Las condiciones para ser electos y llegar al Congreso han sido un foco de discusión pública en los últimos días a propósito del proyecto que fija un límite para la reelección de los parlamentarios y la controversia jurídica que se ha desatado respecto de su aplicabilidad, particularmente, cómo afectaría la nueva norma a los senadores y diputados en ejercicio.

El debate no ha estado exento de recriminaciones y, en términos más amplios, ha reabierto la discusión sobre la legitimidad de los congresistas y su rol a partir de la crisis de confianza por parte de la ciudadanía. Sumado a eso, también los parlamentarios han debido enfrentar la tramitación de la rebaja en sus dietas y de otras autoridades públicas, lo que ha generado un nuevo escenario que ha tensionado al Poder Legislativo.

En este contexto, la bancada de diputados de la UDI decidió abordar otro aspecto vinculado a esta problemática: la situación de aquellos legisladores electos con un muy bajo porcentaje de votación, un nuevo foco de debate que genera inquietud en algunos sectores.

Liderados por la jefa de bancada gremialista, María José Hoffmann, un grupo de parlamentarios de ese partido, apoyado por algunos de sus pares de RN, ingresó esta semana un proyecto que fija un piso mínimo de 5% de votación para resultar electo. Según argumentan en la iniciativa, “la estabilidad de todo sistema político descansa en autoridades electas por grandes mayorías, sobre las cuales se expresa más fielmente la voluntad de la gente como único depositario de la soberanía”.

En esa línea, Hoffmann dice que la modificación al sistema electoral que terminó con el binominal -aprobada en 2015 y puesta en práctica en las elecciones de 2017-, “con la excusa de una mayor representación, se transformó finalmente en una distorsión grosera del sistema democrático nacional”. Así, plantea que con el proyecto que promueve su colectividad “se busca que nunca más sea electa una ‘bancada del 1%’ que desperfila y distorsiona la soberanía popular, ya que ellos con sus votos inciden en materias relevantes, pero en la práctica se representan a ellos mismos al no haber logrado el grado de representación necesaria según el objetivo inicial de la reforma al sistema electoral”.

Con sus palabras, la legisladora hace referencia a los 31 diputados y dos senadores que resultaron electos en 2017 con menos de un 5% de los votos. De este grupo, 10 diputados en ejercicio tuvieron menos de un 3% de la votación en sus distritos, algo que incluyó a representantes de distintos sectores políticos, entre los que están Natalia Castillo (RD, 1%), Gonzalo Winter (CS, 1,2%), Boris Barrera (PC, 1,3%), Amaro Labra (PC, 1,8%), Karin Luck (RN, 1,8%), Juan Manuel Fuenzalida (UDI, 1,9%), Sebastián Torrealba (RN, 2,3%), Sebastián Álvarez (Evópoli, 2,4%), Jaime Tohá (PS, 2,4%) y Florcita Alarcón (PH, 2,7%).

Para otro de los autores del proyecto, el diputado UDI Juan Antonio Coloma, la propuesta que ingresaron a trámite debiese ir de la mano con la iniciativa que establece una reducción en el número de legisladores.

Esa discusión formó parte de los compromisos anunciados por el Presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública del año pasado, pero que recién se reactivó a partir del estallido social de octubre, teniendo un mínimo avance en la Cámara.

Sin embargo, para el RN Luis Pardo, quien también respalda el proyecto de la UDI, “hay posibilidades de lograr avances (en ambas materias), porque -destaca- ya hubo un acuerdo con la DC para bajar la cantidad de diputados en 134″. A su juicio, "aunque esto no resultó producto de la forma en que se legisló en su momento, creo que hoy hay un respaldo de la ciudadanía a una medida de este tipo, lo que también va a incidir para que se produzcan los apoyos necesarios”.

“Sin duda, uno de los temas que ha contribuido a la pérdida de valoración del Parlamento son los diputados y diputadas de baja representatividad”, plantea Coloma, quien argumenta la necesidad de establecer un piso mínimo de elegibilidad señalando que “de esta forma se evitará la polarización del debate, ya que muchas veces estos parlamentarios polarizan las discusiones buscando mayor reconocimiento con miras a las próximas elecciones”.

Y ante quienes defienden el sistema actual argumentando que permitió una mayor diversidad en el Parlamento, Pardo responde: “Cuando la diversidad se transforma en una distorsión, se torna muy difícil la generación de acuerdos y la concreción de estos. Entonces, pasa a ser una democracia de nichos, en donde en vez de haber un debate público orientado a la ciudadanía, hay un conjunto de líderes dispersos que les hablan a sus respectivos electorados y no se produce el debate que sustenta la democracia. Por lo tanto, la diversidad también es un valor que tiene que estar, de alguna manera, contrapesado con la capacidad operativa que tenga un Parlamento de lograr acuerdos y avanzar en las materias que son sustantivas para el país".