Una fuerte disputa por el control de Marina del Sol (MDS), operadora de los casinos de juegos, enfrenta a sus socios: la familia Imschenetzky (Valmar) y el fondo canadiense Clairvest. El quiebre se produjo a fines del año pasado a raíz del despido del CEO y los gerentes de Finanzas y Recursos Humanos. Hoy ambos bloques mantienen demandas arbitrales en curso ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), y las diferencias parecen acentuarse.

Así al menos lo reflejan dos actas de directorio que fueron adjuntadas en una de las causas laborales de exejecutivos que demandaron a la compañía.

El pasado 26 de abril, el directorio de Inversiones Marina del Sol (IMDS) -matriz de la firma de los casinos- se reunió en forma telemática. El encuentro desarrollado con directores conectados desde Toronto (Canadá), Santiago y Concepción quedó marcado por los reparos que manifestó el bloque de Valmar a sus socios norteamericanos.

Al comenzar, el presidente Nicolás Imschenetzky recordó que aún estaban pendientes de firma las actas de febrero por parte de los directores de Clairvest: Sebastien Dhonte, Michael Wagman y el abogado Michael Grasty. Los representantes del bloque de Valmar son Ricardo Torres, Mario Rojas y el propio Imschenetzky.

“Intervino el director Dhonte preguntando si las actas pendientes eran las recibidas el día anterior, correspondientes al 10 de abril y otra sesión realizada en marzo, a lo que el presidente respondió que las que urgen son las correspondientes a las sesiones ordinarias de febrero que aún se encuentran pendientes de firma”, consignó el acta del directorio a la que tuvo acceso Pulso.

Al terminar la sesión, “tomó la palabra el presidente para manifestar su preocupación respecto a que, de acuerdo a lo informado por el director Rojas, el grupo Clairvest habría señalado que no asistiría a la junta de accionistas fijada con la misma fecha que la presente sesión, pese a que fue solicitado por los directores Dhonte y Grasty en la sesión del 28 de marzo, estando presente el señor Hugo Prieto”.

Imschenetzky en la sesión dejó “constancia de que le parece delicado que no se consiga el quórum, lo que además le parece una conducta al menos reprochable y contraria a la buena fe. Finalizó indicando que habrá que decidir si se cita a junta extraordinaria de accionistas para que los accionistas se pronuncien sobre las materias que deberían tratarse en la junta ordinaria de accionistas que aparentemente no se llevaría a cabo por falta de quórum”.

Luego Rojas advirtió que “no dar el quórum para una junta de accionistas constituiría una infracción a una cláusula del pacto de accionistas y que en la última sesión se encontraba presente Hugo Prieto como observador y luego se le enviaron los correos correspondientes, por lo que hay una falta seria al respecto, de la que deja constancia para los fines que correspondan”.

El acta sale a la luz pública luego que el abogado de Cariola, Phillipe Brunel, adjuntara el escrito al 1° Juzgado Laboral de Santiago en el marco del juicio por la demanda laboral que interpuso el exgerente de Finanzas Patricio Lagos. El ejecutivo, junto al ex CEO y al exgerente de Recursos Humanos de la compañía Juan Francisco Muñoz y Felipe Rivera, respectivamente, son asesorados por el abogado Gustavo Lorca.

Al expediente de la causa, el abogado Brunel ingresó una segunda acta del directorio de Inversiones Marina del Sol. Según el documento del 21 de noviembre de 2022, en aquella reunión de directorioestuvo presente el ex CEO de la compañía.

En la junta, que también se realizó vía telemática, Muñoz sostuvo que “a contar del mes de octubre se implementó la revisión de información respecto de nuestros colaboradores acerca de las causas criminales en que puedan encontrarse involucrados en condición de imputados o condenados”. Explicó que hasta antes de octubre, la revisión de antecedentes criminales respecto de los colaboradores se realizaba en el marco del proceso de su contratación a través del respectivo Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Civil, pero que dicho documento tiene la debilidad de que, por una parte, sólo muestra las condenas efectivamente impuestas, no así los juicios criminales en actual tramitación y, por otra, la ley permite bajo ciertas condiciones que los antecedentes criminales sean eliminados de dicho documento.

Agregó que “producto de la revisión realizada respecto de la totalidad de los colaboradores, se detectaron 243 de ellos (un 18% de la dotación total de la compañía), que en su conjunto registran un total de 523 causas criminales de distinta naturaleza y nivel de gravedad”.

Frente a dichos antecedentes, Sebastien Dhonte solicitó al CEO que les hiciera llegar las estadísticas en forma detallada en términos de números y gravedad, sin necesidad de nombres de los involucrados. A su vez, Torres sostuvo que “se debe ser muy cuidadoso en cuanto a la forma en que se conserva dicha información de manera de cautelar su reserva”.

Si bien Marina del Sol declinó referirse al contenido de este artículo, cercanos a su operación señalan que la investigación que realizó Muñoz a la dotación de la compañía y su exposición en el directorio fue uno de los puntos que provocó malestar en la mesa, y se sumaron a los antecedentes que derivaron posteriormente en su despido. Además, las mismas fuentes consultadas explicaron que en el peritaje realizado por el CEO se incluyeron distintas infracciones de ley de sus trabajadores, que van desde accidentes de tránsito a acciones por deudas con el retail.