No ligarla al plebiscito: el giro del gobierno en la tramitación de la reforma previsional tras críticas oficialistas

Fue un tema que le plantearon el miércoles algunos parlamentarios del oficialismo al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: la preocupación que generó la decisión de congelar la tramitación de la reforma previsional hasta después del plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

Pero más allá de la inquietud misma de no avanzar en uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del Presidente Gabriel Boric, las alertas se encendieron por mezclar la postergación de la reforma con el referéndum. Un mensaje que, según fuentes del sector, le habrían hecho ver al secretario de Estado.

En medio de esos cuestionamientos, este miércoles la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, retrocedió de la idea original de suspender la tramitación y manifestó que “la reforma (previsional) requiere un acuerdo para poder tramitarse. Si eso se produce de mejor forma después del plebiscito, porque hay un mejor clima político, bien. Si eso se produce antes del plebiscito, porque resulta que ahora, después de 10 meses, sí hay voluntad de legislar, sería estupenda noticia. Pero la reforma no se ha congelado. La reforma para el gobierno es una prioridad”.

Pero antes del giro del Ejecutivo, en el oficialismo varios transmitieron que sigue siendo un fantasma para la izquierda la derrota del plebiscito de septiembre del año pasado cuando el gobierno se la jugó por el Apruebo y ligó el futuro del programa de gobierno a la propuesta constitucional de la extinta Convención. En esa ocasión, fue el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien -por esos días- dijo que “hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual”.

Por lo mismo, cuando Pulso dio a conocer el domingo la determinación del gobierno de congelar la reforma, los partidos del sector se alertaron rápidamente. Primero, porque no estaban de acuerdo con postergar el proyecto y segundo porque no querían repetir el mismo error que en el pasado de mezclar una iniciativa con la nueva Constitución.

Los argumentos iniciales de La Moneda para suspender la tramitación fueron principalmente tres: el contenido del borrador constitucional que podría chocar con el proyecto de ley en lo relativo a lo que se pueda destinar de la cotización de pensiones para solidaridad, el clima político polarizado por la campaña del plebiscito y la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar la medida. Las primeras dos razones, de hecho, fueron los que más reforzó a inicios de esta semana ministra Jara.

La secretaria de Estado, el día domingo, profundizó ese punto en La Tercera y explicó que “yo dije reiteradamente, pero de verdad que reiteradamente, que debíamos llegar al acuerdo ojalá hasta septiembre, que siempre se iba a hacer difícil después por la polarización del plebiscito y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, los hechos se dan dentro de un encuadre, las cosas pasan por algo”.

Esa idea, de hecho, la titular del Trabajo la mantuvo el lunes, en entrevista con radio Duna. “Lo que ha ocurrido es que llevamos 11 meses tramitando la reforma. Varias veces señalamos que era importante llegar a un acuerdo antes de la campaña del plebiscito. Es positiva la reacción de algunos que han dicho que quieren que esto avance ya. El único tema y el tema de fondo es, si ingresamos las indicaciones, se van a aprobar o se van a ingresar para que sigamos polarizando la discusión. Esa es la evaluación que vamos a hacer en estos días”, sostuvo.

En la oportunidad, la ministra también reconoció que fue un error no haber informado al oficialismo, el que rápidamente levantó críticas por la decisión del gobierno. “La verdad es que pensé que estaban todos plenamente informados, así que hago una autocrítica en ese sentido. No solo no tengo problema en reconocerlo, sino que me hago cargo y responsable de ello. Voy a reunirme hoy día con todos los que pueda”, dijo.

Luego, el miércoles la ministra -luego de sostener varias reuniones con parlamentarios que le transmitieron sus reparos- señaló que la reforma no estaba congelada y este jueves fue aún más clara y desligó la iniciativa del plebiscito. “La reforma de pensiones no está congelada, la reforma de pensiones lo que no ha podido hacer en estos 10 u 11 meses es avanzar y no ha podido avanzar sustantivamente en el trámite legislativo, aparte de la aprobación de la idea de legislar”, indicó en T13 Radio.

Esa postura fue reforzada durante la tarde por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien fue consultado si se esperaría que pasara el plebiscito para avanzar en la reforma. “La ministra del Trabajo precisó sus dichos”, indicó, agregando que “la razón por la cual todavía no hemos iniciado la votación de las indicaciones es porque estamos en el esfuerzo de construir la mayoría necesaria para sacar adelante esta reforma, pero eso, independientemente de lo que ocurra en el plebiscito. Estamos en un proceso de diálogo con todos los actores para sumar apoyos que nos permitan aprobar la reforma de pensiones que es muy importante”.

Así, el secretario de Estado separó el proyecto de pensiones con lo que ocurra con la reforma. “El plebiscito tiene su propio camino”, aseguró.

De esta forma, ambos ministros pusieron el foco en que la reforma no está avanzando no por el plebiscito, sino por la falta de acuerdo e intransigencia que, a su juicio, tiene la derecha.

El titular de la Segpres, además, tuvo que hacer frente a las críticas por una supuesta sequía legislativa, cuestionamientos que surgieron a raíz del nulo avance del proyecto de pensiones.

En el oficialismo dicen que fue un error del gobierno intentar suspender la tramitación y más aún ligarla al plebiscito. Esto, porque transmiten que eso se aleja del propio diseño de La Moneda de no involucrarse directamente en el proceso constitucional, salvo en algunas materias puntuales.

En el sector recalcan que parte de la estrategia del Partido Republicano es que las elecciones de diciembre sean un plebiscito a la gestión del gobierno, por lo mismo, afirman que es una mala idea vincular la reforma previsional al resultado de esos comicios, ya que eso podría terminar favoreciendo el “A favor” del texto que promueve esa colectividad en momentos en que la izquierda se inclina por el “En contra”.

En el gobierno, en todo caso, también hay otras visiones. Dicen que el giro de los secretarios de Estado responde a que varios sectores políticos, entre ellos la DC, argumentaron que sí podría existir un acuerdo antes del referéndum. Y que las palabras iniciales de Jara sirvieron para ejercer presión en la oposición, ya que les permitió emplazarlos a llegar a un pacto.

Además, agregan que si bien en el proceso constitucional tuvieron una actitud “más pasiva”, ahora están con un tono de “preocupación”. Así, añaden las mismas fuentes, que en esta etapa del proceso constitucional -donde el Ejecutivo aún no manifiesta una postura respecto del plebiscito- habrá más libertad de los ministros para abordar ciertas materias constitucionales.

Entre los partidos, en todo caso, valoraron que el Ejecutivo echara pie atrás en sus planteamientos iniciales. El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, indicó que “me parece que lo correcto es no interrumpir esta discusión y desde luego debe desacoplarse por completo del plebiscito”.