Diversas reacciones en el mundo político ha dejado la determinación del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó prisión preventiva en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
El jefe comunal -que cumplirá dicha medida cautelar en el anexo carcelario Capitán Yáber- es imputado por delitos reiterados de fraude al fisco, además de cohecho, estafa y administración desleal en el marco de una investigación por las operaciones de la Achifarp, que habrían sido cometidos en el contexto de la pandemia por Covid-19.
Así las cosas, el PC lamentó la medida contra el jefe comunal y acusó que hay una “persecución política”, mientras que la oposición salió a valorar que “la justicia tarda, pero llega”.
En tanto, desde el oficialismo -en general- se deslizan dos visiones. Y es que el senador Fidel Espinoza (PS) señaló que “yo no soy quien para cuestionar la labor de la justicia. Siempre he sido claro y categórico en señalar que las instituciones tienen que funcionar, pero lo que está claro es que aquí no se está midiendo con la misma vara a todas las personas que están involucradas en eventuales hechos de corrupción”.
“Ya lo vimos hace un par de días con el alto mando del Ejército Fuente Alba, que en una de sus aristas aparece prácticamente como una blanca paloma sabiéndose que en el Ejército se perdieron más de 3.000 millones de gastos reservados, dinero de todos los chilenos”, dijo el senador haciendo alusión al caso de ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, quien fue absuelto por lavado de activos.
De igual manera, el legislador socialista recordó el caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien tras ser formalizada en enero por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, quedó con arresto domiciliario total. “Cathy Barriga prácticamente se ha burlado de la justicia chilena desde su hogar con un arresto domiciliario total”, acusó Espinoza.
El diputado Jaime Naranjo (PS) posteó en X que “lo que ha ocurrido con Jadue demuestra que en nuestro país existe justicia de clase e ideológica. Mientras algunos alcaldes de derecha ni siquiera han sido formalizados y otros gozan del descanso en su hogar. Parece que las instituciones no están funcionando”.
En una línea similar, el partido Acción Humanista (AH) lamentó la medida. “Nos parece una medida cautelar desproporcionada y que no corresponde con alguien que ha estado colaborando desde el primer momento con la justicia para esclarecer cada una de las acusaciones”, dice un comunicado compartido por las redes sociales de la colectividad.
El partido, además, añadió: “Observamos con mucha preocupación que hay un trato muy distinto a otros que son de público conocimiento y en que los involucrados pertenecen a otros sectores políticos”.
La postura de Soto
Con una visión diferente, el diputado Raúl Soto (PPD), señaló que “no hay que bajarle el perfil, no hay que atacar la institucionalidad porque eso termina debilitando la democracia y tenemos que ser consecuentes”.
El diputado argumentó su postura señalando que “así como criticamos a la derecha cuando sus alcaldes están paseando también por los tribunales por casos de corrupción, especialmente la UDI, tenemos que medir con la misma vara a los dirigentes políticos de nuestro sector, de la izquierda, del progresismo. Por lo tanto, a todos se les debe medir con la misma vara”.
No solo eso, Soto acusó que “es lamentable e inadecuada la defensa que ha hecho el Partido Comunista”. En ese sentido, señaló que “el alcalde tiene el derecho a defenderse, pero lo hará en el procedimiento judicial con las pruebas que aporten sus abogados y no con una defensa política partidaria”.