La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la idea de personeros del Partido Comunista (PC) de llevar al Tribunal Constitucional (TC) la revocación de pensiones de gracia e incluso elevar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto después de que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados despachara a sala el proyecto que contempla las modificaciones a la ley Nº18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República, provocando una evidente molestia en el PC.
En ese contexto, este lunes, la diputada comunista María Candelaria Acevedo oficializó la idea de que si avanza la revocación de las pensiones de gracia otorgadas por el Ejecutivo, llevar el tema al TC. Incluso, si es que no se llegara a prosperar en dicha instancia, la situación podría elevarse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sumado a eso, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, este miércoles marcó que “como partido, nosotros tenemos una mirada crítica de cómo el gobierno ha enfrentado algunos debates”, apuntando a las diferencias que han tenido al respecto de las pensiones de gracia. Además, comentó que no hay problema en que revisen a los beneficiados, pero agregó que “no se va a aceptar que acá se pretenda homologar el debate de que pensiones de gracia es igual a delincuentes”.
Bajo ese marco, la titular del Interior sostuvo en Radio Pauta que “por cierto que hay actores que tienen una opinión crítica de esta revisión, que creen que no debió hacerse, tienen herramientas para reclamar en los distintos organismos. Nosotros como Ejecutivo hicimos, antes de tomar este camino, una revisión bien profunda”.
“Siempre en el Ejecutivo hemos sabido que se pueden retrotraer estas pensiones administrativamente. Pero antes de proponer ese camino, hicimos un examen muy profundo, porque claramente, así como se pueden retrotraer, eso se puede judicializar. Si alguien puede ir a un tribunal, o puede ir al Tribunal Constitucional, o puede ir a cualquier parte a reclamar”, agregó la ministra.
En ese sentido, marcó que “llegamos a la conclusión de que tenemos una posición sólida para sostener esta decisión administrativa, y por eso nos fuimos por ese camino. Por cierto que nos complica, pero es parte del derecho que tiene un parlamentario si tiene objeciones, y la vida es así, pues en democracia hay órganos, cada uno tiene su competencia, cada uno tiene su ámbito de acción, y así funciona la democracia, no es un ejército”.
Consultada por los dichos de Figueroa de que “no se va a aceptar que acá se pretenda homologar el debate de pensiones de gracia es igual a delincuentes”, Tohá respondió que “por supuesto que eso no puede pasar. El Ejecutivo tiene muy claro que hay cierto tipo de daños que corresponde compensar con una pensión de gracia independiente de los antecedentes penales”.
En ese sentido explicó que “cuando hay daño que es permanente y que tiene un impacto importante en la vida de las personas, nosotros no vamos a dejar sin efecto esas pensiones. Una persona que fue a una manifestación y perdió un ojo, aunque haya tenido antecedentes penales, nos parece justo y correcto que el Presidente le asigne una pensión de gracia. Pero hay otros casos en que hay antecedentes penales muy graves, las personas no tienen un daño tan grave y tan permanente (...) en ese caso, nuestra opinión como Ejecutivo y la del Presidente es que hay que hacer una revisión y en algunos casos va a corresponder retirar esa pensión”.