Veto a ley de usurpaciones: bancada RN envía carta a Boric rechazando medida y diputado Celis anuncia interpelación a ministra Tohá

Tras el anuncio de la fórmula que seguirá el gobierno para vetar la Ley de Usurpaciones y así corregir aspectos que no dejaron conforme al Ejecutivo, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric criticando la medida, al tiempo que el diputado Andrés Celis -también RN- anunció su intención de promover una interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

La noche de este viernes, la titular de Interior, Carolina Tohá anunció que el veto a la ley que endurece las sanciones y tipifica como delito las usurpaciones, se realizará a través de “10 observaciones de fondo” y cuatro temas “formales o de adecuaciones”. La medida, en esencia, busca eliminar la figura la “legítima defensa privilegiada” y contempla una modificación de la escala de sanciones según la gravedad de las usurpaciones, aunque mantiene en todas las situaciones la posibilidad de una pena de cárcel.

A raíz de aquello, la bancada de RN, presentó una carta dirigida al mandatario -en donde critica la determinación del gobierno-, la cual está firmada por el jefe y la subjefa del grupo de legisladores, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, respectivamente. A ella, se sumaron los representantes de la región de La Araucanía (Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán, Jorge Rathgeb y Miguel Mellado) y el presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton.

En la misiva, los diputados aseguran que la determinación del gobierno “socava” la agenda de seguridad y “contraviene la voluntad de una mayoría de los chilenos” y añaden que “resulta desconcertante la forma en que se gestó este veto y las presiones formuladas desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, presiones a las cuales sucumbió S.E. y que persisten en socavar la agenda de seguridad y contravenir la voluntad de una mayoría de los chilenos que se vio claramente reflejada en el trámite legislativo del proyecto”.

Asimismo, le recuerdan al jefe de Estado que el veto “deja sin efecto la palabra empeñada por la ministra del Interior y Seguridad Pública (Carolina Tohá) en representación de su excelencia el día que, para salir del paso de las críticas frente al clamor de la ciudadanía por mayores medidas de seguridad, requirió el acuerdo del Congreso Nacional y suscribió un listado de proyectos priorizados que luego fuere conocido popularmente como Fast Track legislativo”.

“Concurrimos tanto parlamentarios como asesores de esta bancada de manera leal y sincera a su invitación, intentando buscar puntos de acuerdo que permitieran sacar adelante una iniciativa que fuera en beneficio de millones de chilenos que esperan una respuesta por parte del Parlamento”, agregan los parlamentarios.

En su escrito, también critican que el Ejecutivo no acogió “los requerimientos formulados por la oposición”, y que finalmente se rindió “a las presiones de sectores minoritarios y que tradicionalmente han obstaculizado toda medida destinada hacia el frente de la delincuencia”.

En la misiva también destacan que el Ejecutivo sucumbió ante el Partido Comunista y el Frente Amplio, los cuales -aseguran desde RN- “parecen tener el control de la agenda gubernamental en desmedro de una gran mayoría de los chilenos que demanda de esta administración algo más que acciones destinadas a administrar los conflictos políticos internos del oficialismo”.

Los parlamentarios le expresan a Gabriel Boric que esta situación les parece “preocupante” porque prefiere “pacificar su coalición que dar férrea respuesta a la delincuencia y sintonizar con la gran mayoría de los chilenos que esperaba con ansias la publicación de una ley en los términos que se despachó”.

“Hemos sido espectadores de una puesta en escena en la que por un lado el Presidente de la República y el oficialismo llamaban a acuerdos, y en privado se recriminaban a puertas cerradas en La Moneda por ceder frente a lo que parecen no entender, fue lo que había decidido democráticamente el Congreso en el marco del trámite legislativo”, sostuvieron.

En la misiva al jefe de Estado hacen notar que con la acción presidencial “más allá de la molestia y de la ruptura de las confianzas, parece complejo visualizar cómo en el futuro el gobierno y la alianza oficialista buscarán dejar sin efecto la voluntad del Congreso Nacional mediante el ejercicio del veto, cuestión que de persistir y de hacerse costumbre terminará fracturando nuestro régimen democrático”.

Por esto, exigen “respetar la voluntad de la mayoría democráticamente manifestada en el Congreso Nacional y repudiamos el ejercicio abusivo y torcido que se ha hecho de herramientas institucionales”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) calificó el veto enviado por el gobierno como “una burla a todas las personas y al esfuerzo de años por tener su propiedad. Aquí hay que ponerle un freno a la mafia de las tomas y no avalarlas como hace este gobierno”.

En este sentido, indicó que impulsará una interpelación contra la ministra Tohá para que entregue explicaciones al Congreso por la decisión. “Aquí la ministra del interior, Carolina Tohá, tiene que dar explicaciones. Sus argumentos son una vergüenza. Aquí no basta con una cartita al Presidente y una pataleta, sino que a la ministra del interior hay que interpelarla y es lo que yo personalmente voy a impulsar”, añadió Celis.

Al mismo tiempo, agregó que “aquí no hay que ser tibios en defender el derecho a la propiedad de las personas y a su seguridad. Aquí debemos tener claro que está en juego el derecho de las personas a vivir en tranquilidad y el gobierno está jugando de una manera cobarde en contra, y por eso es que la ministra Tohá debe dar explicaciones a todos los chilenos y nosotros como oposición tenemos que defender férreamente a las personas, no basta con tecnicismos jurídicos”.

En tanto, el diputado republicano Stephan Schubert indicó que “el gobierno del Presidente Boric está dando una pésima señal con el veto a la Ley de Usurpaciones. Lo que está haciendo acá, al rebajar las penas y al quitarle dientes a una ley que es indispensable para la tranquilidad del país y en particular de la zona sur de Chile, es favorecer a los grupos violentistas. Crea lo que significaría una usurpación pacífica. ¿Cuándo una usurpación es pacífica? Aquí lo que ha quedado manifiesto es que el gobierno decidió, tomó una decisión. Ellos están no por defender la propiedad, no por las víctimas, sino que por los victimarios”

A su vez, su par del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina destacó: “Que el gobierno no haya vetado la ley completa ya es un avance, lo que hoy día nos permite seguir discutiendo y no volver a fojas cero”.

Medina agregó “por lo tanto, vamos a analizar, vamos a revisar las indicaciones puestas por el Ejecutivo, sé que la preocupación es la autotutela y que en esto también va a haber un cambio, pero debemos confiar en que todo debe quedar en manos de nuestras policías, que eso es lo que corresponde, el conducto son las personas preparadas para atacar este tipo de delitos y, que además, se va a mantener flagrancia en todo el período que se mantenga la ocupación ilegítima, por lo tanto, ya esos son puntos tremendos para poder avanzar en lo que hoy tenemos”.

Finalmente, el diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada Evópoli, afirmó que el Ejecutivo “vetó una ley que permitiría recuperar propiedades tomadas, desincentivar las usurpaciones y proteger a los propietarios. El gobierno del Presidente Boric y la ministra Tohá son responsables de quitarles herramientas a los propietarios, y quitarles la oportunidad de justicia a quienes se les han quitado sus propiedades”.

En tanto, la diputada independiente Gloria Naveillan, afirmó que “lo que ha hecho el gobierno de Chile con el veto, es demostrar que les importa más el Partido Comunista que las víctimas de usurpación. La Región de La Araucanía y todo Chile en manos de la cobardía y la ideología cómplice”.