Ministro Elizalde por avance de proyecto de usurpaciones con artículo de “autotutela”: “El gobierno no lo va a promulgar”

El gobierno sufrió una dura derrota este martes, luego que la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, conocida como “ley de usurpaciones”, la que fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

Si bien el texto del proyecto ya había sido aprobado en su idea de legislar en una sesión anterior, este martes se debatió la disposición de “legítima defensa privilegiada”, que incorporó la oposición y permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” (según describen en el gobierno) sus terrenos ocupados.

En la votación en particular del artículo, fue aprobado por 73 parlamentarios que se manifestaron a favor, 63 en contra y cinco abstenciones.

De esta manera, la iniciativa fue despachada por la corporación, tras una ronda de votaciones en las que la derecha impuso una redacción que no es del agrado del Ejecutivo. Así, vuelve al Senado para su discusión en tercer trámite constitucional.

Sobre esta derrota en la Cámara, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, manifestó que “no voy a entrar en el debate sobre indicaciones específicas, pero sí quiero referirme a la propuesta y a la posición del gobierno, que es una postura de principios que tiene relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el Estado de Derecho en Chile, y en alguna medida lo aprobado hoy lo pone en duda”.

“En Chile la violencia entre particulares está prohibida, en Chile y no hay espacio para la ‘autotutela’ y la justicia por mano propia, en Chile un conflicto jurídico lo resuelven los tribunales”, apuntó.

En esa misma línea, el secretario de Estado recalcó que “el monopolio de la fuerza está radicado en las instituciones públicas, particularmente en las policías. Y por eso nos parece que lo aprobado hoy, es sin duda una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico”.

“Por eso el gobierno no lo va a promulgar y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”, aseguró.

El proyecto modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.