A partir de las 10 de la mañana sesionará extraordinariamente este jueves el Senado para tratar de despachar a contra reloj el proyecto de reajuste del sector público.
Si bien entre senadores hay consenso en que el proyecto debe estar resuelto antes de Navidad, incluye un controversial artículo (que no tiene directa relación con el alza salarial) que ayudaría a aliviar el delicado momento financiero de las isapres.
En esta norma, que también debe ser aprobada antes de fin año, si no, un grupo de isapres podría declararse en quiebra, el Ejecutivo propone adelantar el alza del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), una suerte de IPC del rubro, que permitiría a las prestadoras subir sus valores.
El problema es que hay dos senadores de oposición, Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (presidente de la UDI), que tienen en vilo al gobierno, dado los tiempos ajustados. Ambos están promoviendo una indicación para fijar en 7,6% el alza de los precios base de las isapres, con el fin de meter presión a La Moneda para que entregue una respuesta más integral y estable para la crisis de salud.
Trámite trabajoso
En la Cámara, el gobierno logró un amplio, pero también trabajoso respaldo a la propuesta con el voto a regañadientes de una parte del oficialismo y el alineamiento completo de los diputados opositores. A cambio, el Ejecutivo debió suscribir un protocolo de acuerdo para empujar en los próximos meses una reforma el sistema de Salud.
Al final, hubo 112 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones. La mayoría de los rechazos eran legisladores de la propia alianza gubernamental molestos con el plan diseñado por La Moneda, que constituía -a juicio de ellos- el puntapié inicial un salvataje a las isapres.
No obstante, en el Senado, el cuadro es completamente distinto. La derecha no está convencida completamente de salir en auxilio del gobierno sin nada a cambio.
Si bien en el Ejecutivo estimaban que la tramitación en la Cámara Alta sería menos trabada, ciertos senadores quieren aprovechar este momento apremio del gobierno para exigir un protocolo de acuerdo adicional en el que La Moneda acelere la reforma grande al sistema de salud, para no seguir medidas de corto alcance, como el adelantar el mismo ICSA o la llamada Ley Corta de Isapres, que se discute en la Comisión de Salud.
Indicación riesgosa
Si bien el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), declaró inadmisible la indicación de Chahuán y Macaya, los patrocinantes de esta iniciativa podrían tratar de reponerla en la sala, apelando al voto mayoritario que tienen las fuerzas no oficialistas.
Si la jugada prospera, obligaría a que el proyecto vuelva a la Cámara, alargando la tramitación y abriendo un nuevo escenario de tensiones entre los diputados oficialistas.
Ese desenlace, el gobierno lo quiere evitar a toda costa. De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya anunció que no repondrían ninguna iniciativa que se cayó por el voto en contra de los diputados, como por ejemplo, los artículos sobre la extensión del teletrabajo o la puesta en marcha de algunos Servicios Locales de Educación (SLEP), menos el alza de 3,5 millones de pesos en la remuneración de los ministros del Tribunal Constitucional, que el gobierno ni siquiera lo repuso en la sala de la Cámara.
La apuesta del Ejecutivo es que el Senado apruebe todo el proyecto de reajuste en la sesión de este jueves sin ninguna modificación. Cualquier cambio, por menor que sea, forzaría un nuevo trámite con los diputados.
“Junto al senador Javier Macaya presentamos indicaciones para que tengamos certeza de que habrá capacidad financiera y no generar una quiebra sistémica. Lo que hemos visto hoy de dos isapres es una señal. Nosotros estamos velando por los intereses de los pacientes”, dijo Chahuán, aludiendo la renuncia de Banmédica y Vida Tres a la Asociación de Isapres.
El senador de RN añadió que “hemos estado conversando con los ministros Ximena Aguilera y Mario Marcel para llegar a un acuerdo que involucre la necesidad de adelantar la reforma de la salud, ojalá para el mes de septiembre y hemos pedido claridad respecto a la aplicación del ICSA, cuáles serán las condiciones para que éste permita la sostenibilidad financiera”.
En el acuerdo suscrito con los diputados, el gobierno se comprometía a aprobar, a más tardar en abril de 2024, la llamada Ley Corta de Isapres. A esta iniciativa, que está en manos de la Comisión de Salud del Senado, el Ejecutivo le pondría discusión inmediata.
También se adquirió el compromiso de “avanzar en el diseño hacia una reforma de la seguridad social en salud”, que se desarrollará con el apoyo de una comisión técnica, incluyendo representantes de instituciones, expertos, asociaciones de usuarios, universidades, prestadoras públicas y privadas y exautoridades. Dentro de las medidas, se presentarían modificaciones para eliminar las preexistencias. Además, se fortalecerá a Fonasa para comenzar a perfilar el rol de las isapres como aseguradoras complementarias.
“Nosotros asumimos un compromiso con la Cámara de presentar un proyecto de reforma conteniendo los aspectos que se había solicitado, pero ciertamente para avanzar en esa línea, necesitamos que también se apruebe la Ley Corta”, dijo la ministra Aguilera, consultada por la presión de adelantar la reforma planteada por senadores de derecha.