Presidente Boric promulga leyes en materia de seguridad ad portas de un nuevo consejo de gabinete

En el salón Montt-Varas en el Palacio de La Moneda, la mañana de este viernes el Presidente Gabriel Boric promulgó leyes en materia de seguridad, en una breve ceremonia efectuada ad portas de encabezar un nuevo consejo de gabinete.

En concreto el Mandatario promulgó dos nuevas leyes: la Ley número 21.201, que modifica la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar esas conductas, y la Ley número 21.602, que modifica los requisitos para ser llamado al servicio en Carabineros de Chile.

A ello se sumó la presentación de la Ley número 21.594, que ya había sido promulgada esta semana y que modifica el Código Penal, para sancionar la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.

Con las nuevas normativas, el gobierno concretó ocho de los 31 proyectos priorizados por el Ejecutivo y el Legislativo en materia de seguridad, que forman parte del Fast Track legislativo.

Al respecto, y una vez finalizado el consejo de gabinete, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que en las próximas semanas se presentarán otros proyectos que están “pronto a ser terminados en su tramitación”.

Entre ellos se encuentra el proyecto de ley de contrabando, el proyecto de cámaras corporales, el que busca hacer frente a la reincidencia en la comisión de delitos y el proyecto de Refugio y Reconducción. Este último, según explicó la secretaria de Estado, está enfocado en temáticas migratorias y busca alcanzar “compromisos y estándares internacionales” en miras a prevenir la delincuencia y la actividad criminal “a la vez que permiten cuidar y respetar los DD.HH.”.

Respecto a la ley que amplía el llamado al servicio de Carabineros, desde el gobierno precisaron que el nuevo estatuto permitirá “contar con más funcionarios policiales, respondiendo rápidamente a una demanda ciudadana”.

En efecto, la ley permitiría contar con más de 1.100 nuevos carabineros, los que se incorporarían de forma gradual a la institución hasta el año 2025. Además, desde el Ejecutivo precisan que esta ley “permitirá mejorar la eficacia policial”.

En concreto, el llamado al servicio en Carabineros consiste en convocar a personal en retiro a cumplir funciones en la policía uniformada. Además, aumenta el período máximo por el que se puede llamar al servicio, pasando de 5 a 7 años y se aumenta el porcentaje máximo de personal que puede ser llamado al servicio, de 1,5% a 3%.

“Esto significa más carabineros y carabineras. Significa que vamos a poder recontratar a carabineros que pasaron a retiro y vamos a poder mejorar un mecanismo que había previamente”. “Esto debiera generar de aquí a dos años más, más de 1.300 carabineros adicionales, muy importante para reforzar la presencia en las calles”, señaló la ministra Tohá sobre la nueva normativa.

En cuanto a la modificación a la Ley de Tránsito que busca prevenir el robo de vehículos, el estatuto establece que se aumentarán las sanciones a las conductas que faciliten el delito de venta de vehículos robados.

En detalle, se establece que “la primera inscripción de un vehículo sólo podrá fundarse en facturas emitidas por empresas y/o concesionarios incluidos en la nómina que llevará el Registro Civil (este registro de concesionarios es creación del proyecto de ley)”.

Además, desde ahora será obligación grabar las patentes de todo tipo de vehículo que deba circular con éstas, tanto en espejos como en ventanas, estableciéndose sanciones para quienes no cumplan con esta medida.

Asimismo, se considera como “falta gravísima la conducción de vehículos con placa patente oculta, en mal estado, o la conducción con luces que obstaculicen la visión de las patentes”.

Otro punto que se agrega, es la prohibición de venta de combustible a vehículos motorizados que no cuenten con placa patente. De no cumplirse esta regla, la estación de servicio arriesga multas de 10 a 100 UTM.

Al respecto, la ministra Tohá indicó que la normativa adopta la tecnología y permite “generar elementos para hacer más difícil que los vehículos puedan ser, de alguna manera, anonimizados, generándoles marcas en distintos elementos para que siempre se pueda identificar cuál es el origen de ese vehículo y, de esa manera, aumentar la trazabilidad para la investigación de estos delitos y para el descubrimiento de los culpables de estos”.

Finalmente, la Ley 21.594 ahora establece como delito la tenencia de elementos tecnológicos para comunicarse con el exterior desde las cárceles.

De esa forma, aumentan las sanciones para el funcionario público que no denuncie este delito, arriesgando pena de presidio menor en su grado mínimo y suspensión o inhabilitación de su cargo u oficio. Con ello -precisan desde Palacio- “se previene la organización y comisión de delitos desde las cárceles”.

“Esto es muy importante, porque hoy muchas personas son víctimas de delitos que se cometen desde las cárceles haciendo uso de celulares, y esto se va a transformar en un delito. Por lo tanto, si una persona está privada de libertad, está cumpliendo una condena y en un control se descubre que está haciendo uso de celulares va a estar cometiendo un delito adicional y su pena se va a ver incrementada”, afirmó Tohá.

La promulgación de las leyes se efectuó a primera hora de este viernes, ad portas de un nuevo consejo de gabinete, el que se desarrolló en medio del nudo que generó en el espectro político el proyecto de ley de usurpaciones, iniciativa que endurece medidas en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos y que en tercer trámite constitucional fue despachada por el Senado la tarde de este miércoles, asestando así una dura derrota al gobierno, desde donde advirtieron que vetarán la norma sobre “legítima defensa privilegiada”.

Además, la reunión se desarrolló luego que la Contraloría General de la República diera a conocer el informe de auditoría que se le realizó a la Seremi de Vivienda de Antofagasta (Serviu), en el marco del lío de platas desatado a raíz del caso Democracia Viva, fundación ligada a Revolución Democrática (RD).

En el documento de 91 páginas se muestra que se revisaron todos los convenios visados entre los años 2020 y 2023, y se acreditó la “falta a la probidad” por parte de exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex RD). Además, se dio a conocer que el funcionario dividió montos de convenios para evitar el control legal del ente fiscalizador.

Sumado a ello, en el informe se revela que, al menos, 12 personas tenían contrato en el Serviu y también en fundaciones.