Comisión de Economía decide no esperar más al gobierno y reactiva proyecto para regular las casas de apuestas online

El 2 de agosto pasado, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, les solicitó a los diputados de la Comisión de Economía que pusieran en pausa el proyecto de ley que busca regular los juegos online. Esto porque esa instancia comenzó a analizar el proyecto que dejó ingresado el gobierno anterior.

La razón que argumentó, en ese entonces, la subsecretaria, era que el Ejecutivo realizaría indicaciones a la iniciativa y además explicitó que se quiere abordar en conjunto con el tercer eje de la reforma tributaria: los impuestos correctivos.

De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo en esa oportunidad, la idea si bien es tramitarlo dentro del paquete de impuestos correctivos, se haría ingresando indicaciones al actual proyecto, ya que hay varios aspectos que consideran positivos, pero se indicó que hay margen para perfeccionarlo.

Se enfatizó que se podría estudiar y presentar los ajustes necesarios para abordar los desafíos diagnosticados en conjunto con todas las instituciones incumbentes, además de incorporar otras propuestas que surjan en la materia como, por ejemplo, la regulación de publicidad.

El plazo que se había autoimpuesto el gobierno para ingresar el proyecto de impuestos correctivos era el último trimestre de este año, pero eso no ocurrió postergándolo para el primero de este 2023.

Dada esta demora, la Comisión de Economía decidió no seguir esperando y por ello puso en tabla para el próximo martes a las 17:30 horas. En esa sesión, se espera conocer la opinión sobre esta iniciativa legal del Fiscal Corporativo del Grupo de Casinos Dreams, Carlos Silva, y el Gerente de la Asociación de Casinos de Juegos Rodrigo Guiñez.

El presidente de la Comisión de Economía, Miguel Mellado (RN) explicó que la idea de poner en tabla esta iniciativa es porque en momentos en que “el país necesita recursos, no podemos seguir esperando a que el gobierno se decida a enviar su proyecto”. Para Mellado, la iniciativa es “de rápida tramitación, bien específico y claro”.

Mellado añade, además, que existe la duda si finalmente el gobierno ingresará el proyecto de impuestos correctos y en qué momento, por eso, dice que es mejor avanzar con esta propuesta.

La iniciativa permitirá a sociedades que obtengan una licencia general de una duración de 5 años, renovable, o una licencia temporal por 6 meses, no renovable, par la explotación de cualquier objeto de apuesta o juego de azar, a excepción de loterías y aquellos que contengan o transmitan gráficas, mensajes o sonidos que atenten contra el orden público, la seguridad nacional, la honra de las personas, o sean dirigidos a menores de edad.

Asimismo, las sociedades deberán ser constituidas en Chile e informar el origen de los fondos necesarios para explotar el negocio, detallar sus accionistas y beneficiarios finales, además de estar obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. Todo el que tenga una cuenta de usuario -que exigirá ser mayor de edad y RUT- podrá jugar. La fiscalización recaerá sobre la SCJ que ahora pasará a llamarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.

La propuesta establece un impuesto específico, sustitutivo del IVA, de un 20% de sus ingresos brutos; un pago por licencia de 1.000 UTM al año para los que tengan una licencia general y 100 UTM para los que tengan una licencia temporal. Y si las Plataformas de Apuestas en Línea (PAL) tienen por objeto desarrollar apuestas deportivas, deberán entregar un 2% de sus ingresos brutos anuales a la Federación Nacional del deporte objeto de la apuesta. Además, las sociedades operadoras deberán gastar al menos un 1% de sus ingresos brutos anuales en acciones destinadas a la promoción del desarrollo de juego responsable.

Los usuarios también se verán afectos a un tributo: tendrán que desembolsar un 15% de sus ingresos obtenidos en esta actividad, al momento de retirar dinero desde su cuenta de usuario a su cuenta personal. Con todos estos cambios se pretende recaudar unos US$ 55 millones anuales en régimen.