Biden firmará orden que apunta contra monopolios tecnológicos y alienta competencia en diversos sectores de la economía

El presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva amplia diseñada para promover la competencia en las industrias estadounidenses y en el mercado laboral, pidiendo a los reguladores que tomen medidas para reducir los precios de los medicamentos, endurecer el cumplimiento de las fusiones en tecnología y banca y dar a los trabajadores más poder para cambiar de trabajo y negociar salarios más altos.

La acción del presidente provocará que el gobierno federal establezca nuevas regulaciones en todo, desde el servicio de Internet hasta las tarifas de equipaje de las aerolíneas, según una hoja informativa. Firmará la orden más tarde el viernes después de hacer comentarios sobre la economía estadounidense.

La directiva de Biden busca abordar el fuerte aumento en la consolidación de industrias durante las últimas dos décadas, lo que ha generado preocupaciones de que las empresas más grandes estén ahogando la competencia y la innovación. En ninguna parte esa preocupación es más inmediata que en el sector de la tecnología, donde un puñado de empresas se encuentran entre las más valiosas del mundo.

La Casa Blanca culpó a la competencia en declive en la economía de aumentar los precios de necesidades como los medicamentos recetados, bajar los salarios y arrastrar el crecimiento y la innovación.

“Ahora se estima que los precios más altos y los salarios más bajos causados por la falta de competencia le cuestan al hogar estadounidense un promedio US$ 5.000 por año”, dijo la administración.

La orden incluye 72 iniciativas de más de una docena de agencias federales. A continuación, se muestran detalles sobre algunas de las iniciativas descritas:

Se solicita a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que restablezca las reglas de neutralidad de la red que prohibían a los proveedores de servicios de Internet bloquear o ralentizar cierto contenido o acelerar la entrega por un precio. Esas reglas se implementaron bajo el gobierno de Barack Obama, pero se revertieron bajo el de Donald Trump.

La orden también pide a la FCC que evite que los proveedores de Internet negocien acuerdos exclusivos con los propietarios que dejan a los inquilinos con una sola opción de Internet y que limite las altas tarifas de terminación que cobran las compañías de cable cuando los consumidores cambian de proveedor.

Se le pide a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que establezca reglas sobre la recopilación de datos por parte de las empresas de tecnología y regulaciones que prohíban los “métodos de competencia desleal” de las plataformas tecnológicas más grandes, para proteger a las empresas que dependen de las empresas para llegar a los clientes.

La orden, que culpa a la consolidación en la banca por aumentar los costos para los consumidores y restringir el crédito a las pequeñas empresas, pide al Departamento de Justicia y a los reguladores bancarios que actualicen las pautas sobre fusiones bancarias para endurecer el escrutinio de los acuerdos.

Se solicita a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que emita reglas para facilitar a los consumidores el cambio de banco permitiéndoles descargar sus datos bancarios y llevárselos.

La orden apunta a cuatro áreas donde dice que la falta de competencia aumenta los precios y reduce el acceso a una atención de calidad, comenzando con los precios de los medicamentos recetados.

Alienta a la FTC a prohibir los llamados acuerdos de pago por demora, que ralentizan el flujo de genéricos más baratos al mercado, y ordena a la Administración de Alimentos y Medicamentos que trabaje con los estados para importar medicamentos recetados de menor costo desde Canadá. También instruye al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que emita un plan integral dentro de los 45 días para combatir los altos precios de los medicamentos y el aumento excesivo de precios.

La orden también pide al Servicios de Salud y Humanos (HHS) que emita reglas propuestas para permitir que los audífonos se vendan sin receta y señala que solo una fracción de los estadounidenses los usa debido a sus altos costos. En promedio, cuestan más de US$ 5.000 por par y no están cubiertos por el seguro médico.

La consolidación de hospitales ha aumentado los costos de atención médica y ha reducido el servicio para algunas comunidades, especialmente las áreas rurales, señala la orden. Ordena al Departamento de Justicia y la FTC que endurezcan sus pautas de fusión para los acuerdos hospitalarios. También indica al HHS que respalde las reglas de transparencia de los precios de los hospitales y termine de implementar la legislación para abordar la facturación inesperada del hospital.

Debido a que la consolidación en el cuidado de la salud ha dificultado que los consumidores encuentren y comparen opciones de seguro, según la Casa Blanca, la orden indica al HHS que estandarice las opciones de planes en el Mercado Nacional de Seguros de Salud para que las personas puedan comparar más fácilmente.

La orden exige nuevas reglas para beneficiar a los agricultores y ganaderos. Ordena al Departamento de Agricultura (USDA) que facilite que las granjas de vacas, cerdos y aves de corral demanden a los grandes procesadores si reciben un pago insuficiente o si reciben represalias.

También pide al USDA que considere la posibilidad de emitir nuevas reglas que definan cuándo la carne puede llevar etiquetas de “Producto de EE. UU.”, para restringir que las empresas etiqueten los alimentos producidos en el extranjero como hechos en el país, cuando simplemente se procesaron en allí.

La medida también ordena al Departamento de Agricultura ayudar a los agricultores a acceder a los mercados y recibir un retorno justo por sus productos, incluido el apoyo a sistemas alternativos de distribución de alimentos como los mercados de agricultores y el desarrollo de estándares y etiquetas para que los consumidores puedan elegir comprar productos que traten a los agricultores de manera justa.

Alienta a la FTC a evitar que los fabricantes de equipos limiten la capacidad de los consumidores para reparar productos en tiendas independientes o por su cuenta. La medida está destinada a beneficiar especialmente a los agricultores, que se enfrentan a costosos costos de reparación por parte de los fabricantes de tractores que utilizan herramientas y software patentados para evitar que terceros trabajen en el equipo.

El elemento de mercado laboral de la orden se centra en restringir los acuerdos de no competencia que se han vuelto comunes en ciertas industrias y limitan la movilidad de los trabajadores. La medida también solicita reglas antimonopolio actualizadas con respecto a las empresas que comparten información sobre salarios y beneficios para evitar competir por los trabajadores.

Pide a la FTC que elimine los requisitos de licencias ocupacionales que pueden crear barreras de entrada para nuevos solicitantes de empleo en ciertos campos. Biden también reiteró su apoyo a un proyecto de ley pro-laboral que fue aprobado en la Cámara y está estancado en el Senado, lo que facilitaría que los trabajadores se organicen en sindicatos.

Biden también apunta a la consolidación en la industria aérea, especialmente las tarifas adicionales por cosas como equipaje, servicios a bordo y cancelaciones, que “a menudo se aumentan al mismo tiempo, lo que demuestra una falta de presión competitiva significativa”, según la Casa Blanca. La EO dice que las 10 principales aerolíneas recaudaron US$ 35,2 mil millones en tarifas variadas en 2018, en comparación con solo US$ 1.200 millones en 2007.

La orden le indica al Departamento de Transporte que se asegure de que esas tarifas sean transparentes y, cuando no se brinde el servicio, se reembolsen.

Para los ferrocarriles, actualmente dominados por solo un puñado de compañías ferroviarias de carga, la medida requeriría que los propietarios de las vías cedan el derecho de paso a los ferrocarriles de pasajeros y traten a otras compañías de carga por igual. La medida también aborda las tarifas de envío, que los fabricantes nacionales están actualmente obligados a pagar a las empresas extranjeras.

La orden de Biden se hace eco de una orden de la administración de Obama en 2016 que decía que las agencias gubernamentales, más allá de los responsables de la aplicación de las leyes antimonopolio, tenían un papel que desempeñar para proteger a los consumidores, trabajadores y empresas de ser perjudicados por instancias de poder de mercado en la economía. Sin embargo, a diferencia de la orden de Biden, la de Obama no ordenó a las agencias individuales que tomaran acciones específicas y, en cambio, les exigió que elaboraran sus propios planes.

Esa orden se basó en un informe del Consejo de Asesores Económicos que describe la evidencia de que las industrias de la economía de los Estados Unidos sufren de una creciente consolidación y una disminución de la competencia.

Desde entonces, la atención al poder de las empresas dominantes solo ha aumentado a medida que los economistas y los responsables políticos expresan su preocupación de que la creciente concentración está afectando a grandes franjas de la economía y contribuyendo a problemas como la desigualdad de ingresos, los salarios estancados y el bajo crecimiento de la productividad.

Si bien la redacción e implementación de nuevas reglas y regulaciones puede llevar meses y será manejada en gran medida por departamentos y agencias individuales, la Casa Blanca ha dejado en claro que espera que la orden ejecutiva pueda conducir a cambios significativos que conlleven un gran impacto en varias industrias.

La medida avanza el impulso de la administración para intensificar la aplicación de las leyes antimonopolio en medio de críticas generalizadas de que los agentes del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio no han ido lo suficientemente lejos para controlar las fusiones y las conductas anticompetitivas.

El mes pasado, Biden nombró inesperadamente a la profesora de la Facultad de Derecho de Columbia, Lina Khan, para dirigir la FTC, poniendo a uno de los defensores más destacados de una agenda antimonopolio mucho más contundente a cargo de la agencia. , dejando a la unidad sin liderazgo político cinco meses después de la administración mientras avanza con un caso de monopolio contra Google de Alphabet y una demanda para bloquear la adquisición propuesta por Aon de Willis Towers Watson por US$ 30.000 millones.

El esfuerzo de la Casa Blanca se suma a un impulso generalizado para una aplicación más fuerte de las leyes antimonopolio en Washington, donde la mayoría bipartidista en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes presentó en junio seis proyectos de ley antimonopolio, principalmente dirigidos a las mayores empresas de tecnología. Las propuestas representan un esfuerzo por renovar las leyes antimonopolio y dar más autoridad a los encargados de hacer cumplir la competencia.