Ley de Usurpaciones: Vallejo califica el “autotutelaje” como una “aberración jurídica” y asegura que puede “llevar a un escenario de mayor violencia”

En la vocería de este lunes desde La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó el proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, conocida como Ley de Usurpaciones, iniciativa que se discute esta tarde -en una sesión ordinaria entre las 17 y las 19 horas- en la Cámara de Diputados.

En concreto, el texto -una moción del Senado, cuyos autores son Felipe Kast y las exparlamentarias Marcela Sabat y Ena Von Baer- busca modificar las sanciones del delito de usurpación de propiedades, para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio todas las ocupaciones ilegales, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.

Y, además, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

La iniciativa contó inicialmente con el visto bueno de La Moneda, pero las modificaciones que sufrió en el trámite legislativo, especialmente en la Comisión de Seguridad de la Cámara, cambiaron la disposición del oficialismo.

Principalmente, porque la oposición incorporó una disposición de “legítima defensa privilegiada”, que permitiría a civiles poder recuperar “por mano propia” -describen en el Ejecutivo- terrenos ocupados.

Esta figura, además del principio de “flagrancia permanente” (es decir, mientras el predio esté tomado se sigue cometiendo el delito y la policía o los propietarios civiles pueden intervenir en cualquier momento) es criticada por el Ejecutivo.

Así lo planteó Vallejo: “Tenemos una sola posición sobre esto, desde el primer momento dijimos que sí debe haber una ley de usurpaciones, pero no un autotutelaje, en eso también tenemos que ser capaces de diferenciar”.

“El autotutelaje es algo que se incorporó al trámite legislativo, que es una aberración jurídica, nos va a llevar a un escenario de mayor violencia, porque es básicamente que cada uno tome la justicia por sus manos y eso en una sociedad democrática que tiene separación de poderes, un ordenamiento jurídico, es la antesala a que el día de mañana podamos exigir esos mismos estándares, esas mismas normas, en otros procedimientos, y vamos a crear básicamente la ley de la selva”, recalcó.

“Con eso no estamos de acuerdo, esa es la posición del Ejecutivo, y lo hemos señalado en la comisión, a través de los medios de comunicación, frente a la Sala del Congreso Nacional, mantenemos esa posición independiente de la estrategia legislativa que el gobierno va a adoptar para enfrentar aquello”, agregó.

El gobierno, incluso, ha advertido que podría recurrir al Tribunal Constitucional o a un veto del Presidente Gabriel Boric para impugnar la norma.