Sociedad civil podrá pedir al Congreso consultas públicas sobre proyectos de ley

Cinco mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo están contemplados en las modificaciones a los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado que se someterán a votación durante marzo en cada corporación.

La propuesta plasma la labor desarrollada por el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso, que lideran la diputada Paulina Núñez (RN) y el senador Alfonso de Urresti (PS), y ha sido desarrollada por todo 2018 con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y más de 100 organizaciones de la sociedad civil.

"Buscamos institucionalizar la participación de la sociedad civil en el proceso legislativo; mejorar el acceso, los procesos y las dinámicas de las audiencias de comisiones; mejorar la transparencia y el acceso a la información, y fortalecer las capacidades de la sociedad civil para participar en el proceso legislativo. Ese es nuestro objetivo", explica la diputada Núñez.

Las modalidades de participación serán las audiencias públicas, el Congreso virtual, las consultas públicas, las jornadas temáticas y el foro ciudadano. Estos dos últimos mecanismos refieren a leyes vigentes o temáticas de interés ciudadano, mientras que las demás propuestas son aplicables a proyectos de ley en discusión.

Respecto de las audiencias públicas, se trata de una práctica vigente en el Parlamento, en donde cada comisión recibe, en al menos una sesión, a grupos o personas interesadas en dar su opinión sobre algún proyecto.

Las consultas públicas, en tanto, permitirán que una persona u organización solicite la realización de una consulta virtual respecto de alguna iniciativa en trámite, solicitud que será confirmada o rechazada por la instancia en que el proyecto en cuestión se encuentre. Y aunque su resultado no será vinculante, abre un método de participación inédito en el Congreso.

Según explicó De Urresti, el objetivo es generar la mayor convocatoria posible para que las personas, tal como los parlamentarios, expresen su opinión a favor o en contra sobre un proyecto.

Precisó, además, que la votación "no es vinculante, porque sería reemplazar la soberanía popular que está depositada en los legisladores", pero que "si se asegura una alta participación, una participación formada, reglada, son elementos que indican cuál es el sentido o en qué está la sociedad frente a voluntades gubernamentales".

Sobre el punto, la coordinadora del PNUD Marcela Ríos explica que "la participación vinculante o la definición de una opción a través del voto son procesos de naturaleza distinta, habitualmente conocidos como democracia directa; pueden ser referéndums, consultas, iniciativa popular de ley, plebiscitos. Lo que se está discutiendo en Chile son mecanismos consultivos de participación complementarios a la institucionalidad de representación", precisa.

Tanto para llevar adelante las consultas como para permitir "la interacción entre parlamentarios y ciudadanos", la propuesta del Grupo Bicameral propone también actualizar el "senador virtual", generando una plataforma digital común para ambas cámaras, denominada "Congreso Virtual".

Y con el fin de cumplir con los objetivos trazados, la modificación reglamentaria considera también la conformación de una unidad administrativa especializada en la Cámara y el Senado, encargada de realizar estudios e investigaciones, responder solicitudes de información y dar cuenta a las comisiones o corporaciones sobre las consultas solicitadas, entre otras funciones.

"De esta forma -concluye Núñez-, los ciudadanos no solamente pueden votar periódicamente por sus representantes, sino que entregar su opinión sobre las iniciativas legales que nosotros debatimos y estudiamos en el Congreso, lo que contribuye al fortalecimiento de la convivencia democrática y no sustituye los mecanismos formales de la democracia representativa".