Bloomberg destacó que Chile planea ofrecer garantías estatales para parte de los créditos hipotecarios para motivar la construcción y paliar un déficit de viviendas impulsado por la llegada de cientos de miles de inmigrantes.

Este mes se enviará al Congreso un proyecto de ley que ofrecerá las garantías a cambio de que los bancos reduzcan las exigencias del pie hipotecario, o pago inicial, dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

“Si un banco baja el pie a, por ejemplo, un 10%, el Estado garantizaría la diferencia”, dijo Montes el viernes en una entrevista desde Washington. “Esto, para que los bancos no suban la tasa para cubrir por ese mayor riesgo”.

En los últimos años han surgido cientos de campamentos por todo Chile tras la masiva llegada de inmigrantes de Venezuela, Colombia, Haití y Perú. Una encuesta realizada el año pasado mostró que más de 81.000 familias vivían en dichas áreas, la mayor cifra en un cuarto de siglo, mientras que el Presidente Gabriel Boric ha reconocido un déficit habitacional total de 600.000 viviendas.

“Los US$4.000 millones que gastamos cada año [en viviendas sociales] simplemente no alcanzan”, señaló Montes. “Un migrante puede encontrar el arriendo de una simple pieza por 250.000 pesos [US$260], lo que es muy caro”.

El Gobierno aún está discutiendo si las garantías hipotecarias se restringirán a viviendas sociales o estarán disponibles más ampliamente “para activar la economía”, dijo Montes.

El mercado hipotecario necesita una inyección de energía tras el desplome este año. Los créditos para viviendas nuevas totalizaron 16 millones de UF (US$550 millones) en marzo, por debajo del promedio de 30 millones de UF mensuales en el tercer trimestre del año pasado, según el banco central. Las tasas han superado el 4% sobre la inflación por primera vez en unos ocho años.

Al mismo tiempo, los precios de las viviendas continúan aumentando, duplicando con creces los niveles de 2004 en términos reales, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción.

Montes habló desde Washington la semana pasada durante una conferencia con ministros regionales de vivienda. Entre los temas que se tocaron están formas para atraer más financiamiento del sector privado para el sector social. Puso el ejemplo de México, donde los préstamos para mejoras de viviendas sociales están totalmente garantizados por el Estado.

El Gobierno ha dicho que pretende construir alrededor de 260.000 nuevas viviendas durante los cuatro años de la actual administración, el doble de las construidas bajo gobiernos anteriores.

El borrador de la nueva Constitución que fue rechazada en el plebiscito el mes pasado incluía el derecho a la vivienda. “Creo que el derecho a la vivienda adecuada, ya sea por propiedad o acceso, debería incluirse en la nueva Constitución”, dijo Montes.