“Mínimos comunes”: Así es la propuesta final que la oposición entregó al gobierno

“Este documento contiene los elementos más relevantes de la propuesta de la mayoría opositora en torno a lo que ha sido llamado “Agenda de Mínimos Comunes”. Fue construida en conjunto con diversos actores sociales, gremios, centros de estudio, especialistas y académicos, en un proceso participativo, abierto y transparente”.

Así comienza el documento final de 13 páginas que la oposición entregó al gobierno con sus propuestas en el marco de las negociaciones de “mínimos comunes” que el Ejecutivo mantiene con el Congreso.

Ayer en una extensa reunión los parlamentarios de oposición, liderados por Yasna Provoste (DC), afinaron los detalles del documento que fue enviado a diversas organizaciones sociales y que hoy fue entregado a través de un Zoom a los interlocutores oficiales del gobierno, los ministros de la Segpres y Hacienda, Juan José Ossan y Rodrigo Cerda, respectivamente.

Tal como adelantó La Tercera, en materia de propuestas, la oposición apuesta a avanzar en una Renta Básica Universal (RBU) para las familias del Registro Social de Hogares, que supere la línea de la pobreza, y que sea de $229.061 para un hogar unipersonal, y llegue hasta $604.495 en un hogar con cuatro miembros. Además de una batería de medidas para las Pymes, que incluye US$3.000 millones en subsidios en diversas líneas de financiamiento.

“Hemos optado por una agenda acotada y concreta porque, además de la urgencia de estos temas, un mínimo de realismo nos indica que será difícil acercar posiciones con el gobierno, en otros en que la diferencia en la mirada de país y de sociedad que tenemos con él, resultan evidentes. Por cierto, esta agenda no inhibe el legítimo debate de un conjunto de otras iniciativas que continuaremos en el Congreso Nacional, respondiendo a las necesidades del país y poniendo siempre por delante, el bien común”, señaló la oposición en el documento final.

Así mismo, en el texto los legisladores opositores al gobierno dejaron claro que “existen muchos otros temas y proyectos que el país debe asumir y frente a los cuales se deben tomar decisiones. Se trata de asuntos que nos preocupan de forma permanente y que el gobierno deberá enfrentar en los próximos meses. Nos referimos, entre otros, a derechos humanos; crisis de la vivienda social y campamentos;seguridad social; fortalecimiento del sistema de educación y salud pública; asegurar conectividad y equipamiento para todos los niños, niñas y adolescentes del sistema público de educación; pluralismo en el directorio de las empresas estatales, como Codelco, entre otros”.

En esa misma línea agregaron que “un tema que no forma parte de esta agenda, pero que resulta de particular preocupación de la oposición, lo constituye el Programa Integral de Reparación Ocular. Resulta evidente la falta de compromiso que el gobierno ha mostrado en la implementación de este programa, surgido a partir de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante y después del estallido social, la que ha dejado muertos, lesionados y mutilados. El gobierno debe ejecutar este programa, cuyos recursos se encuentran asignados, de manera correcta, con la mayor celeridad y en las mejores condiciones, con el respeto que las víctimas del Estado merecen y necesitan, considerando las graves secuelas que ellos presentan”.

En el documento la oposición también hizo un análisis de lo que ha sido la crisis sanitaria, cuestionando las “tardía” ayuda de las ayudas del gobierno para paliar la crisis.

“El Covid-19, además, ha desnudado las profundas inequidades de nuestro país, donde las hospitalizaciones o el no pago de licencias han arruinado familias; el acceso a la salud se ha visto más restringido por el aumento de las listas de espera y el colapso de la red; e incluso, han reaparecido condiciones sanitarias erradicadas hace décadas, como es el caso de la desnutrición”, indicaron.

Se agregó que “las medidas sociales y económicas han seguido el mismo patrón. Atrasadas e insuficientes han profundizado la crisis, generando incertidumbre en las familias e impidiendo un adecuado acoplamiento a las medidas de restricción que han intentado controlar la pandemia. El gobierno no ha aprendido de sus errores. Ha insistido en la hiperfocalización, ha desconfiado de las personas y ha desoído los continuos llamados de diversos sectores por corregir sus propuestas y decisiones”.

“Esperamos de parte del Ejecutivo, iniciativas legislativas y medidas administrativas que recojan estas propuestas, para establecer el diálogo en el Congreso Nacional, en ambas Cámaras y en las comisiones correspondientes. Este debe y tiene que ser un debate con el sentido de urgencia que dicta la crisis, transparente, de manera que la ciudadanía conozca con claridad lo que cada cual piensa, y responsable, fundamentalmente con las familias de Chile y cada una y uno de sus habitantes”, cerraron.

Tal como lo adelantó La Tercera, la oposición plantea que la Renta Básica Universal de Emergencia “debe llegar a todos los hogares y personas que necesiten apoyo durante la pandemia”.

Para ello, se propone una cobertura inicial del 100% del Registro Social de Hogares (6,7 millones de hogares). Aquellos que estén en el RSH, pero tengan altos ingresos (correspondientes al décimo decil de ingresos del país), podrán ser detectadas y excluidas del beneficio, a partir de la información sobre ingresos que conste en otros registros administrativos.

Adicionalmente, piden se incluyan a grupos de potenciales beneficiarios para lo que se deben considerar “mecanismos complementarios que permitan la incorporación a la prestación de hogares en condición de vulnerabilidad que no estén actualmente en el RSH”.

Lo anterior, con apoyo de registros administrativos que sirven para tal efecto y con la cooperación de los municipios y organizaciones territoriales. Así se automatiza su asignación, eliminando la barrera de entrada que significaba la postulación.

Respecto al monto, el documento plantea que “el criterio fundamental que hemos definido es la mantención de los ingresos de las familias en condiciones de suficiencia y dignidad”. De esta manera, proponen que la Renta Básica Universal de Emergencia sea el valor que resulta de aumentar al monto de la línea de la pobreza según el número de integrantes del hogar, más un 30%.

Inicialmente, la oposición plantea que este beneficio se pague “por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021”. “Este plazo deberá ser prorrogado si las condiciones sanitarias y económicas así lo exigen”, expone la minuta.

La propuesta plantea medidas como “gratuidad examen PCR independiente que la persona esté o no en su red (atendida su naturaleza de bien público). En la actualidad su precio es de: $25.000”; transferencia de recursos a la Atención Primaria de Salud para testeo, trazabilidad y aislamiento; pago de subsidio de incapacidad laboral; Abordar las listas de espera, especialmente, en consultas de especialidad, y particularmente, en Ginecología, Oftalmología y Cáncer.

En el documento también plantean que “el gobierno debe concretar a la brevedad, su promesa de que los funcionarios de la salud percibirán en un 100%, las asignaciones y bonificaciones de funcionarios mientras dure la alerta sanitaria; y que se deben regular de precios de las hospitalizaciones originadas por el Covid, ampliando la cobertura que hoy poseen los beneficiarios del FONASA ($1.953.668, $2.915.265 o $4.866.950, de acuerdo al IR – GRD)”.

En temas de salud mental propone “crear urgente un programa especial que considere una red de apoyo integrada por psicólogos y equipos de profesionales relacionados (costos de referencia: MLE FONASA copagos van de $4.150 a $9.120)”.

También muestran su preocupación porque “el Mapa Nutricional 2020 estableció un alza significativa de 19.000 escolares desnutridos en relación al año anterior (se pasó del 1.8% al 2,6%), lo que significa no solo el regreso de una condición de salud que había sido erradicada en nuestro país, sino el además constatar que en Chile hay personas que pasan hambre. Es urgente ampliar las coberturas y calidad de las colaciones y menús de los niños y adolescentes e implementar medidas que vayan en ayuda de adultos mayores que ´puedan encontrarse en esta situación; llegando a más personas con mejor acceso a alimentos sano”.

Por último, la oposición pide “extender la licencia médica preventiva parental COVID” y “reforzar el plan de vacunación contra el coronavirus”.

La propuesta de la oposición también establece “suspensión de pagos y otros mecanismos de apoyo para las Pymes”; subsidios directos a través de la entrega de un paquete de transferencias no reembolsables, por un monto total de US$ 3.000 millones, para hacer posible la sobrevivencia y la capacidad de generar empleos en la etapa de recuperación; y otros mecanismos de apoyos como entregas a través de BancoEstado de líneas de crédito de largo plazo garantizados al 90% (sin deducible) por Fogape.