RN pone el foco en Montes: acude a Contraloría para estudiar posible acusación

Volver a poner el foco en el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), se plantearon en la bancada de RN. Con ese objetivo, los diputados liderados por Frank Sauerbaum acudirán con un requerimiento ante la Contraloría General de la República para responsabilizar al titular de la cartera de las faltas administrativas en las unidades dependientes del ministerio.

Esto último, considerando que se supo que en el caso de algunas transferencias de dinero desde el Estado a fundaciones, no hubo requerimiento de boletas de garantía. De ahí que en la bancada de RN consideran esto último como una falta de resguardos del ministro.

La idea es que de acuerdo a lo que dictamine la Contraloría, se pueda estudiar una acusación constitucional en contra de Montes, si es que acaso el ente fiscalizador determine que hubo faltas del ministro en la supervisión de sus carteras dependientes.

En el requerimiento a la Contraloría -al cual La Tercera tuvo acceso-, los diputados de RN plantean que “existe evidentemente una responsabilidad del ministro Carlos Montes en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización”.

En esa línea, el requerimiento plantea “omisiones” del ministro Montes y que “la omisión del secretario de Estado se traduciría en una infracción especial a los deberes de probidad, cuestión que amerita una investigación por parte de este órgano contralor y eventualmente la remisión de los antecedentes al Congreso Nacional de estimarse procedente por parte del contralor general de la República”.

Los diputados -entre ellos la subjefa de bancada Marcia Raphael, además de Jorge Durán y Juan Carlos Beltrán- cuestionan que la fundación Democracia Viva hablara de que el Ministerio de Vivienda no les exigiera boletas de garantía.

Por ello es que los parlamentarios concluyen que desde la responsabilidad de Montes se abre la puerta a una acusación constitucional.

En el escrito que llevarán a la Contraloría establecen que “tratándose de infracciones a la probidad administrativa, esta puede y debe iniciar un procedimiento destinado a determinar responsabilidades, incluso de ministros de Estado. Sin embargo, la aplicación de medidas disciplinarias corresponderá a la autoridad competente y, en ese orden de cosas, pareciera que más allá de las facultades que tiene el Presidente de la República para diseñar su gabinete, es el Congreso Nacional el llamado a determinar la responsabilidad política por medio de una acusación constitucional”.

“El ministro Montes tenía un aparato instalado para defraudar en sus narices, y su negligencia ha reportado millones de pesos en pérdidas para el Estado de Chile y, por cierto, a miles de ciudadanos, sin poder contar con servicios básicos de habitabilidad”, añade Sauerbaum.

Durán, por su parte, agrega: “Si el contralor arriba a la conclusión de que la falta de control sobre las seremías es tal que constituyen falta a probidad, lo cierto es que no cabe otra salida que acusar constitucionalmente al ministro si el Presidente se resiste a su salida”.