Oposición dilata definición sobre acusación constitucional a Chadwick y busca dar señal de unidad

La creación de una mesa técnico-jurídica que estudie la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ese fue el acuerdo al que llegó hoy la oposición, tras discutir por más de una hora las fórmulas para enfrentar desde el Congreso los nuevos antecedentes del caso que investiga la muerte de Camilo Catrillanca.

"El primer punto común que quiero destacar es que todas las bancadas están disponibles a analizar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior", dijo hoy el jefe de los diputados del Partido Socialista, Manuel Monsalve, en un punto de prensa acompañado de todas las bancadas de la centroizquierda.

Esto, luego de que el martes la DC anunciara que no existía acuerdo en el partido para impulsar la medida, lo que fue valorado por Chadwick de manera pública.

Este gesto generó molestia en la falange. Según varias fuentes del partido, fue uno de los motivos por el cual los parlamentarios DC decidieron dar una señal concreta junto a la oposición.

"La bancada de diputados DC, junto con el PR y la regionalista, estamos absolutamente abiertos a estudiar la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del Interior", dijo Matías Walker (DC).

La comisión de expertos tiene plazo hasta la última semana de enero para zanjar la viabilidad del libelo, lo que dejaría para marzo una eventual presentación de la acusación. Esto vendría a resolver la preocupación que existía dentro de la oposición sobre los plazos.

Desde la centroizquierda aseguran que la postergación de la definición fue resistida por parlamentarios asistentes a la cita, quienes plantearon que podía diluirse el efecto político que se buscaba. Finalmente, sin embargo, se impuso la opción de mostrar responsabilidad en la ofensiva y evitar los errores que se cometieron en las otras dos acusaciones que se presentaron en 2018, contra el ministro de Salud, Emilio Santelices, y luego contra tres ministros de la Suprema, donde primero se anunció el libelo y después se revisaron los antecedentes.

Los principales sustentos jurídicos que se evaluarían serían profundizar, en primer lugar, el incumplimiento al artículo 8 de la Constitución que plantea que "el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones". Por otro lado, analizarán si existió obstrucción a la justicia.