El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, realizó aclaraciones sobre los dineros que son entregados a los candidatos tras las elecciones en reembolso por sus gastos en campaña.
“Es un aporte fiscal y es un reembolso de gastos reales, ciertos, efectivos, comprobables que ha realizado el candidato que estén respaldados con boletas y facturas y que además tienen otra condición, estar pendientes de pago y no haber sido pagados con otros aporte”, explicó, acotando que asciende a 0,04 Unidades de Fomento por voto obtenido ($1.200 aproximado).
Tagle insistió en que ese reembolso “tiene que ser contra gastos comprobables”.
“Si a nosotros nos llega una rendición, por ejemplo, de que hubo un medio de comunicación en que tuvo frases radiales nosotros vamos a comprobar si las tuvo, porque nosotros estamos siguiendo hoy día toda la propaganda que se hace en radio, entonces si viene una factura y no la tuvo, obviamente no vamos a aceptar un gasto así”, detalló.
Andrés Tagle enfatizó que realizan una verificación detallada de la documentación asociada. “Revisamos los gastos y especialmente revisamos los que son dudosos”, dijo.
En ese sentido planteó que “hay una noticia falsa corriendo de que candidatos ganan plata con esto, que tienen hijos y que pueden pagar las pensiones de alimentos. No, estos son fondos fiscales, eso es muy importante, no se van a pagar las pensiones de alimentos con fondos fiscales, sería demasiado”.
Tagle recordó además que en el caso de los partidos “que tienen derecho a hacer su campaña”, también hay un reembolso que corresponde a 0,015 Unidades de Fomento por voto.
Por otro lado, el presidente del Servel fue consultado por la situación del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que reside en Estado Unidos y realizó su campaña en redes sociales, sin haber pisado suelo chileno.
“Creo que el no estar presente es un perjuicio que un beneficio respecto de la campaña”, dijo, comentando que lo ocurrido con el economista “es una excepción” que no había tenido lugar antes.
Asimismo, señaló que “no hay una obligación legal” para que el candidato deba hacer campaña en el territorio.