ComunidadMujer llama a reducir brechas de género en pensiones y promover iguales oportunidades en empleo en nuevo ciclo político

“La agenda política debe estructurarse sobre la base de la igualdad de género”, parte por señalar el documento en el que ComunidadMujer plantea sus propuestas en la materia frente al nuevo ciclo político 2022-2026, lo que incluye al presidente electo Gabriel Boric en el Ejecutivo, a un Congreso más equilibrado entre sus fuerzas al interior y a la Convención Constitucional.

“Pensamos que los compromisos del próximo gobierno deben priorizar dos grandes objetivos: reducir las brechas de género en el sistema de pensiones y promover la igualdad de oportunidades en el empleo”, se lee en el informe, mientras que Alejandra Sepúlveda, directora de la organización, enfatiza que se trata de “propuestas articuladas en torno a la autonomía de las mujeres”, que elaboraron con “bastante sentido de realidad”.

Desde su punto de vista, este ciclo político es particularmente oportuno para avanzar en estas materias, particularmente por lo ocurrido en segunda vuelta. “El domingo hubo una voz muy clara de las mujeres. Ya hay datos que dan cuenta de que el voto femenino fue muy incidente e importante en esta elección. Con esto ganan protagonismo las demanda estructurales de igualdad de género no resueltas”, indica.

Adicionalmente, Sepúlveda considera que “Boric y su futuro gobierno van a estar abiertos a considerar nuestras propuestas y, en general, a priorizar los temas vinculados a la igualdad de género en la economía”. Esto no solo por la relevancia de las mujeres en los pasados comicios, sino que también porque valora propuestas de su programa, como el Sistema Nacional de Cuidados y el incentivo al empleo femenino. “Hoy día es hora de ir enriqueciendo esas propuestas”, sostiene.

En la esfera previsional, ComunidadMujer llama a que se “lidere una reforma que integre mecanismos explícitos de solidaridad ante aquellos riesgos inherentes a las mujeres -como su mayor longevidad- y de compensación por aquellas inequidades acumuladas durante su historia laboral, que son consecuencia de la división sexual del trabajo”.

Al respecto, plantea dos objetivos específicos que van de la mano de una propuesta cada uno. La primera meta es “asumir colectivamente el riesgo de la mayor longevidad de las mujeres”, teniendo en cuenta que la penalización actual que reciben en las AFP, expresada en las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, hace que “incluso con el mismo número de años contribuidos, el mismo salario y la misma edad de jubilación que los hombres, obtienen un beneficio 15% menor”.

Para hacerse cargo de este problema, ComunidadMujer propone “implementar un seguro de longevidad universal con idéntica edad de tránsito a la cuarta edad para mujeres y hombres, mediante financiamiento tripartito”. Esto, según se lee en el documento, “constituye una opción viable no solo para aumentar la eficiencia del sistema, sino también para introducir elementos explícitos de solidaridad hacia las mujeres, que permitan cerrar las brechas de género en materia previsional”.

El segundo objetivo en materia previsional es “reconocer el trabajo de cuidados no remunerados”, dado que existe “una mayor carga de labores de cuidados no remuneradas para ellas, lo que obstaculiza su participación equitativa en el mercado de trabajo”.

Para abordar aquello se recomienda “reconocer cotizaciones previsionales por los períodos destinados al cuidado de niñas y niños y personas adultas o mayores con dependencia”. Al respecto, el documento plantea que “en diversos países desarrollados -Alemania, Canadá, Finlandia, Francia, Japón, Reino Unido y Suecia, por ejemplo- el uso de créditos jubilatorios por cuidados es una práctica extendida y adoptan diversos diseños”.

En tanto, en cuanto a la recuperación del empleo, se señala que “no solo se deben contrarrestar los retrocesos históricos que ha experimentado la participación laboral de las mujeres por la situación sociosanitaria, sino también dirigir esfuerzos para que su integración en la economía del futuro se dé con igualdad de oportunidades”.

Para esta área se consideran tres objetivos y cinco recomendaciones asociadas, partiendo por “incentivar la participación laboral de las mujeres”, para lo cual se propone “fortalecer el Bono al Trabajo de la Mujer”, tanto “en términos de cobertura, montos y periodicidad”.

Al respecto, se precisa que “el fortalecimiento de los instrumentos de política pública focalizados en la ocupación femenina se vuelve una pieza central para reactivar la actividad económica con igualdad de género”.

Luego se plantea la segunda meta de “fomentar el talento digital entre las mujeres”, mediante la promoción de “una política pública de formación permanente con perspectiva de género en el marco de la economía digital”.

El último objetivo es “fortalecer las redes de cuidados”, lo que resulta crucial, se afirma, considerando que “gran parte del trabajo de cuidados se realiza de manera no remunerada, respondiendo a una división sexual del trabajo que lo asigna a las mujeres y lo circunscribe al ámbito privado”.

Así, primero se propone “impulsar una Ley de Cuidados Universal”, al “reconocerlo como derecho universal y proveerle un marco normativo sostenible como política nacional”.

En segundo lugar se recomienda “garantizar el acceso universal a salas cuna de calidad”, lo cual generaría “un círculo virtuoso entre la formación de capital humano de alto nivel a través de la estimulación temprana y el desarrollo cognitivo de niños y niñas; la mayor participación laboral de las mujeres, permitiéndoles no solo incrementar sus ingresos, sino también la recaudación fiscal vía tributación y los aportes a la seguridad social; y la promoción de una organización social del cuidado más equitativa”.

Finalmente, se pide “extender la profesionalización del trabajo de cuidados para las personas mayores”, la cual “promueva tanto la formación como la certificación de las personas que realizan servicios de cuidados destinados a la población mayor”

Con todo esto, ComunidadMujer subraya que es necesario “avanzar hacia una organización social de los cuidados más equitativa, que los sitúe al centro del sistema de protección social, estableciéndolos como un derecho fundamental y garantizando un acceso universal y de calidad para la población dependiente”.