Nuevo round entre Tohá y Kast en el Senado marca discusión de veto del gobierno a ley de usurpaciones

Este miércoles, la comisión de Seguridad Pública del Senado vivió su segunda sesión para analizar y discutir las 14 observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto que busca endurecer las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

A diferencia de la sesión de la pasada -que estuvo marcada por el duro cruce entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y los senadores de derecha-, se esperaba un clima mucho más distendido y reposado, ya que la sesión consistía en escuchar a tres invitados: Francisco Ljubetic, decano de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma; Yasna Navarrete, representante de los agricultores de la provincia de Malleco en la región de La Araucanía, y Javier Wilenmann; profesor de derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Sin embargo, casi al cierre de la sesión, llegaron los ministros Segpres, Álvaro Elizalde (PS), y la ministra Tohá, quien se volvió a trenzar en una discusión con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe Kast (Evópoli), por la norma transitoria que establece el proyecto para eximir de detenciones a personas que viven en campamentos catastrados y que -según el diagnóstico del Ejecutivo- no evita sanciones de presidio.

“Lo que es muy curioso en este debate, cuando se dice que es inaceptable que haya multa en los casos de necesidad habitacional, se está diciendo entonces que debe haber cárcel, entonces se está diciendo que la gente que participa de estos hechos -que son hechos punibles, son delitos en la nueva ley- debiera ir a la cárcel. Una de dos: o uno dice cuando haya una necesidad habitacional vamos a dar otro trato, o bien dice cuando hay necesidad habitacional se va a aplicar cárcel sin excepción, que es lo que proponía el texto del Congreso y que estamos hoy vetando”, explicó Tohá.

La tesis del gobierno es que las disposiciones transitorias -respaldadas desde el PC al Partido Republicano, que buscaban eximir a los campamentos históricos, que estuvieran en el catastro nacional del Ministerio de Vivienda, vigente hasta inicios de 2024- sólo tienen un efecto policial, pero no evitan a las personas ser condenadas en el marco de un proceso penal.

“Lo que se está diciendo es que todas situaciones debieran tratarse con cárcel como única herramienta, el Ejecutivo considera que eso es muy peligroso, considera que eso es abrir la puerta a algo que no sabemos cómo va a terminar”, advirtió la ministra del Interior.

Ese punto que encendió los ánimos entre la ministra y el senador Evópoli, ya que las sanciones que se deberían aplicar a las usurpaciones “no violentas” -como es el caso de los campamentos- es el último nudo entre Chile Vamos y el oficialismo que existe en la tramitación del veto.

“¿Por qué hoy día usted cree, con el veto del gobierno, que robar una mochila o un celular sin violencia en un retail (...) sí está bien que tenga pena de cárcel, y en cambio usurpar una parcela no? Esa es mi pregunta y no he visto que la responda en ningún lado”, lanzó Kast.

A lo que Tohá retrucó: “Yo lo lamento, porque la he respondido varias veces. Robar sin violencia no existe, el robo es un hurto con violencia; si es sin violencia ya no es robo, es hurto y el hurto cuando son bienes inferiores a media UTM no tiene presidio, no es un delito, es una falta. Aquí este delito que estamos creando -la usurpación- se va a cometer incluso si es sin violencia, sin daño; el hurto cuando es menos de una UTM es una falta. Entonces, no es que sea menos grave la usurpación que el hurto”.

Si todo sigue según lo previsto, las observaciones del Ejecutivo deberían votarse a fines de octubre. “Nuestro objetivo es que salga del Senado en octubre, probablemente en la última semana”, dijo Kast a La Tercera, remarcando que no existe ánimo de dilatar.