Pleno de la Convención comienza votaciones en general de las primeras propuestas de normas: para ser aprobadas necesitan 103 votos a favor

Una etapa clave es la que comenzará a registrarse a partir de este martes en la Convención Constitucional. De acuerdo al cronograma del órgano redactor, a las 15.00 horas el pleno iniciará con los debates y votaciones en general de las primeras propuestas de normas para, de esta manera, comenzar a dar forma a lo que será el proyecto de nueva Constitución.

Tras el cierre del proceso de recepción de iniciativas populares de norma e iniciativas de convencionales, el 20 de enero y el 1 de febrero respectivamente, y de finalizar con las discusiones en cada comisión temática, el hemiciclo -a 20 semanas de la fecha establecida, en un comienzo, para tener totalmente lista la propuesta de nueva Carta Magna- tendrá que deliberar respecto a las normas que fueron aprobadas previamente en cada comisión.

Esta semana los primeros artículos que se votarán en el pleno corresponden a aquellos que fueron visados por las comisiones de Sistemas de Justicia y Forma de Estado, por lo que se espera que Vanessa Hoppe y Christian Viera -coordinadores- sean los primeros en llegar a la instancia para exponer. Se prevé que la primera votación en general, que corresponde al informe de la Comisión de Sistemas de Justicia con sus 16 artículos, comience pasadas las 23.00 horas.

En ese sentido, se realizarán 21 sesiones plenarias para cumplir con todas las comisiones hasta la fecha tope de esta etapa, el 22 de abril.

Pero, ¿cuál es la fórmula para el debate y votación en el pleno? El vicepresidente de la instancia, Gaspar Domínguez, detalló este lunes que los plenos deliberarán, de acuerdo a lo programado, los martes, miércoles y jueves en las tardes, mientras que los viernes comenzarán en la mañana hasta total despacho. Además, las comisiones trabajarán de martes a jueves por la mañana.

Las sesiones plenarias comenzarán con una presentación del informe -15 minutos- y luego se da paso a una etapa de máximo 8 horas para que cada constituyente -3 minutos por convencional-, si así lo quiere, pueda opinar y exponer su posición respecto al informe en general.

Para el caso de las deliberaciones en general, si la votación alcanza el quórum de los 2/3, es decir, 103 votos -de los 154- o más, el informe con las normas pasa a la votación en particular, lo que será discutido en otra sesión plenaria. Por el contario, si no obtiene la aprobación necesaria volverá a la comisión correspondiente.

En cuanto a las votaciones en particular, tras la presentación y el espacio de debate de máximo 8 horas, comienza la votación artículo por artículo. En caso de obtener más de 2/3 el artículo se aprueba y pasaría directamente al grupo de normas aprobadas. Si obtiene una cantidad de votos que sea de mayoría, pero que no alcance los 2/3, el artículo vuelve a la comisión para recibir indicaciones, modificaciones y reenviarlo al pleno.

A diferencia de la instancia en general, en la votación en particular puede ocurrir que se obtengan pocos votos, en ese escenario la norma se extingue y no tiene posibilidad de volver al plenario.

Esta nueva etapa, crucial para el organismo, se da una semana después de que la mesa directiva -lunes 8 de febrero- liderara una reunión, a la cual fueron convocados representantes de todos los colectivos que son parte del proceso para evaluar el cronograma, la situación de las comisiones, plantear la necesidad de lograr acuerdos y cumplir con los plazos.

Teniendo en cuenta la cantidad de iniciativas que deben ser discutidas y votadas, comenzaron ha surgir dudas al interior del hemiciclo respecto al tiempo que queda -hasta el 4 de julio- para concluir con la redacción del texto. Incluso algunos constituyentes han solicitado la posibilidad de ampliar el plazo establecido.

En ese sentido, Domínguez expresó, en radio Cooperativa, que “tenemos que hacer todos los esfuerzos existentes, habidos y por haber, para cumplir los plazos que ya están establecidos”, haciendo hincapié que “el tiempo que estimamos es de 12 meses, que es el que está establecido desde el principio, y nuestro cronograma que está hecho y aprobado, zanjado y sacramentado hace varios meses también incorpora la fecha máxima, el 4 de julio”.

Pero también, a pesar de que el viernes de la semana pasada se decidió -por unanimidad- que las normas deben ser aprobadas en general por un quórum de 2/3, se ingresó un oficio firmado por 50 convencionales solicitando evaluar esa resolución.

La situación desencadenó que la presidenta citara a los convencionales de la mesa directiva a una reunión extraordinaria, la que se hizo este lunes. En concreto, Gaspar Domínguez (INN) y las vicepresidencias adjuntas de Tomás Laibe (CS), Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), Raúl Celis (Vamos por Chile), Amaya Alvez (FA) Lidia González (Pueblo Yagán) y Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche) participaron del encuentro.

Con todo, la mesa tomó la decisión -por 5 votos a favor y 3 en contra- de no revaluar el quórum para la votación de normas en general en el pleno. En detalle, las convencionales Sepúlveda, Llanquileo y la presidenta del órgano redactor dieron su voto a favor, mientras que Domínguez, Laibe, Celis, Alvez y González rechazaron el oficio.

A las 9.30 horas se dio inicio a la sesión n°38 de la comisión de Derechos Fundamentales. En esa oportunidad los constituyentes votaron en particular las iniciativas del Bloque Temático n° 1, que son relativas a titularidad, finalidad y financiamiento de los derechos fundamentales.

Cerca de una hora después del comienzo de la sesión, la comisión aprobó en particular con 24 votos a favor y 8 rechazos -entre ellos Felipe Harboe, Rocío Cantuarias y Teresa Marinovic- el primer artículo “los derechos fundamentales son atributos necesarios para desarrollar una vida digna y democrática, en un contexto de protección a la naturaleza”.

Según se detalla, el objeto y fin de este artículo apunta a que “los derechos fundamentales son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí. Comprenden los derechos de la naturaleza, realidad íntimamente ligada al desarrollo de la vida, de las comunidades, de las naciones y de los pueblos como de las futuras generaciones”.

“La protección, promoción y satisfacción de los derechos humanos es un fin primordial del Estado y de la sociedad. El pleno ejercicio de estos derechos es condición necesaria para asegurar la paz, la democracia, la vida digna y el pleno desarrollo de las personas y de los pueblos”, cierran.