Una rápida y tempranera reunión-almuerzo, pasado el mediodía, sostendrán este lunes representantes del gobierno con bancadas oficialistas para preparar la previa de lo que será la jornada maratónica tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para votar el informe sobre la ley corta de isapres, que fue emanado de la comisión mixta.
El miércoles pasado, cerca de la medianoche, los representantes del oficialismo y la oposición, llegaron a una acuerdo, en base a una fórmula patrocinada por el gobierno, para darle viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga a las entidades previsionales a aplicar la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso.
Todo partirá con la sesión especial del Senado, que se realizará desde las 14 a las 16 horas. Luego seguirá con su tramitación en la Cámara Baja, que está citada a las 17 horas.
Particularmente es esta última rama del Congreso la que concentra la mayor tensión. En las propias bancadas de diputados oficialistas, hay dudas de apoyar el informe de la mixta, que surgió a partir de una propuesta del Ejecutivo.
Por su parte, en el Senado, si bien no existe completa satisfacción en lo acordado, al menos sí estarán los 26 votos requeridos para despachar la iniciativa. Hoy la derecha, que está apoyando la resolución a este conflicto, cuenta con 25 votos.
A ellos se sumará un puñado de senadores oficialistas (socialistas, PPD y del Frente Amplio), con lo que el piso para aprobar este informe está garantizado. Ayer, de hecho, senadores de corrientes opuestas como Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) y Sergio Gahona (UDI) se manifestaron a favor.
Sin embargo, en la Cámara Baja, hasta ayer en la tarde persistía el ruido para conseguir los 78 votos necesarios, ya que se trata de una norma de quórum calificado. No basta la mayoría de los presentes en sala.
Hasta ayer la principal resistencia a este informe estaba en la bancada PPD-Independiente, donde solo una de sus integrantes estaba con un claro voto a favor. Por su parte, las otras bancadas oficialistas, como el PC, el PS, el Frente Amplio, además de la DC, estaban divididas.
De todas formas, esta incertidumbre para el gobierno comenzó a despejarse ante el compromiso de diputados de izquierda de apoyar la propuesta para resolver la crisis de la isapres y dar viabilidad al cumplimiento del fallo de la Suprema.
Con gran parte de la derecha representada en la Cámara -UDI, RN, Evópoli y el Partido Republicano- a favor de la iniciativa, el gobierno ya tendría un piso de votos, lo que sumado a los apoyos divididos en el Frente Amplio, en el PC y en el PS, el Partido Liberal, además de una fracción de la DC, permitían el quórum necesario.
Ese piso, sin embargo, aún es frágil, porque depende de que la derecha tenga pocas ausencias y de que al menos la mitad del oficialismo, más la DC y otros grupos no alineados, apoyen la propuesta de la mixta.
Presión del gobierno
El viernes pasado, tras una reunión con ambas mesas del Congreso, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), expresó que el gobierno “tenía una postura clara y, por tanto, esperamos que el informe despachado por la comisión mixta sea aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional”.
“Más aún tratándose de una votación de quórum, porque todos sabemos las consecuencias que tendría que esta ley finalmente no fuera aprobada... Tendría consecuencias catastróficas para quienes hoy día están afiliados a las isapres y para todo el sistema de salud, con impacto también en el sistema público”, añadió el titular de la Segpres.
Un punto importante se anotó el gobierno, el sábado, con el apoyo institucional del PS a la propuesta. A través de un voto político de su comité central, reunido este fin semana, se estableció que “aquí hay una evidente contradicción que nos tensiona, pero que, hecho el análisis de fondo, resulta favorable a la gran mayoría de la población, no solo a los cotizantes privados, sino a los usuarios del sistema de salud en general. Si la ley no es aprobada no se daña, en definitiva, a las isapres, sino al sistema en su conjunto, pues hoy el sistema público no es capaz de atender toda la demanda y, por ende, los perjudicados son millones de chilenos”.
En el PS, si bien existían dudas, había al menos algunos apoyos para sacar adelante la iniciativa.
El jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Melo, sostuvo que “el informe de la comisión mixta no nos satisface del todo, hubiéramos esperado más, pero la derecha se dedicó a defender los intereses de las isapres. No obstante, debemos actuar con responsabilidad y evitar que el sistema de salud colapse”.
En el PS comentaban en privado que aún había diputados en reflexión, otros a favor y en contra. Por lo tanto, es posible que al menos seis de los trece integrantes de esa bancada apoyen la fórmula del Ejecutivo.
Por su parte, este domingo, en TVN, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) señaló que votará a favor, al igual que su compañera de bancada Gael Yeomans, que integró la mencionada comisión mixta. “No hay un salvataje... tampoco hay un perdonazo propiamente tal, y lo más importante es que garantiza la continuidad de las prestaciones... Yo sé que hay diputados (del Frente Amplio) que están reflexionando, pero no me cabe duda que la gran mayoría de los diputados del Frente Amplio va a votar a favor”.
En el Partido Comunista también había dudas y el partido se mantenía en reflexión. Sin embargo, en la tramitación de la anterior norma que adelantaba el reajuste de Índice de Costos de la Salud (ICSA), una suerte de IPC de la salud, que permitía a la isapres elevar transitoriamente los planes a la espera del cumplimiento de la Suprema, los comunistas dieron un respaldo unánime a la medida, a diferencia de otras bancadas oficialistas que se dividieron, en el ánimo de actuar con responsabilidad para evitar el colapso del sistema.
En esa misma lógica se manifestó la representante del comité PC-Acción Humanista-Independientes, Ana María Gazmuri (AH), quien integró la instancia mixta que evacuó esta fórmula de salida a la crisis. Si bien recalcó que “evidentemente no nos gusta para nada, esta ley es la única manera de asegurar la sostenibilidad del sistema, que no se produzca una quiebra sistemática, porque en ese escenario tampoco existe pago de la deuda, con la ley corta sí. No puedo votar en contra de los afiliados y por eso llamo a la responsabilidad política, porque no es un proyecto atractivo, pero es lo único que tenemos”.
Por su parte, la DC estaba dividida. En ese grupo, Ricardo Cifuentes y Héctor Barría plantearon dudas, mientras que Alberto Undurraga y Eric Aedo estaban abiertamente a favor.
Aedo dijo que la Falange actuará en “libertad de conciencia, yo en lo personal votaré a favor”, mientras que Barría recalcó que “lo de hoy nos pone en aprietos. Estamos en reflexión profunda”. En la DC se iban a reunir este domingo para hablar del tema.
En Demócratas también había dudas, según reconocían a La Tercera algunos de sus dirigentes.
Resistencia oficialista
Gran parte de las dudas estaban radicadas en el comité PPD e independientes.
Una postura contraria expresaron, por ejemplo, los diputados Camila Musante y Raúl Soto.
“Lamento que el gobierno haya cedido a las presiones y a la ofensiva de la oposición con esta ley corta que terminó siendo un salvataje a las isapres a costa de las personas. Eso es algo que va en contra de nuestros principios y por eso no lo voy a respaldar”, dijo Soto.
“Este es un proyecto tramposo que intenta evitar y pasar por encima de la justicia, y para eso mi voto no está disponible”, agregó Musante.
El diputado Jaime Araya (independiente PPD), quien es jefe de esa bancada, dijo que aún no toman una decisión colectiva y que en los personal tiene dudas. “Nos parece que las condiciones pactadas son muy favorables para el pago de la deuda en favor de las isapres y muy desfavorables para los cotizantes. Independiente del resultado, lo relevante es que haya un compromiso claro del gobierno para una reforma sustancial a las isapres. Vamos a seguir conversando. Hasta el momento (en la bancada) hay un voto que está seguro (a favor), Helia Molina”.
Derecha valora dichos de Aguilera
Con todo, parlamentarios de derecha sostenían que veían con buena expectativa las posibilidades de despachar el proyecto.
A eso se sumaban las palabras de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien en entrevista con La Tercera sostuvo que “el Presidente no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas”.
Dichos comentarios fueron valorados en la oposición.
El senador Sergio Gahona (UDI), subjefe bancada e integrante de la Comisión de Salud, expresó que “la entrevista de la ministra Aguilera refleja bien lo que ha sido su historia en esta tramitación; una ministra que tiene una visión distinta a muchos integrantes de la coalición gobernante. Estoy de acuerdo en que cada punto fue muy difícil de zanjar, y que ambos tuvimos que hacer esfuerzos para lograr acuerdos. Desconozco sus conversaciones con el Presidente Boric, pero sí quiero hacer un punto, y es que el programa de gobierno decía claramente terminar con las isapres. Que luego hayan cambiado de posición y recibido un baño de realidad, es otra cosa”.
El diputado integrante de la comisión mixta y de Salud, Andrés Celis (RN), recalcó que “me agradó el tono con que llevó el debate. Reconozco que me sorprendió además su liderazgo como Ejecutivo. Siempre estuvo muy tranquila y ponderada”.
La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada RN, expresó que “el acuerdo al que se logró llegar no deja a todos contentos, pero acá lo que importa es poder dar estabilidad al sistema privado y dar certeza a los afiliados que no tendrán que recurrir a un sistema público que ya está colapsado y no es capaz de recibir a casi 3 millones de personas”.
El informe de la comisión mixta propone un diseño para la aplicación de la tabla de factores y el plan de pago de las aseguradoras privadas. Salvo en el caso de personas mayores, las isapres pagarían lo adeudado en un plazo de 13 años. En el caso de mayores de 64 años, el plan sería de 60 meses y para los mayores de 80 años sería 24 meses.
Además, entre otros puntos, se plantea crear un Consejo Consultivo transitorio, que tendrá como función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las isapres.