Quinto intento de la oposición: los ministros de Boric que han sido acusados constitucionalmente

El martes, finalmente la oposición presentó la anunciada acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes. Chile Vamos, republicanos, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido de la Gente (PDG) se unieron para ingresar el libelo en la Cámara de Diputados, en el que apuntan a una eventual responsabilidad en los traspasos de recursos desde el ministerio a fundaciones.

Fue el caso Democracia Viva el que abrió la puerta a la investigación del denominado lío de platas políticas, en que la fiscalía indaga, en diversas regiones, presuntos delitos de tráfico de influencia, malversación de caudales públicos o fraude al fisco.

La semana pasada dos de los ‘rostros’ de Democracia Viva quedaron en prisión preventiva: el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, quien firmó los millonarios contratos con la fundación, y el entonces representante legal de esa institución, Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada por esa región, Catalina Pérez.

Las acusaciones contra Montes -reflejadas en cinco capítulos del libelo-, son: “haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre el funcionamiento de los órganos y actuación del personal sometidos a su dependencia”; “haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023 en curso”, “haber infringido la Constitución y las leyes al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa” y ser “responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución”.

A eso se sumó un capítulo final que hace referencia a uno de los últimos antecedentes conocidos sobre el caso: la declaración de la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien señaló que el ministro recibió un informe previo a que saliera a la luz el caso de Democracia Viva. El secretario de Estado ha expresado no haber tenido “acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidad, delito o nada por el estilo”.

La de Montes es la quinta acusación constitucional en contra de un ministro del gabinete del Presidente Gabriel Boric. Hasta ahora todas han fracasado en la Cámara de Diputados -sin alcanzar a llegar al Senado- y no han logrado el acometido que busca una acción de esta naturaleza: destituir a un secretario de Estado e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por cinco años.

Sin embargo, y paradójicamente, todos los personeros acusados por la oposición han terminado de todas maneras saliendo del gabinete.

El último intento fallido fue en contra del entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD). El escrito había sido impulsado por un grupo de diputadas evangélicas, que le reprochaban un supuesto intento de imponer una doctrina en favor de la diversidad sexual en la enseñanza.

No fue una acusación que naciera directamente a alero de Chile Vamos, pero se plegó el entonces secretario general de RN y diputado, Diego Shalper, y con ello luego su bancada y otras fuerzas de oposición. Esa adhesión tenía fisura y, precisamente, el descuadre de Evópoli, además del sorpresivo rechazo del UDI Joaquín Lavín beneficiaron al entonces titular del Mineduc.

El abogado de Ávila, Francisco Cox, había resuelto no invocar la cuestión previa, por lo que ese día los legisladores discutieron directamente el fondo del libelo. Así, el 12 de julio, la admisibilidad de la acusación fue rechazada por 78 votos en contra y 69 a favor.

Todo el proceso había estado marcado por las acusaciones del gobierno de que el libelo había sido impulsado por una motivación homofóbica. El desmarque de sectores de Chile Vamos generó una tensión fuerte al interior de ese bloque, que nuevamente veía caer un intento por acusar a un ministro de Boric. El momento en que ocurrió era otro elemento relevante: en medio del caso de líos de platas políticas en que estaba envuelto el Ejecutivo.

Ávila era una de las figuras del partido en la mira de las indagatorias: Revolución Democrática. Aunque zafó en esa oportunidad, el RD dejaría el gabinete poco después, en un cambio de gabinete realizado en agosto, donde su colectividad fue la gran perjudicada.

A diferencia de los otros acusados, Marcela Ríos había dejado ya su cargo como ministra de Justicia cuando se votó su acusación constitucional el 25 de enero de este año.

Salió del gabinete el 7 de enero presionada por el anuncio del libelo y de una denuncia por el delito de prevaricación de un grupo de diputados de RN por el indulto presidencial a Jorge Mateluna.

El escrito había sido interpuesto por las bancadas de Chile Vamos, que acusaban precisamente una presunta responsabilidad política y jurídica en la concesión de indultos a condenados en el marco del estallido social y a Mateluna. Apuntaban, además, a los beneficios carcelarios a internos mapuche en la Macrozona Sur.

Ríos fue representada por el exministro Segpres y hoy embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien resolvió ir al fondo y no invocar la “cuestión previa”.

Nuevamente una división de la oposición ayudó al oficialismo. El líbelo fue rechazado con 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones. Republicanos -al menos 10 de sus diputados-, votó en contra de la acusación. Chile Vamos lo interpretó como una vendetta política de los legisladores del partido fundado por José Antonio Kast por no haber apoyado el escrito que antes ellos habían impulsado en conta de Giorgio Jackson.

Efectivamente, una semana antes de que se cayera la acusación contra Ríos, la oposición había fracasado también en su intento de acusar constitucionalmente a Giorgio Jackson, el hombre más cercano al Presidente en el gabinete y que por ese entonces lideraba Desarrollo Social.

El escrito lo había presentado el Partido Republicano acusando a Jackson de subejecutar el presupuesto de su cartera en lo relativo al fondo de tierras y aguas indígenas; por “infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad” al supuestamente haber ejercido presiones contra la exseremi de la Región Metropolitana de su ramo, Patricia Hidalgo, y por “dejar sin ejecución” la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Su abogada fue Claudia Sarmiento, quien sí invocó la cuestión previa, cuestionando así los fundamentos de la acusación y planteando que no cumplía las condiciones reglamentarias. Sin embargo, no fue aceptada por los legisladores.

Ya en la discusión de fondo, el libelo fue desechado por 68 votos a favor y 76 en contra. La oposición nuevamente no se cuadraba, ya que hubo descuelgues. Los RN Ximena Ossandón y Eduardo Durán, además de Joaquín Lavín, se abstuvieron.

No sería la única acusación constitucional que impulsarían los republicanos en contra el fundador de Revolución Democrática. El 8 de agosto de este año anunciaron un nuevo libelo, en el marco de las indagatorias por los líos de platas. “La mayoría de los chilenos sabe que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción en nuestro país”, fue una de las frases que lanzó ese día el jefe de bancada, Benjamín Moreno.

Tres días después -con el peso de una acusación que tenía chance de ser respaldada y cuando la UDI había cortado relaciones con el gobierno exigiendo su salida-, Jackson finalmente dio un paso al costado, dimitiendo el 11 de agosto.

Con su salida del gabinete, los republicanos decidieron bajar la acusación en contra del exdiputado.

Fue la primera integrante de gabinete que tuvo que hacer frente a una acusación constitucional.

El 15 de junio de 2022, cuando recién se cumplían tres meses de la llegada de Boric al poder, los republicanos ingresaron la acusación en contra de Izkia Siches, por esos días ministra del Interior.

Era un escrito de siete capítulos, donde incluían como argumentos: “reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la Macrozona sur del país”, “entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados” y “omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada ‘Coordinadora Arauco Malleco’ (CAM), Héctor Llaitul”.

Meses antes -en abril- la entonces jefa de gabinete había acusado al gobierno del expresidente Sebastián Piñera de traer de vuelta a Chile a ciudadanos venezolanos que debían ser expulsados en un vuelo a su país. Tuvo que retractarse y pedir disculpas asumiendo que había entregado “información incorrecta”.

El libelo fue votado el 12 de julio. A diferencia de las acusaciones que vendrían después, ésta se cayó en la denominada cuestión previa, que fue acogida por los diputados luego de ser invocada por la abogada Elisa Walker.

Siches, quien se había transformado en la primera mujer en asumir como titular de Interior, dejó el cargo casi dos meses después de capear la acusación, en el marco del ajuste ministerial en que Boric removió el corazón político del gobierno, y con cuestionamientos a su gestión.