Nuevo Legislativo a partir de 2026 y el levantamiento del secreto del Informe Valech: las normas transitorias aprobadas que pasan a comisión

Seis de las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional votaron este martes las propuestas de transitorios que realizaron los convencionales con el objetivo de ser derivadas a la Comisión de Normas Transitorias, que comenzará a sesionar a partir del próximo 17 de mayo.

Estas corresponden a las iniciativas que establecen los plazos para pasar de la actual institucional a la que instaure la propuesta de nueva Constitución, cuyo borrador ya tiene más de 440 artículos, entre ellas, materias relativas al Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Así, las comisiones de Derechos Fundamentales, Sistema Político, Justicia, Forma de Estado, Principios Constitucionales y Sistemas de Conocimientos votaron ayer sus propuestas. También hizo lo propio la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas -instancia adicional a las comisiones temáticas-, quedando pendiente solo los transitorios de la Comisión de Medio Ambiente, instancia que contempla realizar este sábado 14 de mayo su último pleno.

De esta forma, varias materias fueron aprobadas en general y despachadas a la Comisión de Normas Transitorias, instancia en la cual, una vez que se inicie su trabajo, establecerá un plazo de indicaciones para corregir algunas materias aprobadas y elaborar una propuesta final en cada área, que debe ser visada por el pleno, con un quórum de dos tercios.

En Sistema Político la votación se extendió por menos de una hora. Se sometieron a votación apenas 10 propuestas de normas transitorias. Habrían sido más, si no fuera porque la fórmula conjunta del Frente Amplio, el Colectivo Socialista, Movimientos Sociales, Chile Digno, No Neutrales y los escaños reservados llegó un par de minutos fuera del plazo máximo que dispuso la secretaría de la comisión.

Por esa razón, la mayoría de sus propuestas no fueron consideradas, mientras que las que presentó la derecha junto al Colectivo del Apruebo y Pueblo Constituyente junto a la Coordinadora Plurinacional sí lo fueron.

Durante la jornada se aprobó que la paridad de género “será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local que se lleve a cabo inmediatamente después de la entrada en vigor” de la nueva Constitución.

A la derecha y al Colectivo del Apruebo se les aprobó la iniciativa que pretende establecer que “los capítulos, artículos y referencias al Poder Legislativo entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026″. Eso sí, establece que de ese plazo quedarán fuera “las reglas de la Constitución para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de la Regiones (que reemplazaría al Senado), así como las facultades de los mismos órganos que entrarán en vigor desde el momento de la convocatoria de dichos procesos electorales”. Una materia no menor, debido a que no se precisa fecha para poner fin a la labor de los senadores que fueron elegidos durante el año pasado.

Asimismo, se definió que lo referido al Presidente de la República entrará en vigencia el 11 de marzo de 2026, “con excepción de las reglas de la Constitución para elegir Presidente de la República que entrarán en vigor desde el momento de la convocatoria de dicho proceso electoral”.

A Pueblo Constituyente y a la Coordinadora Plurinacional se les aprobó la iniciativa que establece que la reelección del cargo del Presidente “no le será aplicable al Presidente actual”.

También se definió que, dentro de un plazo de dos años, se dictará una ley que modificará las normas electorales para que sean elegidos los escaños reservados de los pueblos indígenas.

De todas formas, varias de estas materias serán modificadas o profundizadas cuando se ingresen las enmiendas de los colectivos que quedaron fuera de plazo.

En el caso de la Comisión de Sistemas de Justicia, una de las normas que causaban mayor debate previo a la votación era la referida a la amnistía para los detenidos en el contexto del estallido social. En concreto, la propuesta de norma transitoria, derivada de una iniciativa popular de norma, sostenía que se concedería “amnistía a todos quienes, en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados por hechos delictivos”.

Otra propuesta de norma complementaba que serían beneficiarios quienes hayan sido imputados o condenados entre el 7 de octubre de 2019, hasta la ratificación del nuevo proyecto de Constitución en el plebiscito de salida, es decir, el 4 de septiembre de este año. Sin embargo, ambas normas fueron rechazadas.

En relación a la eliminación o reemplazo de órganos actualmente vigentes, se aprobó la idea de que la Corte Constitucional deberá quedar instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, mientras que los ministros del TC no podrán ser elegidos como jueces de la Corte Constitucional.

Además, se determinó que el TC se entenderá por suprimido “de pleno derecho al cabo de seis meses de la entrada en vigencia” de la Constitución.

En tanto, la comisión definió que los fiscales regionales “deberán permanecer en el ejercicio de sus cargos por el tiempo que esta (la Constitución) establezca y, en caso de que su desempeño se haya extendido por un término superior, deberán cesar de inmediato, no pudiendo ser reelegidos ni postularse nuevamente al mismo cargo”.

Además, desde la entrada en vigencia de la Constitución y mientras no existan las disposiciones legales que den cumplimiento a las normas constitucionales relativas al Poder Legislativo, la designación del cargo de contralor general “corresponderá al Congreso, por mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio (...)”.

Por otra parte, se detalla que la regla de paridad en la integración de todos los órganos autónomos “será realizada de manera gradual”, dentro de un plazo máximo de dos años.

En el caso de la Comisión de Derechos Fundamentales hubo una de las normas transitorias que no pasó desapercibida y que terminó siendo aprobada con 17 votos a favor y 15 abstenciones. Esta corresponde a una disposición que levanta el secreto de la Comisión Valech.

“La Ley N° 19.992, que en su Artículo 15 declara el embargo de 50 años de los documentos, testimonios y antecedentes aportados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, es, por tanto, contraria a los principios y derechos reconocidos en esta Constitución, por lo que dicha disposición, que prevé el embargo, se deroga ipso facto”, dice la norma aprobada. Sin embargo, agrega que “se reconoce el derecho de los descendientes o representantes legales de las víctimas de estas violaciones a mantener el secreto si así lo manifestaren ante el organismo que tenga bajo custodia dicha información”.

La idea de levantar el secreto de estas materias había sido cuestionada previamente, en el marco del trabajo de la comisión, por el expresidente Ricardo Lagos y otros personeros de la ex Concertación.

También se aprobó que, en un plazo de dos años, después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, “el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto la creación e implementación” del nuevo Sistema Nacional de Salud. En el mismo plazo también, el Presidente deberá ingresar un proyecto para “la creación del Sistema Nacional de Educación” y para “la definición e implementación de los mecanismos adecuados para garantizar la disponibilidad de suelo para la provisión de vivienda”.

Por otro lado, también se visó que en el plazo máximo de seis meses, prorrogable por seis más, desde la entrada en vigencia de la Nueva Constitución, “el Presidente de la República convocará a la constitución de una Comisión Territorial Indígena, cuya obligación y finalidad será desarrollar, impulsar y ejecutar una política de catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de tierras a los pueblos y naciones indígenas”.

En la previa a la redacción de las normas transitorias, la mesa directiva de la Convención -encabezada por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales) y Gaspar Domínguez (No Neutrales)-, a partir de este miércoles iniciará una ronda de reuniones con el Poder Legislativo, Judicial y otras instituciones como el Ministerio Público, Banco Central, entre otras, para recoger sus propuestas en la materia.

La primera de ellas incluirá a la mesa del Senado -presidido por Álvaro Elizalde- y la de la Cámara de Diputados -encabezada por Raúl Soto-.