se requiere que su discusión se realice después de que las decisiones permanentes estén tomadas. Ello, pues ya se han aprobado normas transitorias que han generado complicaciones. Por ejemplo, en el pleno de la Comisión de Justicia, el pasado 17 de marzo, se aprobó una norma sobre justicia militar que generó críticas: se terminó pidiendo postergar esa discusión y abrir un periodo extraordinario para presentar esas normas.

El martes de la semana pasada, la mesa que dirige Quinteros solicitó a los colectivos que enviaran propuestas sobre cómo abordar la tramitación de las normas transitorias. Sólo Chile Digno -el colectivo cercano al PC- entregó su planteamiento, que consiste en que se presenten propuestas de transitorios en cada comisión, con patrocinios entre ocho y 16 firmas, tal como se hace en el caso de las propuestas de normas constitucionales.

Como no se presentaron más alternativas, la mesa planteó ayer una propuesta liderada por Domínguez, la que después se envió a través de un correo electrónico a los coordinadores de cada colectivo. Esta tiene que ver con cuestiones procedimentales -es decir, no abarca el contenido de los transitorios- y solo dice relación respecto de qué momento, a través de qué vía y en qué plazos se van a discutir estas normas. Pese a eso, varios convencionales prevén que en ambas cosas se enfrentarán a algunos nudos para llegar a un acuerdo.

En su propuesta, la mesa plantea que las normas transitorias se presenten como “indicaciones a artículos aprobados o contenidos en informes ya despachados por comisiones con los mismos requisitos que la presentación de iniciativas”, que se tramiten solo en particular y no en general, y que se elabore un único informe que contenga los resultados de la votación de las iniciativas aprobadas y rechazadas. Asimismo, se propone que “ese único informe se presenta ante el pleno en una misma sesión, en que cada coordinador podrá hacer una presentación de sus normas”, y que “se permite la renovación de indicaciones de transitorias rechazadas en comisión”.

Se plantea mantener que las normas sean aprobadas por una votación de 2/3 y que las que no hayan obtenido ese quórum, pero superen la mayoría simple, “se remitirán a la Comisión de Armonización, para que sea ella la que formule una segunda propuesta, la que se votará en los plenos de armonización”.

Tomás Laibe (Colectivo Socialista), uno de los vicepresidentes adjuntos de la Convención, explicó que la relevancia de esta discusión radica en que “toda Constitución requiere un esquema de implementación y algún nivel de gradualidad. Su éxito depende de cuán realista es ese esquema de gradualidad e implementación”.

Si bien la mayoría de los colectivos no han hecho una propuesta formal, sí han hecho saber a la mesa de manera informal su parecer al respecto. Algunos proponen que la comisión de armonización -que aún no se constituye- sea la encargada de recibir los transitorios.

Otros, por ejemplo, plantean que estos sean revisados solo por las comisiones y que cada una tenga un informe separado de votación, mientras que algunos quieren que haya una comisión paralela constituida con otros convencionales que revisen los transitorios.

Sin embargo, Laibe afirmó que la mayoría de los colectivos se inclina porque sean las propias comisiones las encargadas de recibir y votar estas normas. Sin embargo, reconoce que faltaría tiempo para votar en las comisiones, ir al pleno y volver a las comisiones para perfeccionar, porque estas tienen plazo de término. “Por eso, quizás es una opción darle un rol a Armonización”, propuso.

La idea de la mesa considera que las comisiones incluyan las normas transitorias en sus respectivos informes, y que solo lo que rechace el pleno lo vea Armonización -cuando las comisiones ya no estén constituidas-. De esta forma, se incentiva que las comisiones temáticas consensúen normas transitorias en acuerdos amplios que logren ser aprobadas en primera vuelta.

En ese sentido, algunos han barajado la opción de adelantar la inscripción de los convencionales de Armonización. Así, dicen que es una opción para que estos se empiecen a juntar y reciban insumos.

Desde la mesa, además, explicaron que la mayoría de las normas transitorias están contenidas en las comisiones de Sistemas de Justicia, Sistema Político y Forma de Estado. Por el contrario, Derechos Fundamentales, Medio Ambiente, Cultura, tendrían pocas o ninguna.

Con todo, la mesa espera recibir comentarios a la propuesta que presentó y que durante la próxima semana se presenta una formal ante el pleno.

Si bien el primer paso respecto de esta etapa de la Convención es que exista consenso sobre el procedimiento para tramitar los transitorios, lo más complejo, vaticinan algunos, será respecto de su contenido.

Esto, en un escenario en que, por ejemplo, se da por descontado que, en el caso del nuevo Poder Legislativo, no existirá el Senado y los colectivos deben discutir y consensuar cuánto período de gracia se les dará a los senadores electos antes de que se extinga su mandato.

Entre los convencionales algunos reconocen que se ha debatido poco respecto de esta materia, aunque algunos ya tienen algunas ideas. Por ejemplo, tanto en la derecha como constituyentes como el abogado Fernando Atria (FA) hablan de una transición de al menos cuatro años.

La discusión está cruzada por el malestar que existe en la Cámara Alta, donde varios representantes fueron elegidos en las últimas elecciones y tienen una duración de ocho años en sus cargos, mientras que a otros -que fueron elegidos en 2017- les restan cuatro años.

De hecho, la semana pasada, el comité de senadores del PS le hizo saber al gobierno -en una reunión que sostuvieron con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson- esa inquietud, haciendo hincapié en que estaba en juego la soberanía popular.

El Ejecutivo, en esa oportunidad, habría transmitido que empujaría la idea de que haya una transición en un periodo razonable.